LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

El círculo vicioso de la venta de autopartes robadas en los yonkes de esta ciudad parece no tener fin.
Los yonkes venden porque los policías que debieran vigilar que no lo hagan, les cobran para que puedan hacerlo y cuando alguien deja de pagar entonces es detenido y exhibido como lo que es, un delincuente, pero que infringe la ley en complicidad con quienes debieran hacerla cumplir.
De acuerdo con fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado, los dos hombres que fueron detenidos en el yonke “El Toro”, ubicado en la colonia La Presa, porque se les encontró en su negocio en posesión de autopartes robadas, han dicho que tenían “autorización” para poder vender refacciones de procedencia ilegal porque antes pagaban “la cuota”, que la mercancía que les decomisaron son saldos que les quedaron de entonces, que a partir de que dejaron de pagar ya no habían aceptado nada proveniente de la comisión de un delito.
Otros propietarios de negocios en este giro, confirmaron a Los Reporteros que los agentes del grupo especial de la Fiscalía General del Estado (FGE) que realizan estos operativos les exigen dinero para que puedan operar con total impunidad en la venta de mercancía robada.
Afirman que un funcionario municipal que todavía se ostenta como líder de los yonkeros sin operar ya negocio alguno del ramo, estaba de acuerdo con los agentes del grupo de Robo de Autos de la FGE para el establecimiento y cobro de las cuotas a sus colegas, las cuales ascendían hasta a 2 mil dólares mensuales.
Afirman que con los cambios en la Fiscalía a partir de octubre del año pasado, el titular de Autos Robados fue nombrado subcomandante de la Ministerial en la plaza y, entonces, rompió el acuerdo que tenía con el líder yonkero, le dijo que en su nuevo cargo tenía que jalar derecho y a partir de esa fecha se quedaron sin “padrino” dentro de la corporación.
Seguramente, comentan los agraviados, en unas semanas se volverá a reorganizar ese esquema, “siempre sucede lo mismo, se van unos, pero llegan otros y las cosas vuelven a tomar su cauce, incluso hay propietarios de yonkes que no le quieren entrar, pero los obligan”.
Claro que para la autoridad, si esos hechos no se denuncian no hay forma de proceder en contra de quienes supuestamente los están cometiendo. Arturo Sandoval Figón, vocero de la Fiscalía General del Estado exhortó a los ciudadanos agraviados a interponer la denuncia ante el Ministerio Público “para actuar en consecuencia”.
Sería como amarrarnos una piedra al cuello y tirarnos al agua, dicen los yonkeros.

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Bien harían los encargados de administrar los ingresos del puente Zaragoza, funcionarios de Promofront, en supervisar a las personas que contratan como cobradores en las casetas de cruce hacia los Estados Unidos.
Los Reporteros se enteraron que a últimas fechas, algunas de las personas que laboran en ese lugar se aprovechan de los conductores que pagan con billetes grandes, ya que saben que por lo general cuando les regresan el cambio no lo cuentan de manera inmediata sino hasta que ya avanzaron en la fila y si se dan cuenta de que les dieron de menos, pues ya no pueden reclamarles. Además saben que otros ni siquiera cuentan lo que les regresan.
“No es la primera vez que ocurre y me da mucho coraje, mire hoy (ayer) me robaron cinco pesos, y se aprovechan porque saben que ya no puede uno bajarse del auto ni echar reversa. Así, de cinco en cinco, ¡imagínese todo lo que se roban!”, expresó un usuario.
Y es verdad que, aunque el robo es hormiga, si se pone uno a dimensionar cuántos autos cruzan por ese puente al día, el delito cobra grandes dimensiones. Por ello, si los funcionarios de Promofont no hacen algo al respecto, estaría bueno que se presentara una denuncia ante la autoridad correspondiente y que se investigue hasta sus últimas consecuencias.

