Opinion

LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

2014-07-27

Qué bien que a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se les haya construido un balneario en esta ciudad para el solaz de ellos y sus familiares, seguramente se lo merecen. Lo que no es justo, es que para beneficiar a ese grupo de personas se perjudique a cientos de estudiantes, maestros y padres de familia de una de las escuelas secundarias más grandes de la ciudad y que, por su mismo tamaño, presenta graves rezagos, desviando fondos destinados a mejoras de la institución educativa para favorecer al gremio magisterial.
Gran parte de los 3 millones 112 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun) que se aprobaron exclusivamente para la pavimentación del estacionamiento de la Secundaria Técnica 90, ubicada en Riberas del Bravo, se utilizaron para pavimentar el Centro Recreativo de la Sección 8 del SNTE, denominado “DiverSNTE Juárez, de acuerdo al trabajo realizado por Los Reporteros de El Diario.
No sólo utilizaron recursos en una obra que no correspondía, sino que fue una mayor parte la que se aplicó en el DiverSNTE en relación con los trabajos realizados en la escuela, sin importar que todos los documentos oficiales respecto del ejercicio de esos fondos, marcan como beneficiaria exclusiva a la secundaria.
De acuerdo con documentos oficiales, se realizarían trabajos en una superficie de 7 mil 120.22 metros cuadrados, pero mientras la obra en la escuela quedó inconclusa porque sólo colocaron carpeta asfáltica en unos 2 mil 300 metros cuadrados, en el balneario pavimentaron una superficie de unos 4 mil 800 metros cuadrados.
Más todavía. En la Técnica 90 no construyeron las guarniciones de concreto, ni el pozo de absorción para evitar inundaciones, tampoco pintaron los cajones del estacionamiento ni los señalamientos internos, como lo establece el contrato. Mientras que en el complejo recreativo hicieron dos fosas pluviales para prevenir inundaciones y pintaron los cajones y señalamientos internos.
La responsabilidad directa de este desvío corresponde a las autoridades municipales, quienes adjudicaron la ejecución de la obra a una empresa particular. El contrato correspondiente está firmado por el presidente municipal Enrique Serrano Escobar; el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra; el tesorero Miguel Orta Vélez; el regidor que coordina la Comisión de Hacienda, Alberto Reyes Rojas; el director de Obras Públicas, Manuel Ortega; y el contratista, Francisco Javier Muñoz Sánchez.

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Cuando el pasado viernes mencionamos en este mismo espacio que en el PRI andaban bien movidos para afiliar al mayor número de ciudadanos posible y que habían convocado para ese día a un evento con ese fin, ni idea tenían Los Reporteros de que entre las estrategias contempladas por los funcionarios del tricolor se encontraba la de condicionar el ingreso a la Academia de Policía Municipal a registrarse como integrantes de ese organismo político.
Los organizadores de esa jornada, entre quienes se encuentran la presidenta del partido, Mayra Chávez, y Aarón Yánez Limas, anunciaron el evento como abierto a toda la comunidad interesada a unirse a las filas del Revolucionario. No obstante, todo indica que el principal objetivo era afiliar de manera colectiva y coercitiva a los cadetes que se preparan en la Academia de seguridad Pública –algunos de ellos informaron que acudieron porque les dijeron que la afiliación era un requisito extracurricular para poder ingresar a la Academia y, luego, a la corporación–. Pero eso no es todo, les dijeron que además llevaran a sus familiares también a afiliarse.
Tanto el secretario de Seguridad Pública César Omar Muñoz como el director de la Academia de Policía Municipal, Gilberto Ontiveros Chávez, se deslindaron de la afiliación masiva de cadetes, no obstante que uno de los organizadores del evento es el Grupo Esfuerzo del PRI, a cuyas filas pertenece este último.
Las críticas de diferentes organismos de la comunidad no se hicieron esperar, al considerar que siendo el Gobierno el primer obligado en hacer cumplir la ley, no es posible que favorezca situaciones como la revelada de manera anónima por los cadetes, que no pueden hacer esas denuncias abiertamente si está de por medio su permanencia en la Academia o en su trabajo.
A esas críticas se unió el Partido Acción Nacional, por supuesto, y la respuesta de la dirigencia tricolor no se hizo esperar y en qué términos: “Es natural y comprensible que surjan ataques del partido de enfrente descalificando nuestros procesos de afiliación, y seguirán siendo mientras nuestra captación de militantes afiliados supere en mucho a sus mermadas filas, que han disminuido, según da cuenta, los resultados de los últimos procesos electorales”, se lee en un comunicado oficial emitido por el PRI.

