Martha Elba Figueroa
El Diario
Distrito Federal— Organismos internacionales y nacionales de derechos humanos advirtieron que México atraviesa por una crisis en este ámbito que pone en riesgo la democracia.
Por lo anterior hicieron un llamado a que se reconozca esta realidad y se expida una ley general contra la desaparición forzada y la tortura, se establezcan controles civiles sobre los militares y se desmilitarice la seguridad pública, entre otros temas.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, advirtió que “no hay una democracia que pueda sobrevivir con 23 mil personas desaparecidas, un aumento en la tortura en 600 por ciento en los últimos 10 años, en un país donde ocho de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia o donde la “cifra negra” del delito alcanza 93.8 por ciento.
Advirtió que esta situación no se resolverá volteando la mirada, reaccionando de manera defensiva ante la crítica ni con el paso del tiempo.
A su vez, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, reconoció los esfuerzos que el Senado ha realizado para avanzar en reformas en este tema y destacó que el parlamento debe ser un guardián de los derechos humanos.
Sin embargo, aclaró, a la luz de los hechos ocurridos en Iguala y del “lacerante fenómeno de la desaparición forzada”, está pendiente impulsar una respuesta legislativa integral en los términos recomendados a México por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de ONU y recientemente por el Comité de Desapariciones Forzadas.
Dijo que la Oficina en México del Alto Comisionado está dispuesta a contribuir en el esfuerzo parlamentario de la mano de organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y de las víctimas.
Reunidos en el Senado de la República, Ximena Andión Ibáñez, de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lamentó que México “no ha sabido o no ha querido” resolver el “triste” legado de violaciones graves a los derechos humanos como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento interno forzado y desaparición forzada.
Aseveró que para enfrentar esta situación, todos los poderes del país deben reconocer “la alarmante crisis en materia de derechos humanos y la enorme deuda que tenemos con los cientos de miles de víctimas, a quienes se les ha negado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”.
Hizo un llamado para acelerar la reforma de seguridad y justicia desde una perspectiva de derechos humanos, establecer verdaderos controles civiles sobre los militares, desmilitarizar la seguridad pública, reconocer que la política de drogas vigente ha tenido consecuencias muy negativas y avanzar en la despenalización, regulación del espectro relativo al comercio de drogas ilícitas.