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Agencia Reforma
Distrito Federal— El presidente Enrique Peña Nieto presentó cuatro controversias constitucionales ante la Corte al considerar que diversas entidades tuvieron fallas y omisiones diversas al implementar la reforma educativa en sus legislaciones.
Una es por la omisión de Oaxaca para armonizar la reforma educativa y otras tres porque los Congresos de Chiapas, Michoacán y Sonora invadieron la legislación federal.
En conferencia de prensa, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, quien estuvo acompañado por el consejero jurídico Humberto Castillejos, afirmó que en Chiapas, Michoacán y Sonora se promovió la controversia porque las legislaciones locales invaden atribuciones o violan contenidos de la reforma educativa.
En su oportunidad, Castillejos dijo que en Oaxaca se puso la controversia contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y lo que se busca es que se obligue al Congreso de ese estado a emitir la legislación respectiva.
Detalló que en Chiapas se impugnaron ocho artículos de la legislación local, en Michoacán cuatro y en Sonora, 27.
El 8 de abril, Reforma publicó que los Congresos estatales interpretaron a su gusto la reforma educativa, pues al armonizar la ley de educación, los legisladores locales incluyeron artículos que violan la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Salvo las legislaciones aprobadas en Tlaxcala, Baja California, Coahuila, Guanajuato y Michoacán, en el resto, los Congresos locales excedieron e incluso incorporaron temas que van más allá de la armonización legal.
En Nuevo León, Sonora, Querétaro y Yucatán crearon comités de transparencia, con representación sindical, para vigilar los procesos de evaluación, recibir inconformidades de los evaluados y turnarlas a las autoridades competentes.
La ley establece que la readscripción de maestros que reprueben la tercera evaluación es una facultad de la autoridad educativa, sin embargo, en Chiapas y Querétaro se condicionó a que esa reubicación sea en su misma zona escolar.
Incluso en Yucatán y Sonora se estableció una evaluación estatal, pese a que esa revisión es exclusiva del INEE.
En esta última entidad, los maestros con licencia sindical podrán seguir cobrando su salario.
El artículo 78 de la Ley del Servicio Profesional Docente no hace excepciones para las comisiones sindicales y establece que todas son sin goce de sueldo.
Pero en el Congreso local de Sonora se aprobó una ley educativa que establece que esos permisos serán sin goce de sueldo, salvo en los casos previstos en la fracción VI del artículo 38 de la Ley del Servicio Civil.
En tanto, las bancadas del PAN y del PRI en el Senado respaldaron la decisión del presidente.
El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que el Ejecutivo federal cumplió con su deber político, ético y jurídico, porque la ley suprema de la Unión es la Constitución y sus leyes generales, por encima de las normativas estatales.
El senador del Partido Acción Nacional (PAN) expuso que las leyes educativas de los estados referidos contravienen la Constitución, por lo que el presidente Peña Nieto hizo lo necesario y lo correcto.
“El presidente está actuando con ética y con legalidad y la Corte es la que determinará lo que proceda, en una revisión preliminar da la impresión de que estas legislaciones excedieron y contravienen lo que la reforma general establece”.
“De primera impresión da la opinión inicial de que no están en la letra y en el espíritu de la reforma aprobada por el Constituyente Permanente y por el Congreso de la Unión”, indicó Romero Hicks.
A su vez, el coordinador de Acción Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Luis Preciado Rodríguez, calificó de acertadas esas controversias y criticó a los gobernadores de esas entidades, por desacatar la ley suprema.
“Entonces, creo que es acertada la controversia que plantea el Ejecutivo y yo espero que la Suprema Corte lo resuelva y lo resuelva rápido y obligue a los congresos estatales a que armonicen las leyes locales con la Constitución. (Staff/Agencia Reforma)