M. Coronado/C. Ávila/J. Olivas
El Diario
Mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que Estados Unidos siempre avisa a las autoridades mexicanas cuando deporta a personas con antecedentes criminales, organismos consideraron que México habrá de priorizar esquemas de comunicación ante un eventual aumento en el flujo de migrantes por esta frontera.
El jueves de la semana pasada el presidente de Estados unidos, Barack Obama anunció que tomará una serie de medidas ejecutivas para permitir la estancia legal en ese país a unos 5 millones de inmigrantes que actualmente están ahí sin un estatus legal, pero también señaló que acelerará las deportaciones de criminales, y endurecerá la frontera.
El delegado del INM en el estado de Chihuahua, Wilfrido Campbell Saavedra, explicó que estos deportados sólo pueden ser detenidos por las policías mexicanas si tienen cuentas pendientes en este país. Los que no, quedarán libres.
Campbell Saavedra dijo que cuando Estados Unidos deporta a gente con antecedentes criminales, le avisa al Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado.
Afirmó que en caso de que tengan alguna cuenta pendiente con la justicia mexicana, los deportados por Estados Unidos son detenidos en el mismo puente.
“Si tiene alguna orden de aprehensión en México por algún delito cometido en México la PGR o la Fiscalía lo detienen”, dijo.
“Pero si en México no tiene ninguna cuenta pendiente, se puede ir, si tiene algo ahí en el puente lo están esperando gente de PGR o Fiscalía junto con nosotros y se lo llevan”, indicó.
El investigador del fenómeno migratorio por parte del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Jesús Javier Peña Muñoz, indicó que es necesario que se establezcan esquemas de comunicación ente el gobierno estadounidense y el mexicano, a fin de que desde antes de que empiece un posible flujo migratorio, las autoridades estén listas.
También señaló que el gobierno mexicano debe tomar sus previsiones para un aumento de población en las fronteras, ante una mayor vigilancia de Estados Unidos para impedir el acceso de indocumentados, y ante miles de migrantes siendo expulsados por los puertos internacionales.
Al respecto, el delegado de Migración indicó que aún no se define nada concreto en Estados Unidos, sobre las políticas ejecutivas que seguirán y que permitirán la estancia de 5 millones de migrantes indocumentados en el país, mientras se acelera la salida de aquellos con registros criminales.
“Hay manifestaciones y discursos pero nada oficial aún”, indicó Campbell Saavedra.
Arturo Valenzuela Zorrilla, fundador de la Mesa de Seguridad, un grupo ciudadano que ha evaluado la evolución de la inseguridad en Juárez y que ha participado con el gobierno en la búsqueda de estrategias, dijo que este fenómeno no necesariamente creará un problema de inseguridad, porque las policías están mejor preparadas que en el pasado.
Indicó que Estados Unidos siempre han enviado las cuotas de criminales por esta frontera. Advirtió que hay una gran diferencia entre la forma en la que Estados Unidos y México califican a una persona como criminal.
TEMEN aumento
del desempleo
Sergio Meza de Anda, representante de una agrupación civil, dijo que aquellos que sean deportados y se queden en esta frontera aumentarán la población flotante, e incluso, las filas de desempleo.
“No hemos sido capaces de atender las necesidades de nuestra propia población y con un alto índice de inmigrantes viviendo aquí, buscando trabajo o alguna ocupación el problema va ir creciendo”, aseguró.
Mencionó que otro de los efectos a vigilar es en la cuestión de derechos humanos, así como la manera en que se coordinaran autoridades de ambos lados de la frontera.
Sergio Meza dijo que los problemas de migración siempre han estado presentes en la ciudad, pero con los recientes cambios habrá que hacer modificaciones más de fondo.
Hernán Ortiz, vocero de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP) mencionó que para poder evaluar los posibles efectos de la deportación por esta ciudad es necesario precisar el historial de los inmigrantes.
Señaló que existen personas que cruzan de manera ilegal la frontera y tienen un historial delictivo, sin haber cometido un crimen de gravedad, como asesinato.
Por ello, insistió en que antes de adelantar efectos es necesario conocer qué tipo de personas serán deportadas.
Acciones preventivas
Las autoridades mexicanas deberán tener información de los migrantes repatriados con antecedentes delictivos para generar políticas públicas y atender la situación que se presente, señaló por su parte el regidor Alejandro José Seade Terrazas, coordinador de la cartera edilicia de seguridad en el Ayuntamiento de Juárez.
Seade Terrazas señaló que ese tema fue abordado con congresistas estadounidenses por parte de diputados federales de Chihuahua en una reunión donde se planteó el intercambio de información.
Explicó que la información que se obtenga será importante para generar acciones preventivas y generar ayuda.
“Se buscará intercambio de información sobre casos de delitos graves con fines preventivos”, dijo.
Señaló que no se le puede cerrar las puertas a quienes sean deportados porque ya cumplieron una condena en Estados Unidos y fueron readaptados.
Sin embargo, se requiere tener toda la información de las personas que se encuentren en esas circunstancias.
El regidor indicó que revisará que avances tuvieron los diputados federales para en caso de ser necesario también el Cabildo intervenga.
“Tendríamos que analizar que hicieron los diputados federales, para buscar la manera de impulsarlo”, indicó.
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