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Luego de que estaba creciendo el rumor de que el director general de Tránsito, Óscar Luis Acosta, sería separado de su cargo o renunciaría, ya que tenía más de una semana de no presentarse a las oficinas ubicadas en Óscar Flores y Teófilo Borunda, ayer ofreció declaraciones públicas para desmentir esos dichos.
“No me voy, sigo al frente de la dependencia pero requiero de uno o dos días más para estar al 100 por ciento”.
Dijo que una conjuntivitis aguda lo llevó a permanecer tres días internado y el resto de la semana lo pasó en su casa guardando reposo y todavía bajo observación médica.
Acosta presentó a Los Reporteros una incapacidad médica por 3 días, que le otorgaron en Poliplaza –clínica que tiene concesionado el servicio médico para empleados municipales–, y expuso que “no hay estrés ni ganas de claudicar. Al contrario, hay la necesidad de redoblar esfuerzos y eso estamos haciendo por instrucciones del presidente Enrique Serrano”.
Por último dijo que espera que a principios de la semana entrante ya esté al cien por ciento para retomar sus actividades al frente de Tránsito.

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Para el presente año, Auditoría Superior del Estado (ASE) vio recortado su presupuesto anual en tres millones de pesos. No fueron pocos los que interpretaron esa disminución en el gasto de la ASE, por parte del Congreso local, como un intento por acortar los alcances de las auditorías que realiza ese órgano fiscalizador.
El recorte se da en un contexto de reclamos e inconformidades de diversos actores políticos que se vieron “balconeados” con los resultados de las revisiones a las cuentas públicas.
Ya algunas voces han manifestado que el Congreso del Estado escupió hacia arriba al despojar a la Auditoría Superior de la cantidad antes citada porque, no obstante que esos recursos limitan la capacidad de su personal, por los elevados gastos que representan los traslados, hospedaje y alimentación, ya que deben acudir a los 67 municipios del estado, el auditor superior del Estado, Jesús Esparza aseguró que –contrario a la pretensión de quienes les redujeron el presupuesto– en lugar de limitar sus acciones ha decidido ampliar las revisiones a más de 700 entes, es decir, 200 más de los que había contemplado la Comisión de Fiscalización para el presente año.
Pero eso no es todo, también iniciará la revisión al propio Congreso, donde seguramente saltarán chispas porque los legisladores no están acostumbrados a que se les fiscalice. Es un hecho que siempre elaboran leyes para evitar que ello suceda y de esa manera puedan ejercer los recursos que ellos mismos se autorizan discrecionalmente.
El rompimiento entre auditor y legisladores se dio a partir de que el primero, subió a Internet los resultados de las auditorías mucho antes de que el Congreso del Estado las dictaminara y votara, con lo que despojó a los diputados de gran parte de la capacidad para negociar las aprobaciones o rechazos de las cuentas con las diferentes instancias de Gobierno sujetas a la supervisión de la ASE.
Habiendo sido públicas las observaciones por el mal o buen ejercicio de los recursos que se autorizan para la operación de las diversas instancias de Gobierno y el desempeño de los servidores públicos, el manejo político de las cuentas ya no fue el mismo.
Habrá que estar pendientes del resultado de este encontronazo que, si bien dio transparencia, es algo a lo que nuestros políticos no están acostumbrados.

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La polémica por las corridas de toros alcanzó a la Iglesia Católica debido a que la Parroquia de Santa Teresa de Jesús está organizando para este domingo de Pascua una corrida de toros, lo que provocó que un grupo de ciudadanos convocara a una colecta de firmas, a través de una página de Internet, para exhortar al obispo de la Diócesis de esta frontera, Renato Ascencio León, a cancelar el evento.
Además, de manera paralela, se ha anunciado la realización de una protesta en el exterior de la plaza de toros en la que está programada la corrida, precisamente el día en que se llevaría a cabo, esto es, mañana domingo.
La solicitud fue subida a la red por Jesús René Luna, quien argumenta que Ciudad Juárez es una ciudad que ha sufrido mucho a manos de la violencia desde el 2008. “No necesitamos más (violencia). Queremos paz y calidad de vida para nosotros y para las siguientes generaciones”.
Comenta que siendo el domingo de Resurrección una festividad para celebrar la victoria de la vida sobre la muerte y la violencia, es incongruente que una institución que predica el amor al prójimo, el perdón y que promueve la convivencia sana para jóvenes y adultos, lleve a cabo una corrida de toros, en donde los asistentes se embelesan con la tortura, el maltrato y la muerte de un animal inocente e indefenso.
Y remata diciendo que hay muchas otras formas de obtener fondos para sus actividades, la violencia no debería de ser una de ellas.