LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se apegan religiosamente a los calendarios cuando de vacaciones se trata y en estos momentos prácticamente es imposible encontrar trabajando a alguno de sus funcionarios.
Seguramente ya tenían su plan de viaje, el problema es que la UACJ le entró de apagafuegos en la operación del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), ese en el que el manejo discrecional de los subsidios terminó por chamuscar a la ex ejecutiva de proyectos Alva Melania Almazán.
Pero del rector para abajo andan fuera, incluyendo a los responsables de Planeación e Investigación, quienes tienen la encomienda de revisar con sus equipos nada menos que 109 nuevos expedientes, los que recibió la Administración municipal luego de que –más a fuerzas que con ganas— se extendió la convocatoria. A eso hay que sumarle el trabajo de reevaluar los 57 proyectos de la primera lista palomeada por Alva Melania.
Se supone que a partir del 23 de julio, cuando la Secretaría Técnica del Municipio mandó la documentación a la Rectoría de la UACJ correrán en total 14 días para que se dé una definición y proceda la reasignación de recursos. Pero los funcionarios universitarios regresan hasta la siguiente semana por lo que el trabajo se concentrará en unos cuantos días.
Decidir qué propuestas se aceptarán y con qué montos de un total de 165 proyectos sobre la mesa, encuadrándolos al mismo presupuesto inicial no será enchílame otra.

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Por cierto que trascendió que como la propia UACJ está en la lista original de los beneficiados con la entrega de recursos (940 mil pesos para talleres culturales de prevención de acciones delictivas) optará por retirar su propuesta en la nueva competencia a la que tendría derecho a entrar, porque claramente se convertiría en juez y parte.
Además podría darse por bien servida la institución que el año pasado le entró a la evaluación de proyectos y se quedó con buena parte de los subsidios.
Quien también podría declinar su participación para hacerse de recursos, es el regidor-pastor José  Luis Aguilar, quien había obtenido 509 mil 750 pesos para operar con su Centro Familiar Ayuda A.C. una cancha deportiva aparte de otros 500 mil pesos para capacitación de facilitadores en programas de prevención.
Ahí fue su propia fracción blanquiazul y su directiva partidista la que estuvo presionando para que no entrara al reparto y no validara así cualquier tipo de irregularidad.
El monto que seguramente será recortado es el de 8 millones de pesos, el mayor de todos los proyectos, una estancia infantil para hijos de reclusas. Pero los promotores no han de estar preocupados por ello, quizás al contrario, hasta más tranquilos porque su presupuesto original solicitado apenas alcanzaba los 4 millones de pesos y por las gestiones de la ex diputada se había inflado con otros cuatro millones.
El otro proyecto que difícilmente conservará la cantidad previamente autorizada porque la misma cobija se tendrá que estirar, es el de 5 millones 800 mil pesos que para apoyar centros de rehabilitación contra adicciones presentó Servicios Profesionales para la Comunidad A.C. (CANA).
Después de que se arregle el entuerto la nueva bronca vendrá con la reducción de los tiempos para ejercer el recurso, ya que la normatividad federal marca cierres con el año fiscal, en diciembre.

