Patricia Mayorga
El Diario
Chihuahua.– El gobernador del estado, César Duarte Jáquez, promulgó las reformas a los códigos de procedimientos civiles y familiares este sábado, mientras que más de 15 organizaciones civiles los calificaron de anticonstitucionales porque viola leyes y tratados de derechos humanos.
Las organizaciones civiles han anunciado que acudirán a instancias judiciales nacionales internacionales para que las autoridades modifiquen los códigos en cuanto a la violación de derechos humanos, ya que no están en contra de la oralidad en ambas materias.
Las organizaciones son el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), El Barzón, Centro de Atención de la Mujer Trabajadora, Círculo de Estudios de Género, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), Consultoría Técnica Comunitaria, Justicia para Nuestras Hijas, Fátima, Grupo Feminista 8 de Marzo, Observa Ciudadana, Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas, Kakum Colectiva, Mujeres Barzonistas, Red por la Participación Ciudadana, entre otras.
Consideran que la aprobación y promulgación de la reforma a dichos códigos, es violatorio del artículo 1 de la Constitución Mexicana y a diversos tratados internacionales de derechos humanos.
Las reformas aprobadas por el Congreso del Estado, fueron publicadas ayer en el Periódicos Oficial del Estado de Chihuahua.
“En medio de una serie de críticas por el contenido de ambas normas y el proceso por el cual fueron aprobadas. Aunque se hubiese esperando algo distinto, ese actuar no podía ser de otra manera ya que es sabido que la presión de la aprobación por parte del Congreso provino de Palacio de Gobierno”, aseveran en un comunicado de prensa.
Las dos reformas fueron aprobadas el 26 de junio con 23 votos a favor y 7 en contra de tres legisladores panistas, dos perredistas, una petista y otro del Movimiento Ciudadano.
“Esa aprobación, realizada a toda prisa a puerta cerrada y sin previa lectura de las dos normas adjetivas a ser adoptadas, desobedeció a las expresiones de preocupación sobre distintas disposiciones que carecen de perspectiva y violan varios derechos humanos…las personas que deberían ser representantes populares también cerraron el Congreso y lo rodearon de la fuerza pública para impedir que ese mismo día, varias personas ingresaran a escuchar el debate previo a la aprobación”, explican.