Edna L. Fuerte
Analista
En nuestro municipio se reaviva el debate entre lo que pertenece al espacio público y lo que está en el privado: la funcionaria municipal Adriana Terrazas Porras, nombrada por el jefe de nuestro Ayuntamiento, y la regidora con licencia Mireya Porras Armendáriz nuevamente están en la mira de los ciudadanos pues la solución temporal que había puesto la regidora al pedir licencia a la situación de ambas, que va en contra de la reglamentación municipal que dice claramente que no puede haber parientes de primer orden entre los funcionarios municipales de los tres poderes, regresará a la polémica, pues Porras Armendáriz ha declarado que presentará su petición de reinstalación en el Cabildo.
Ya en su momento reflexionábamos respecto a este tema, y la importancia que tiene el papel de quien ha tomado la decisión de hacer el nombramiento de una funcionaria que tiene parentesco con alguien que ha sido nombrado por voto popular.
El tema de origen parece de una simpleza que raya en la obviedad: ambas funcionarias no pueden coexistir en el Municipio, una ha sido nombrada por el Presidente Municipal, la otra por el voto popular; la primera fue nombrada cuando ya había sido electa la segunda, por lo que era un hecho conocido que su nombramiento contravendría las disposiciones del reglamento de la administración municipal.
Luego entonces, lo simple es señalar que se ha cometido un error, retirar el nombramiento; sin embargo, la postura del Gobierno Municipal ha sido muy poco clara y no ha tomado determinaciones al respecto, incluso ahora ante las declaraciones de la regidora con licencia, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, ha señalado que se trata de un tema “familiar”, con lo que sugiere que es un conflicto que debe resolverse por las dos funcionarias.
Estas declaraciones ofenden al propio gobierno que representa, pues se trata de un tema del que son plenamente responsables, y justamente siendo las autoridades, deben cumplir y hacer cumplir las leyes en plenitud. Sin lugar a dudas, en este tema, nuestro municipio ha incurrido en omisiones importantes, y ha pretendido trasladar al espacio de lo privado un tema que es evidentemente público; más aún, parece que la solución temporal de que la regidora pidiera licencia sólo ha evidenciado la poca voluntad de solucionar e incluso pareciera que se ha apostado por la desmemoria, como si esperaran que se calmaran las aguas para terminar por dejar todo como está.
Estamos frente a un tema de gran importancia no sólo porque se trata del cumplimiento de la ley sino también porque trasluce un aspecto básico del ejercicio de la autoridad: hacerse completamente responsable de la toma de decisiones y asumir las implicaciones de la propia autoridad que le es conferida a cada funcionario según su investidura. No tendríamos que estar hablando de la existencia de un conflicto entre los espacios públicos y privados, si quienes han provocado esta situación asumieran en sus manos, como está realmente, la solución. Nuestro munícipe no puede ser omiso o considerar que es un tema menor, la confianza que tiene en su colaboradora, y todas las razones por las cuales la ha incluido en su gabinete están por debajo del mandato popular expresado en el sufragio que ha nombrado regidora a su prima, y toca a él respetar el sentido supremo del voto y dar muestras de que es una autoridad completa, que responde y asume todas sus decisiones. Este no es un tema familiar, es un asunto de democracia y ley.