El Universal
2014-04-18
Distrito Federal— El Sistema de Administración Tributaria (SAT) tiene bajo la lupa siete aduanas, donde ha identificado debilidades en su infraestructura que están afectando las labores de control en la entrada y salida de mercancías del país.
La situación que ha detectado el SAT en las aduanas de Tecate y Puente Fronterizo Mexicali II, en Baja California; Ciudad Acuña, en Coahuila; Puerto Palomas y Ojinaga, en Chihuahua; Sección Aduanera en Celaya, Guanajuato, y Subteniente López, en Quintana Roo, está siendo “aprovechada por quienes se dedican al tráfico ilegal de mercancías y productos restringidos o prohibidos”.
En el documento Desarrollo de Proyectos Ejecutivos de Aduanas 2014, difundido entre industriales de la construcción, el SAT admite que no cuenta con estudios de preinversión para el reordenamiento de estas siete instalaciones, por lo que planea licitar entre empresas especializadas estos trabajos en las próximas semanas, los cuales tendrán un costo de 40.8 millones de pesos.
El texto contiene detalles de los movimientos comerciales anuales que se realizan en estos recintos por razones de seguridad.
La Administración General de Aduanas, encargada de elaborar el documento, enumera una serie de problemas en los recintos, tales como: falta de infraestructura para control y seguridad de las instalaciones; equipos de revisión insuficientes; improvisación de rutas fuera de los recintos fiscales, con el riesgo que esto implica; canalización de exportaciones por carriles que no corresponden y, en algunos casos, el cierre de cruces que, por sus dimensiones, dificultan maniobras de carga.
Hay congestionamiento por convergencia de vehículos ligeros con los de carga; la circulación peatonal no está claramente definida con andadores y señalamientos; personas cruzan varias veces al día y el patio fiscal está desprovisto de vallas, por lo que cualquier persona puede observar lo que pasa y las mercancías que llegan.
El SAT recalca que la falta de una presencia suficiente, eficiente y efectiva de las autoridades federales ha generado un clima de rechazo social hacia cualquier acción de las autoridades, el aislamiento de la región y de su gente conlleva a que la población considere “normal” el intercambio de bienes entre ambos lados de la frontera, sin prestar atención a los trámites y normativas aduaneras.
“Lo anterior implica que esta situación sea aprovechada por quienes se dedican al tráfico ilegal de mercancías y productos restringidos o prohibidos”, añade.
El documento, avalado por el administrador del proyecto y Administrador de Equipamiento e Infraestructura Aduanera “4” del SAT, Alberto Morales Arechavaleta, añade que en la región sur del país la población tiene un fuerte arraigo a la informalidad por sus usos y costumbres, por lo que realizan actividades de comercio informal comúnmente, sin considerar que muchas de las familias que habitan estas poblaciones radican indistintamente en ambos lados de la frontera, desconociendo sus nacionalidades.