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Pues el escándalo por la supuesta imposición del requisito de afiliación al PRI para permanecer en o ingresar a la Academia de policía llegó al Cabildo. La Comisión de Seguridad Pública, que encabeza el regidor priísta –y además “tetista”– Alejandro José Seade Terrazas deberá iniciar una investigación del caso.
Por la bancada de Acción Nacional le comisionaron esa tarea al regidor-pastor José Luis Aguilar Cuéllar. Dicen que sus compañeros de partido le adjudicaron esa consigna como prueba, ya que desde el inicio de la administración se ha visto muy ligado a los regidores priistas.

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En cuanto al otro escándalo, en el que más de 200 reconocidos panistas –desde el ex gobernador Francisco Barrio Terrazas y los ex alcaldes Ramón Galindo Noriega y Gustavo Elizondo Aguilar hasta los actuales diputados locales César Jáuregui Moreno, Daniela Álvarez Hernández y Rogelio Loya Luna– aparecieron registrados en el padrón de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde la trinchera albiazul se ha organizado una jornada para que cada una de esas personas que sigue militando en ese organismo llene y firme un formato que se anexará a la denuncia penal que presentará Acción Nacional.
El llamado lo está haciendo la dirigencia municipal, que encabeza Hiram Apolo Contreras, quien ha tenido que enfrentar críticas internas al ser acusado de avisar para que cumplan ese requisito sólo a los militantes que considera “amigos” y ha dejado de lado a quienes considera parte de grupos contrarios, como los hermanos Cruz y Alejandro Pérez Cuéllar, no obstante que se supone tiene la misma obligación para con todos los miembros de ese partido político. Señalan los ignorados por Contreras, que tuvieron que enterarse a través de las noticias en los medios de comunicación o por otras vías, como mensajes de correos o comentarios en las redes sociales.
Total que en el contexto de estos enfrentamientos entre las dos principales opciones electorales en la ciudad, el PRI ingresa a sus filas hasta a quienes ignoran su ingreso, mientras que el PAN presentará una denuncia por delitos electorales, y el plazo para que los partidos confirmen o depuren su padrón de militantes vence el próximo jueves 31 de julio.

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No debieran existir campañas especiales para hacer cumplir obligaciones ciudadanas como el respeto a los lugares de estacionamiento para personas con discapacidades, eso deberíamos cumplirlo todos, sin duda. El caso es que esa cultura no existe y por ello la Comisión de Salud del Ayuntamiento decidió iniciar la campaña “Yo sí respeto” precisamente para promover que sean sólo las personas con algún impedimento físico los que hagan uso de lugares destinados para ellos.
Curiosamente, uno de los lugares en los que se ha detectado la mayor frecuencia en la violación de esos espacios es en los estacionamientos de la Presidencia Municipal, a tal grado que, luego de que el mismo director de Tránsito, Luis Óscar Acosta, ha llegado a multar a funcionarios municipales por la comisión de esa falta, ahora existe una vigilancia permanente con policías para evitar que los lugares para discapacitados sean ocupados por personas que no presentan alguna condición especial para utilizarlos.
Una patrulla con dos agentes se encuentran de manera permanente vigilando 6 cajones de estacionamiento en la parte baja y tres de la parte alta, mientras que en las calles de la ciudad los delitos se cometen a diestra y siniestra, todo por no respetar algo tan básico.

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