AFP
2014-11-21
Tegucigalpa— El destituido jefe de la policía hondureña, comisionado Ramón Sabillón, permanecía la noche del viernes acuartelado, al rechazar la separación de su cargo motivada por oponerse a la militarización policial, informaron a la AFP fuentes cercanas al oficial.
Decenas de policías custodiaban la entrada al Cuartel General de la Policía en Casamata, norte, de donde el comisionado se negaba a salir, y se aglomeraba un gran número de periodistas de medios locales e internacionales.
"Sabillón no ha sido sustituido porque el único que puede destituirlo es el presidente de la República y, en base al artículo 40 de la ley, tendría que haber un motivo y no lo hay", dijo a la AFP la comisionada retirada de policía María Luisa Borjas, luego de visitar al oficial en la oficina.
El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, anunció la noche del jueves en rueda de prensa que el presidente Juan Orlando Hernández "ha decidido darle una misión" en las Naciones Unidas a Sabillón y reemplazarlo por el comisionado Félix Villanueva.
Pero Villanueva no pudo asumir el cargo porque Sabillón rehusó entregar el mando de la institución que tiene unos 12 mil hombres y, según Borjas, recibió el apoyo de otros oficiales y agentes que se fueron a paros parciales en diferentes zonas del país este viernes.
Circularon versiones en fuentes policiales y en medios locales que Sabillón se rebela contra la constitucionalización de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y la participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en el combate de la criminalidad, por decisión del presidente Hernández.
El mandatario creó el año pasado, cuando era presidente del Congreso, la PMOP, integrada por 2 mil 500 efectivos con planes de subirla a 5 mil, con miembros de las Fuerzas Armadas entrenados por unos pocos meses.
Hernández promueve la ratificación de una reforma aprobada el año pasado que eleva a rango constitucional a la PMOP porque, de acuerdo a la ley, una reforma en la carta fundamental requiere ratificación en segunda legislatura anual con 86 (dos tercios) de los 128 votos del Congreso.
Los militares fueron ganando mayor espacio en el combate de la criminalidad desde el 2012, luego que se descubrió que cientos de efectivos estaban vinculados a bandas del crimen organizado, por lo que se inició un proceso de depuración.