LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Ahora que autoridades municipales y la empresa constructora andan en la misma sintonía de prolongar la conclusión de las obras del Plan de Movilidad Urbana (PMU) hasta el 2015, no sólo es evidente el fracaso del proyecto original, el asunto huele a fraude en perjuicio para la ciudad.
Y es que si algo justificaba entrar al esquema de comprometer las participaciones federales del Gobierno Municipal pagando un alto costo financiero durante 20 años, que convertirá en una deuda de cinco mil millones de pesos los 2 mil 200 de la inversión original, fue precisamente la posibilidad de hacer la obra de un trancazo para darle competitividad  a la ciudad, impedida en sus finanzas propias para asumir una obra de esa envergadura.
Se supone que luego de 9 meses de sacrificios de los ciudadanos por los bloqueos, problemas de vialidad y hasta cierre de negocios generados con las obras, Juárez sería otra.
Pero con lo que ha ocurrido por el rezago en los distintos frentes y lo que todavía falta por hacer, sumando además el tiempo transcurrido antes del arranque de las obras, cuando se frenó el proyecto precisamente porque había muchas dudas sobre la posibilidad de mantener tanto frente abierto y la conveniencia del esquema financiero, pasarán cuatro años para ejecutar el paquete contando a partir de que estaban listos los proyectos ejecutivos.
O sea que bien pudo avanzarse en partes, con recursos propios o créditos pequeños, a partir de 2012, porque el expediente con las obras se integró desde diciembre de 2011.
Pues a la fecha ni la mitad de las obras se ha realizado, prácticamente ninguno de los frentes se terminó al 100 por ciento aunque ya han transcurrido 15 meses trabajados a medias por distintos rumbos de la ciudad y para completar todo el plan ni siquiera será suficiente que pase este año…ni el próximo porque ahora dicen que hasta el 2015.
Ah pero eso sí, de cualquier forma la ciudad pagará el alto costo financiero durante los 20 años, aunque nunca haya obtenido el beneficio de disfrutar el paquete en el corto plazo. Claro que ni rebaja habrá en los servicios financieros aunque la empresa constructora no haya cumplido los tiempos y tampoco se haya preocupado para tener la liquidez que requería para hacer la obras.

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En otra de las múltiples aristas que presenta el tema de las obras del Plan de Movilidad Urbana, llama la atención de Los Reporteros que las voces que antes pudieron hacerse escuchar, la de los propios constructores que fueron consultados por el Congreso del Estado sobre el diseño técnico y la conveniencia de la construcción de ciertos puentes y vialidades contemplados en el paquete hablen hasta hoy de fallas y pidan rectificaciones en proyectos ejecutivos.
Cuando los diputados frenaron el PMU para revisar su viabilidad muchos lo cuestionaban en privado pero no en público, tanto porque no querían quedar mal con la Administración municipal de Héctor Murguía que lo impulsaba, como con la empresa foránea ganadora de la licitación que había prometido subcontrataciones.
La Comisión Especial de diputados que frenó el PMU en aquel tiempo puso las alertas en varios puntos, como la factibilidad de terminarlo en los 9 meses, la prioridad de las obras enlistadas, el previsible caos urbano por los frentes simultáneos, la necesaria coordinación con otras instancias que por delante tenían que trabajar en su propia infraestructura, como la JMAS, Gas Natural y CFE. La Administración municipal siempre señaló que todo estaba resuelto pero por lo que pasó después y hoy todavía se arrastra, es claro que desde un inicio han abundado los engaños.

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Otra vez cobró fuerza ayer la versión de que regresará a su cargo Mireya Porras, la regidora que fue obligada a pedir licencia para desactivar un conflicto político-legal en el Ayuntamiento porque su prima Adriana Terrazas Porras es funcionaria municipal.
La regidora con licencia fue vista en la oficina del Secretario del Ayuntamiento, Jorge Mario Quintana y se supo que hasta buscó a los regidores panistas, porque anda midiéndole el agua a los camotes en cuanto a su pretensión y la forma en que se podría operar jurídica y legalmente su regreso.
Ella ya había dicho que si no le cumplían con el cargo en la esfera estatal (en su tiempo comentó que por teléfono el gobernador le hizo la invitación, un día antes de solicitar licencia) armaría un buen relajo en el Ayuntamiento. Y el caso es que aunque ya va para cinco meses de aquel “arreglo” todavía es hora que no aparece Mireya en la estructura gubernamental. Lo último que supieron Los Reporteros es que se le hizo poco, y por eso no lo aceptó, un cargo en el Registro Civil.

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El que se vio entrar ayer, pero no al despacho de Quintana, sino al del alcalde Enrique Serrano, fue al director de Ecología y Protección Civil, Alejandro Gloria. Llevaba hasta recortes del periódico con la noticia que generó por su idea de comprar y operar algunas “patrullas verdes” para hacer efectiva la supervisión de los engomados ecológicos y otras disposiciones de tipo ambiental.
No salió de buen talante por lo que quienes lo vieron comentaban que algún jalón de orejas recibió por andar presentando ante los medios proyectos todavía no bien aterrizados ni consensuados.

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Quien dio señales de vida ayer fue el diputado local Daniel Murguía Lardizábal. Anduvo dando declaraciones con la inquietud del tema de protección a los paisanos porque le llegó información de que quienes ingresan por la zona de Jerónimo-Santa Teresa están siendo extorsionados por policías federales.
Hay quejas sobre la operación de retenes en los que se les han “bajado” hasta 500 dólares a los paisanos cuando evidentemente traen en sus vehículos artículos de procedencia extranjera. A ver si no nada más se preocupa y arma algún operativo de sobrevigilancia porque últimamente han estado muy desganados en el Instituto Nacional de Migración para coordinar los esfuerzos e implementar las caravanas que antes se hacían en estas fechas.
Por cierto que al diputado se le cruzaron los cables a la hora de hablar de esa problemática porque dijo que las extorsiones se estaban dando en la ruta del “puente de San Jerónimo”. En la frontera con Nuevo México no hay río ni puente. A lo mejor quiso decir “cruce” de San Jerónimo.

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La apuesta del Gobierno Municipal en cuanto a reducción en los costos de las multas de Tránsito, además de inhibir la “mordida” por parte de los agentes de Vialidad –o la oferta de dinero por parte de los conductores para evitar que los multen–, es elevar la recaudación por ese concepto.
Al menos eso se desprende de las declaraciones vertidas ayer por el tesorero municipal, Juan Miguel Orta Vélez quien dijo que esa medida no impactará de forma negativa en las arcas municipales, “pues cabe la posibilidad de que incluso aumente la recaudación, ya que al rebajar las multas los ciudadanos tendrán mayor oportunidad de realizar sus pagos”.
Dijo que para el presidente municipal Enrique Serrano Escobar la reducción en los montos de las multas se enmarca en un programa de prevención, en el que se privilegia la seguridad de los ciudadanos, el combate a la corrupción y el ganarse la confianza de los automovilistas, ante el impacto financiero que pudiera haber. E insistió en que una persona quizás la piense para pagar una multa de 500 pesos, pero si ésta es de 200 es más probable que la pague de manera inmediata.
“Para qué necesitamos mil multas sin pagar, preferimos cien que sí se puedan pagar”, expuso al tiempo que reiteró que la medida no tiene un afán recaudatorio y las multas deben ser justas, que la gente las pueda pagar.
Aunque aceptó que algunas infracciones al Reglamento de Tránsito pudieran modificarse a la alza, principalmente los motivos graves como el manejar ebrio, pero el análisis de cuáles serán está aún en proceso.