LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Aunque se trata de un asunto que se pudiera denominar doméstico, llama la atención la gran promoción que el Gobierno del Estado ha estado haciendo de la reforma al sistema de pensiones.
Y si bien a algunos les parece extraordinaria la difusión que se le ha dado a todo lo largo y ancho del estado, siendo un asunto que directamente afecta sólo a los empleados de la administración estatal, hay que recordar que el anterior esquema representaba un lastre para las finanzas estatales y el saneamiento que se pretende alcanzar con las modificaciones es relevante para todos los habitantes de esta entidad federativa.
Sin embargo, llama la atención la participación que tendrá el gobernador César Duarte Jáquez como conferencista en el marco de la Semana Nacional de la Seguridad Social, organizada por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
El titular del Ejecutivo en el estado grande impartirá la conferencia “La experiencia de la reforma de pensiones de Chihuahua” el lunes 21 de abril a las 10.30 horas, en el  Auditorio del Edificio E del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la ciudad de México.
En su ponencia, el mandatario expondrá cómo su gobierno fue el primero en toda la República en realizar una reforma a la Ley de Pensiones Civiles.
Esta reforma, de acuerdo con la campaña que promueve el evento, le permitió a Chihuahua reestructurar 130 mil millones de pesos en pasivos, dar certidumbre a los trabajadores y lograr una estabilidad en el sistema para los próximos 110 años.

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Pues parece que todo transcurrió en un ambiente de tranquilidad durante este domingo de Pascua en el que los juarenses pudieron disfrutar de un clima cálido muy agradable en el que confraternizaron pacíficamente decenas de miles de familias que hicieron suyos los pocos parques en condiciones de uso en la ciudad.
Fue tanta la participación de la gente en los días de campo, que en El Chamizal hasta los camellones fueron utilizados para instalar asadores, discos, casas de campaña, hamacas y todo lo necesario para disfrutar de un convivio al aire libre en esta fecha que marca el inicio de las actividades de verano.
El parque Central Poniente no fue la excepción, desde muy temprana hora fueron ocupándose los lugares con sombra, el estacionamiento ya estaba a su máxima capacidad para las 10 de la mañana y al mediodía lucía atestado, aunque según trabajadores de ese lugar, consideran que no se vio tanta afluencia como en años anteriores. Aunque el comentario lo hicieron a temprana hora, para la tarde en ese lugar no cabía ni un alma.
En cuanto al orden y la seguridad, se pudo observar una buena organización tanto en materia de policías preventivos, como de agentes de Tránsito, Bomberos y elementos del departamento de Rescate con sus ambulancias, además de módulos para reportar niños perdidos, colocados todos ellos en puntos estratégicos alrededor de los espacios públicos con mayor número de visitantes.
Si acaso hicieron falta un mayor número de baños, aunque se colocaron de los provisionales, en los que por cierto se realizaba un cobro de tres pesos por el uso de los mismos y un peso adicional si el usuario requería que se le proporcionara un pedazo de papel sanitario.

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Los que dieron la mala nota fueron los inspectores de Comercio municipal, que anduvieron a la cacería de las personas que vendían algún producto o servicio, a los que, sin importar que tuvieran permiso para realizar sus actividades comerciales para todo el año 2014, les exigían un pago extraordinario por tratarse de una fecha especial.
Los comerciantes comentaron a Los Reporteros que les parecía injusto que luego de que llegaron a un acuerdo con el Gobierno Municipal, desde la anterior administración, para pagar un permiso anual y evitar cobros extraordinarios, ayer los empleados de Comercio les anduvieran exigiendo una cuota especial. Para los que tenían permiso el cobro era de 270 pesos por cuatro días –del 17 al 20 de abril–, pero siendo ayer el último día, expresaron, qué caso tenía que lo anduvieran cobrando el último día.
Otra cuestión que se les hizo irregular es que el cobro se hacía en efectivo y les entregaban un recibo que aunque traía un sello del Municipio, les hizo desconfiar de su autenticidad, pero “tuvimos que pagarles porque luego perdemos un muy buen día de chamba”, comentó un propietario de ponys y caballos.

