Associated Press
2014-10-23Quito, Ecuador– El grupo de ecuatorianos afectados por la contaminación generada por Chevron en la amazonia de este país presentó una demanda ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya en la que acusa a la petrolera de delitos de lesa humanidad.
Pablo Fajardo, abogado de los afectados, en rueda de prensa en la capital ecuatoriana señaló que "hemos presentado una demanda porque existe un delito, una acción, decisiones bajo un esquema organizado sistemático, de la dirigencia de Chevron ... que causan sufrimiento, dolor y muerte constante y permanente a miles de víctimas de la amazonia ecuatoriana".
Señaló que "buscamos una sanción penal contra el gerente de Chevron... por delitos de lesa humanidad que no ha sido juzgado".
Añadió que es una acción que "no va a ser inmediata, va a demorar entre dos y cuatro años, cada día que pasa y no se repare el daño ambiental aumentará el sufrimiento de los afectados".
La AP pidió una reacción de Chevron, pero no obtuvo respuesta de inmediato.
La acción en Holanda estuvo presidida por el abogado ecuatoriano Julio Prieto, quien en el documento presentado acusó al gerente general de Chevron, John Watson, y otros 10 directivos de esa empresa de "ataque generalizado y sistemático contra la población civil de esta zona (amazonia norte de Ecuador) lo que es penado en el artículo 7 (sobre crímenes de lesa humanidad) del Estatuto de Roma".
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Besouda, puede acoger o rechazar la documentación presentada por los ecuatorianos.
En febrero de 2011, tras años de la batalla judicial, un juez ecuatoriano condenó a la empresa norteamericana al pago de 18 mil millones de dólares por los daños ambientales ocasionados durante su operación en la Amazonía entre 1972 y 1990. Más tarde una corte superior confirmó la sentencia, pero redujo el monto a 9 mil 500 millones de dólares.
La petrolera Chevron ha argumentado que un acuerdo de 1998 que Texaco firmó con el gobierno ecuatoriano de la época, tras una limpieza de la zona con un costo de 40 millones de dólares, le exime de cualquier responsabilidad y en una proceso adicional en Estados Unidos señalado que los abogados de los demandantes lograron la sentencia mediante un esquema de corrupción.