María Amparo Casar
Investigadora del CIDE
Distrito Federal— Es difícil determinar la importancia de las leyes secundarias pendientes y el orden de prelación en el que deberían ser atendidas, pero sí se puede establecer su urgencia. La definición de las leyes electorales es apremiante.
Las leyes electorales que la reforma constitucional mandara elaborar no sólo tienen un plazo formal o legal perentorio, sino uno práctico. Pasar por alto la necesidad de una acción pronta sobre su definición podría poner en riesgo las elecciones de 2015: la renovación de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y 17 elecciones locales.
El nuevo Instituto Nacional Electoral requiere de manera urgente un marco legal sobre el cual funcionar internamente y asentar sus actos, sobre el cual organizar los procesos electorales y sobre el cual ir generando confianza.
Dada la camisa de fuerza impuesta por la reforma constitucional, no será fácil llegar a un acuerdo sobre la legislación secundaria. Mucho menos una que genere mayor equidad, transparencia, certidumbre y legitimidad en los resultados, que son los objetivos que se buscaban.
Pero no contar con las nuevas leyes electorales sería bastante peor, pues en ausencia de un marco legal claro, quedarían muchas disposiciones a discreción de los consejeros.
Es cierto que un artículo transitorio de la reforma constitucional indica que, en caso de que a la fecha de integración del INE no hubieran entrado en vigor las nuevas leyes reglamentarias, este organismo ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes, o sea el Cofipe y la Ley de Medios de Impugnación, otorgaban al IFE. Pero esta disposición no salva los problemas prácticos ni mucho menos los legales. Son muchas las disposiciones del Cofipe que no sólo difieren, sino que están en franca contradicción con el nuevo artículo 41 de la Constitución.
Los problemas ya comenzaron con el funcionamiento interno del INE. La decisión de ratificar en sus cargos al secretario Ejecutivo, al director del Registro Federal de Electores, al de Informática y al de Comunicación Social fue causa de la primera división al interior del recién nombrado Consejo General.
Mientras que la mayoría de los consejeros procedieron a ratificarlos, algunos otros pensaban que no era apropiado designar funcionarios con base en una normativa que se emitió para una institución que ya no existe. Añadían que, de votar en favor de las ratificaciones, significaría que el Consejo General se estaría extralimitando. Ocurre lo mismo con el asunto de ratificar o no a los consejeros electorales estatales de Oaxaca y a todos aquellos a los que se les vaya venciendo su término.
Divisiones como éstas trascienden y son posteriormente aprovechadas por partidos y candidatos para cuestionar las decisiones del órgano electoral.
Si esto ocurre en la organización interna del INE, lo mismo comenzará a pasar con la organización del proceso electoral de 2015. La reforma constitucional cambia muchos de los parámetros con los que se organizaban las elecciones, pero los nuevos ordenamientos no están listos. Incluso la fecha de arranque del proceso electoral es incierta y los preparativos electorales ya comenzaron. ¿Bajo qué criterios? Dado que se les está mandando a la lucha sin fusil, pues con los que mejor les parezcan a los consejeros.
El problema es que los diferendos y las imprevisiones legislativas no sólo darán pie a conflictos que se traducirán en falta de credibilidad y legitimidad del nuevo instituto, sino que provocarán una cascada de impugnaciones que lastimará los procesos electorales. Al tiempo que los consejeros deben operar en un marco de total incertidumbre y capotear como puedan las decisiones impostergables, también tienen que cuidar la imagen del instituto y la propia en un contexto poco propicio.
La encuesta de BGC publicada en Excélsior este lunes 21 de abril revela datos muy preocupantes tanto sobre la imagen del INE como sobre la imparcialidad de las elecciones.
Casi la mitad de los encuestados (48%) piensa que el INE es dirigido por funcionarios del gobierno y/o por los propios partidos políticos, y más de la mitad (56%), que los consejeros buscarán favorecer a algún partido político.
Por si fuera poco, más de 70% considera que la transformación del IFE en INE y la Reforma Política en nada ayudarán a tener elecciones más limpias, a que los gobernadores intervengan menos en los procesos locales, a evitar o sancionar las frecuentes irregularidades y a que los partidos y candidatos tengan una mayor aceptación de los resultados electorales.
¡Y justo todo esto era lo que se quería evitar!
Ni la Reforma Electoral ni las nuevas leyes que “tendrán” que emitirse antes del 30 de abril van a ayudar a cambiar estas percepciones, pero al menos los consejeros tendrán un marco legal en el cual apoyar sus actos y cerrar frentes de impugnación.
Dejarán de estar, en palabras de Barbosa, “en la vulnerabilidad jurídica y la indefinición política”. El resto corresponderá a los partidos y candidatos que, esperamos, se comprometan con la reforma que ellos idearon y con los consejeros que ellos eligieron.