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En cuanto a la lluvia y el granizo que se abatieron sobre la región el pasado sábado, todavía ayer múltiples cruceros en distintos sectores de la ciudad se encontraban anegados, entre ellos el Viaducto Díaz Ordaz, el Arroyo de las Víboras, los bulevares Bernardo Norzagaray y Óscar Flores, así como las avenidas Adolfo López Mateos, Plutarco Elías Calles y De la industria.
De las tres últimas llamó la atención que se inundaron zonas recientemente rehabilitadas dentro del Programa de Movilidad Urbana, lo que indica que no se hicieron modificaciones que alivien las inundaciones en esas zonas, a pesar de la fuerte inversión pública que se inyectó al PMU.
Frentes aún en proceso de ese mismo esquema se vieron afectadas con anegamientos, como la ubicada en la calle Piña y Centeno, en proceso de pavimentarse, donde se formó una laguna de hasta 40 centímetros de profundidad, con las afectaciones a los vehículos que circulaban por las zonas inundadas.
Otras afectaciones provocadas por el fenómeno meteorológico del Sábado de Gloria fue la suspensión de los servicios de energía eléctrica, televisión por cable e Internet, y teléfono en algunos sectores de la ciudad, que para ayer ya habían sido restablecidos.

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Un grupo de abogados, encabezado por el Lic. Federico Solano Jurado, iniciaron una campaña para exhortar a los ciudadanos a que no permitan que los agentes de Tránsito les recojan documento alguno cuando los multen por la comisión de alguna infracción vial.
La campaña se inició a través de las redes sociales en las que Solano expone que ante la postura que ha tomado la Dirección de Tránsito de querer exhibir a conductores, sería bueno recordarle al Director de Tránsito, Lic. Óscar Luis Acosta, que él derogó de la norma correspondiente parte del artículo en el que se facultaba a los agentes de Vialidad a recoger documentos a guiadores.
Agrega que, por tal motivo, cuando los agentes de la Dirección General de Tránsito retiran licencia, tarjeta de circulación o placas a un conductor están violentando la ley, por lo que insiste en el llamado a los guiadores a que no permitan que ello ocurra.
El acuerdo derogatorio del último párrafo de la fracción IV del artículo 157 del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez fue firmado por el gobernador César Duarte Jáquez y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de marzo de 2011, y entró el vigor al día siguiente, es decir, el 12 de marzo de 2011.
Esa modificación a la ley se dio como consecuencia de un amparo promovido por un residente de esta frontera, quien requirió esa protección basándose en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de que nadie puede ser molestado en sus pertenencias salvo que exista la orden expresa de un juez, luego de que le habían sido retirados documentos vehiculares por un elemento de Tránsito.
Ya en entrevista con Los Reporteros, Solano dijo que de ninguna manera busca favorecer a quienes cometen una infracción, dijo que jamás podría estar a favor de eso, ya que todos los que cometan una falta deben ser sancionados, pero siempre y cuando sea dentro del marco de la ley y en este momento la ley protege a los ciudadanos en contra del aseguramiento de cualquier documento vehicular.
Informó que para hacer valer lo que dice el Reglamento de Vialidad, en caso de que alguien sufra el decomiso de documentos por parte de los elementos de Tránsito, colocará en su página de Facebook unos formatos que la gente podrá imprimir para llenarlos y una vez que contenga toda la información del caso, pueda acudir ante el juez calificador o el director de la corporación a exigir que le regresen los documentos.
De no obtener la devolución, agregó, los afectados podrán presentar una denuncia por abuso de autoridad y/o robo en la Fiscalía General del Estado en contra de los funcionarios públicos que hayan tenido que ver en la retención de cualquier documento.