LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Luego de que Los Reporteros comentaron en este espacio que a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se le estaban agotando los tiempos en la operación del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que estuvo a cargo del Gobierno Municipal, algunas voces se manifestaron en el sentido de que la institución debe transparentar el convenio que hizo con el Ayuntamiento para operar ese subsidio federal, porque de lo contrario no tendrá ningún caso que la Administración serranista se haya desprendido de esa responsabilidad si no se logra la transparencia que exige ese proceso, ya que fue precisamente la opacidad con que se manejó lo que llevó a la salida de la ejecutiva de proyectos Alva Almazán, quien tenía a su cargo esa función.
Por cierto, el ruido por la asignación de los recursos del Pronapred se extendió ya a todo el estado de Chihuahua. Ayer se dio a conocer la contratación de un asesor externo, Arturo Cervantes, académico de la Universidad Anáhuac, para realizar una planeación estratégica de los proyectos que resulten beneficiados con esos fondos, pero en todo el estado, incluyendo Juárez por supuesto.
El anuncio lo hizo José Antonio Enríquez Tamez, director ejecutivo del Ficosec, quien dijo que la medida es necesaria debido a que la operación de los recursos durante el 2013 fue muy accidentada. ¡Más todavía!

***
Pero también hubo pronunciamientos en cuanto a que, además de poner atención en la cuestión de los tiempos para operar los recursos del Pronapred, se debe analizar en manos de quién dentro de la UACJ se deja la decisión de determinar qué propuestas se aceptarán y con qué montos de un total de 165 proyectos sobre la mesa.
Hay quienes mencionan que el contador de la máxima casa de estudios de esta ciudad, Rafael Ruvalcaba, no tiene las cartas credenciales para ser involucrado en el manejo de esos fondos porque dejó muy mal parada a la universidad en materia financiera.
Exponen que durante 2013 el Sistema de Administración Tributaria (SAT) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le abrió una auditoría a la UACJ por no presentar declaraciones de impuestos.
Señalan que cuando llegó el notificador del SAT a la Rectoría, Ruvalcaba lo mandó sacar diciéndole que la institución no era sujeta a revisiones fiscales por autoridad alguna, que es autónoma y, por lo tanto, intocable.
Ante esa reacción, desde la dependencia federal se solicitó apoyo a la autoridad policial para que el notificador regresara, y lo hizo escoltado por dos patrullas con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por lo que pudo entregar el documento en el que le hacían del conocimiento al funcionario universitario de la imposición de una multa por 300 mil pesos y el inicio de una auditoría.
Ruvalcaba acudió a las oficinas de Hacienda en esta ciudad argumentando que no había lugar para el cobro de la multa, pero lo único que logró fue el embargo de uno de los camiones de la institución educativa para tratar de contener mayores sanciones.
Después de tres meses, en representación de la UACJ, el contador solicitó el traslado del caso a las oficinas del SAT en la ciudad de México, pero todo indica que el tiro le salió por la culata, ya que como resultado de la revisión realizada se le impuso una multa de alrededor de 22 millones de pesos, los cuales tuvieron que ser liquidados por la universidad ante la amenaza del congelamiento de sus cuentas bancarias.
Cuántas becas, viajes de estudio, intercambios académicos, etc. pudieron haberse financiado con esos recursos… y todo por no cumplir la ley y Ruvalcaba su responsabilidad como contador de esa institución educativa.

***
Las irregularidades en las obras que se realizan por diversos sectores de la ciudad son cosa de todos los días. Toca el turno, una vez más, a los trabajos realizados en el marco del Programa de Movilidad Urbana.
Resulta que ahora que está a punto de ser entregado el frente de obra en proceso en la parte norte de la avenida de la Industria –o Jaime Bermúdez– los supervisores encontraron que la calidad del adoquín que está siendo colocado en las banquetas, no es el contemplado en el contrato, es de menor calidad. Se debió colocar un adoquín artesanal, como el que lucen las banquetas de la avenida Plutarco Elías Calles, pero en este caso el utilizado es un adoquín de concreto chafa, dicen los que saben de materiales de construcción, y, por lo tanto, más barato.
¿Quién autorizó ese cambio en los materiales? ¿La empresa a cargo del proyecto? ¿La autoridad municipal o la estatal? ¿O no existe aprobación y la empresa que realiza los trabajos se quiere pasar de lista? Cualesquiera que sea la razón, no se puede aceptar que la obra más importante de los últimos años, la más costosa, no cumpla con los requerimientos de calidad acordados.
Las autoridades deben tomar cartas en el asunto a la brevedad.

***
Sin mayor problema, el presidente municipal, Enrique Serrano Escobar obtuvo licencia del Ayuntamiento –en sesión extraordinaria realizada ayer exprofeso– para ausentarse del cargo por hasta 15 días para viajar a China en compañía del gobernador César Duarte.
El objetivo de la gira de ambos gobernantes es atraer inversiones a esta frontera, y no se trata de iniciar las negociaciones sino de darles seguimiento, ya que el mandatario estatal ha venido haciendo gestiones importantes con anterioridad ante las autoridades y empresarios de China.
Luego de aprobada su licencia, el alcalde comentó que tiene la plena confianza en que se cristalice la llegada a esta frontera de una compañía armadora de automóviles, además de que también se intenta atraer otra de camiones.
El permiso inicia a partir del 27 de julio, a las 13 horas, y para sustituirlo como encargado del despacho de los asuntos de la Presidencia el Ayuntamiento designó como alcalde en funciones al regidor Jesús José Rodríguez Torres, del Partido Nueva Alianza (PANAL).

***
Finalmente ayer se reunió el tesorero municipal, Juan Miguel Orta Vélez, con los regidores del PAN para exponerles el escrito final del convenio con el Gobierno del Estado para el cobro del impuesto predial.
Luego de todas las especulaciones que se generaron con motivo de la próxima firma de ese convenio y la posibilidad de que se pudieran presentar desvíos de fondos del principal ingreso municipal hacia la instancia estatal, los panistas salieron conformes con la redacción final del documento y aparentemente ya no hay motivo para retrasar la firma de ese acuerdo.
Pero finalmente todo fue más ruido que nueces, porque ni siquiera el tesorero cree que el Estado ayude a incrementar de manera determinante la recaudación por ese concepto.
Como el Municipio va a continuar cobrando el predial, considera difícil que la gente acuda a pagar a las cajas del Estado. El objetivo real de alcanzar la firma del convenio, señalan, es la obtención del bono de 8 millones de pesos que el Gobierno Federal otorgará al gobierno municipal tan solo por alcanzar ese acuerdo con el Estado, ya si resulta en una mayor recaudación sería algo extraordinario, pero por lo pronto lo que se buscaba eran esos ocho milloncejos, que ya los hacen en las arcas municipales.