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Aunque todavía falta un buen tramo para las definiciones, en el PRI ya andan muy  movidos quienes traen interés en las diputaciones federales y hasta alzan la mano para que todos se enteren.
Para empezar hay quienes intentan ‘chapulinear’ y saltar del Congreso del Estado al Congreso de la Unión,  aunque en el 2015 todavía les falte un año para terminar el cargo para el que fueron electos.
En esas andan las diputadas Mayra Chávez y Laura Domínguez, las dos por cierto con doble cachucha ya que la primera es dirigente del Comité Municipal y la segunda dirigente local del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas (Onmpri).
El otro legislador juarense que quiere la charola federal es ‘Toño’ Andreu. Por el lado del Gobierno Municipal, son muchos más los enlistados, empezando por la directora de Desarrollo Social, Adriana Terrazas Porras, quien por cierto también compartió la Legislatura (entre 2009 y 2012) con el hoy secretario de Economía, Idelfonso Guajardo.
Otra mujer que pelea ya la candidatura es Lizbeth Alonso, la responsable de las Audiencias Públicas que trae el respaldo de su amiga, la senadora Lilia Merodio.
Por el lado de los varones, en la Administración municipal están anotados el director de Asentamientos Humanos, René Franco; el director de Alumbrado  Público, Héctor Salazar Polanco; el director de Parques y Jardines, Eduardo Uribe; el director de Educación, Alfonso Muela y el ejecutivo de proyectos, Juan Carlos Alonso.
Del equipo de funcionarios estatales que despachan en Juárez la caballada está flaca porque nadie suena fuera del subsecretario de Desarrollo Social, Alfonso Ramos. Pero el que también quiere es el presidente de la JMAS, Fernando Uriarte, aunque se comenta que si obtendría la diputación sería sólo como parte de su proyecto rumbo a la Alcaldía.
Fuera de los cargos públicos pero ya en la lista de candidateables para el próximo año está Sixto Duarte, el secretario general del Comité Municipal del PRI, igual que Nora Yu, quien se quedó en la banca luego de su paso por la JMAS y la Secretaría General tricolor a nivel estatal.
Son sólo cuatro las candidaturas a repartir en Juárez y la lista todavía no se acaba. También se nueve para conseguir la curul para él o para uno de sus hijos, el ex funcionario reyesbaecista que ahora despacha como encargado de la administración del Programa Oportunidades, Víctor Valencia.
Y ya que hablamos de funcionarios federales además hay que agregar al delegado de la Profeco, Filiberto Terrazas… y los que se acumulen en los próximos meses.

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Por cierto que también en el PRI andan bien movidos para afiliar al mayor número de ciudadanos posible, seguramente con miras a enfrentar en las mejores condiciones posibles el proceso electoral del próximo año.
El Comité Directivo Municipal del Revolucionario convocó para hoy a las 6 de la tarde en las instalaciones de Lerdo y Galeana a un evento de afiliación abierto a toda la comunidad interesada a unirse a las filas de ese organismo político.
El apoyo más fuerte para la presidenta del partido, Mayra Chávez, proviene del grupo Esfuerzo, y entre los nombres que resaltan están el de Aarón Yánez, Edgar Yánez Ortiz, Hilda Corralina, Gilberto Ontiveros Elliot Valdez –éste, suspirante a dirigir el juvenil tricolor–, Viviana Juárez y Héctor Borunda, todos ellos muy ligados al alcalde Enrique Serrano Escobar, incluso algunos son funcionarios de su administración.
La expectativa es adherir al menos 500 nuevos miembros, los interesados sólo deben llevar su credencial de elector –hay quienes en tono de broma dicen que les harán la prueba del espejo, si respiran, entran– y para dar fe de esas adhesiones estará presente el notario público oficial de los eventos priistas, el ex secretario del Ayuntamiento Guillermo Dowell Delgado.

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A quienes les hicieron el feo durante la visita a Juárez del secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, fue a los diputados que integran la Comisión de Economía del Congreso del Estado.
El presidente de dicha comisión, Daniel Murguía Lardizábal, andaba bastante sentido con los organizadores y con el propio presidente de la Diputación Permanente, Enrique Licón, porque no les corrió la invitación y nada más él se dejó ver en todos los eventos como representante del Poder Legislativo en Chihuahua.
Más le pudo a Murguía la exclusión porque siempre ha andado en los temas económicos y hasta varios cargos ha tenido en la federación de Cámaras de Comercio, organismo del que aquí fue dirigente. A lo mejor, y no lo invitaron porque su hermano el ex alcalde ‘Teto’ Murguía, ya tenía asiento en la reunión con el funcionario federal.

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Hoy comparecerá ante los regidores el tesorero municipal Miguel Orta Vélez, para dar a conocer de manera detallada los pormenores del acuerdo que podría signar el Ayuntamiento con el gobierno del estado para que sea éste quien cobre el impuesto predial.
Presentará el documento específico para alcanzar ese convenio, porque el que se ha estado manejando indiscriminadamente es un machote que se elaboró en el Estado de México, en donde opera ya el esquema que quiere replicar en Chihuahua el gobernador Duarte.
De hecho, existen entre funcionarios de primer nivel muchas dudas respecto de que ese convenio pueda concretarse, sobre todo si contraviene postulados del Art. 115 constitucional. Dicen que el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, ha dicho que él no se arriesgará a firmar un documento que pudiera generar problemas legales y que pudieran resultar en responsabilidad para él.
Así las cosas, hoy habrá una sesión extraordinaria de Cabildo en la que el alcalde solicitará autorización para acompañar al gobernador a su viaje al lejano oriente.