Víctor M. Quintana
Catedrático e investigador
López Obrador lo dijo, se lo sacaron de contexto y fue uno de los obuses que más utilizaron para atacarlo en 2006. La mayoría del PRI y de sus satélites –pues ni siquiera vale la pena consignar sus siglas– no lo dicen, lo hacen: con sus votos abyectos están mandando al diablo lo que restaba de institucionalidad en Chihuahua.
Lo que acaban de consumar con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es contradictorio en la realidad y en los términos. Reeligen al presidente de la comisión “no autónoma”, es decir, de la supuestamente anterior, para la “nueva” comisión, según esto “autónoma”. Pero la garantía básica de su autonomía –junto con la presupuestal– que es la de elegir a alguien realmente independiente del Ejecutivo, sin compromisos con el gobierno, la desecharon en cinco minutos, mismos que le dieron a la Lic. Irma Villanueva, apoyada por muchas organizaciones de la sociedad civil, para exponer su proyecto de trabajo.
Así, gracias al PRI y sus aliados están mandando al diablo no sólo la autonomía, sino también la legitimidad, la credibilidad y la propia Comisión (para) Estatal de los Derechos Humanos. Cero y va una.
Antes, desde que tuvieron una confortable mayoría en el Congreso, los diputados tricolores abiertos o embozados se echaron al plato al ICHITAIP. En la primera oleada de consejeros se les escapó primero una y luego otro que de verdad se creyeron eso de la transparencia y el acceso a la información pública. Primero emprendieron contra ellos toda una campaña de ataques y desprestigio, utilizando las plumas a sueldo. Ya preparado el terreno con la labor de cañoneo, lanzaron la invasión: el segundo ICHITAIP estuvo como el Congreso: mayoría absoluta de priístoides y minoría de panistoides. Ningún representante independiente de partidos o propuestos por organizaciones de la sociedad civil. Pero no era suficiente: para tener una mayoría automática era necesario meter sólo consejeros incondicionales. Y a peores calificaciones en el examen de conocimientos y competencias, mejor, pues más incondicionales serán de quienes se portaron “barcos” para darles en charola un puesto que no se ganaron.
Así, gracias a la mayoría de la LXIII Legislatura, al ICHITAIP se le quitaron los dientes, las garras y las uñas que alguna vez pudo asomar. Una institución que nos sale a los contribuyentes más cara que el túnel veneciano de la Independencia o las montañas rusas de la avenida la Cantera o los cuellos de botella de los pasos a desnivel o la mala planeación del Vivebús, se ha vuelto prácticamente inútil para quienes solicitamos información pública. Cero y van dos.
No pararon ahí. Apenas el jueves 10 de abril arremetieron legisladores tricolores y aliados –por instrucciones del gobernador, (diputada dixit)– contra el sabio y fundamentado amparo de la justicia federal otorgado por el Juez de Distrito Lic. Ignacio Cuenca Zamora, al aspirante a Consejero del ICHITAIP; Rodolfo Leyva. Les valió gorro a los muy jurisconsultos legisladores tricolores y volvieron a elegir como consejeras propietarias a las tan incondicionales como mal calificadas consejeras previamente depuestas. El Juicio de Amparo, una de las instituciones pilares del sistema jurídico mexicano fue poca cosa para los complacientes ardores de los legisladores a su gobernador. Lo aventaron por el mismo caño que el ICHITAIP y la CEDH.
El asunto es que no sólo son esas tres instituciones las que han mandado al diablo en Chihuahua: es también la separación de poderes, fundamento teórico, jurídico y práctico de la democracia republicana; es nuestra misma Constitución la que los tres poderes que deberían salvaguardarla como lo protestaron, están vulnerando todos los días con sus resoluciones y decisiones. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial del Estado, amueganados, coludidos, han llevado a Chihuahua a la peor de las crisis políticas de muchos años.
Cuando las instituciones y la legalidad se mandan de esta manera al diablo, lo que queda no tiene otro nombre más que Estado de Excepción.