LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Como se había previsto, la difusión de la investigación que realiza la Fiscalía Estatal en contra del ex alcalde panista de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera –y el de Delicias, Mario Mata– por supuestos desvíos de recursos durante sus periodos al frente de los respectivos municipios, desató una guerra de declaraciones.
El coordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional, César Jáuregui Moreno, declaró que desde la Fiscalía se busca generar un clima de tensión política para tratar de desprestigiar a su partido. No obstante, dijo que aunque esos ataques tienen un fondo, para los panistas son buenas noticias, porque “nadie le da patadas a un perro muerto y si alguien nos está pateando es porque nos ve vivitos”.
Por su parte, el dirigente estatal del blanquiazul, Mario Vázquez Robles, dijo que la investigación contra Borruel sólo viene a engordar más la campaña negra del Gobierno contra el Partido Acción Nacional y es lamentable que el fiscal Jorge González Nicolás se preste a ello, mientras existe un repunte en homicidios de alto impacto y otros delitos graves en diversas regiones del estado donde no se nota la acción efectiva de la Fiscalía.
Ante esas declaraciones, el dirigente municipal del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez les pidió a ambos panistas que sean congruentes en su actuar y en sus declaraciones, ya que “ahora resulta que las irregularidades en las administraciones panistas son consideradas persecución política… y las acciones de los gobiernos priistas son siempre trampas bien organizadas, mientras lo que hacen los panistas son simples travesuras y todo es una persecución política”.
Y para redondear el asunto, el gobernador César Duarte dijo que “por ser un asunto muy sensible y delicado, se manejará con discreción y con cuidado”.
Y eso que la grilla por el adelantado inicio del proceso electoral federal intermedio apenas empieza. Como dicen, si por las vísperas se saca el día, se espera un proceso muy candente.

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Y precisamente hablando de grilla preelectoral, ayer el gobernador Duarte revivió un tema por el que ya ha tenido algunas confrontaciones con su predecesor, José Reyes Baeza Terrazas: la deuda pública del estado.
El titular del Ejecutivo estatal dijo ayer que la deuda que contrajo la presente administración fue para pagar compromisos que quedaron de la pasada gestión estatal, porque se tuvieron que pagar a la Federación tres mil millones de pesos de presupuestos que se utilizaron para fines diferentes a los que se habían asignado.
En marzo pasado, el secretario de Hacienda estatal Jaime Herrera Corral afirmó que gran parte de la deuda que tiene el estado fue heredada por la administración de Reyes Baeza, quien al siguiente día precisó por escrito la evolución del adeudo y el saldo que dejó al concluir su gestión, lo que inició una serie de dimes y diretes del que Duarte sacó la peor parte.
Es de esperar que el deliciense responda nuevamente a los recientes señalamientos, sobre todo en el contexto en el que los grupos políticos al interior del PRI se aprestan a proponer candidatos a diputados federales con miras a fortalecer sus postulaciones para candidatos a gobernador, y debido a que el Grupo Delicias, que encabeza el ex mandatario, y el equipo del actual gobernador han estado midiendo fuerzas a últimas fechas. Este capítulo seguramente es parte de esa pugna entre las fuerzas tricolores.

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Sin explicar si se trata de un nuevo proceso de regularización y presentándolo como una solución al problema de los chuecos, ayer el gobernador César Duarte dio a conocer que expedirá nuevamente engomados de identificación, pero sólo para los vehículos que fueron identificados con el engomado de seguridad que se colocó en febrero.
Imposible no ver en este operativo un fin recaudatorio, porque no puede afirmarse que es una solución a un problema que aparentemente conviene al gobierno que continúe porque los propietarios de esos vehículos continuarán siendo clientes cautivos que pagarán una cuota cada que los engomados en cuestión caduquen, como es el caso de los que portan actualmente miles, cuyo vencimiento es el último día de agosto.

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Ya es hora de que se instrumente un proceso para que los recursos provenientes de la federación con destino a Juárez lleguen directamente a las autoridades municipales, porque lo que ocurre en la actualidad es que esos recursos llegan al Gobierno del Estado y en su mayoría se ejercen en proyectos para la ciudad de Chihuahua y acá llega muy poco o nada, dijo la presidenta de Coparmex, Lupita de la Vega, durante el evento en el que el lunes la cúpula empresarial de esta frontera se reunió con Paoli Medellín Rojas, asesor en jefe del SAT, y Germán Tavera Sacout, asesor del administrador general de Servicios al Contribuyente.
De la Vega puso como ejemplo el caso de los fondos para construir el Centro de Convenciones que, dijo, se sabe ya fueron recibidos por el estado desde hace tiempo, pero se ignora porque se encuentran varados y consecuentemente esa obra tan importante para Juárez continúa siendo solo un proyecto.
Los empresarios fronterizos expusieron diversos temas en los que la Federación debe apoyar a Juárez, como otorgar las facilidades para que llegue una armadora automotriz, la construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, rescatar para esta ciudad los ingresos del puente Paso del Norte, incentivar la competitividad en materia de comercio exterior, la homologación de las tarifas de energía eléctrica y apoyos para mejorar la imagen de la ciudad.
Sin embargo, todavía ayer comentaban entre ellos el mal sabor de boca que les dejó la visita de los funcionarios federales antes citados porque resulta mal escucharon las propuestas que les hicieron y ni siquiera se dignaron a dar una respuesta. Fue Gil Calles del Ángel, administrador local del SAT quien salió al paso, prometió que analizarían las propuestas que se les hicieron en las mesas de trabajo de la dependencia, y de ahí no pasó a más.

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Si las autoridades estatales aplicaran de manera ortodoxa la Ley del Himno del Estado de Chihuahua, ayer se hubieran dado vuelo durante el evento del arranque oficial del ciclo escolar, que se llevó a cabo en Gimnasio de la Escuela Secundaria Federal #1 porque casi ninguna persona de las ahí presentes se sabían ese cántico oficial.
Tanto el subsecretario de Educación Cultura y Deporte, Ulises Martínez Contreras, como la coordinadora regional en Juárez de la Sección 8 del SNTE, María Antonieta Mendoza, y el alcalde Enrique Serrano Escobar, entre otros, tarareaban pero era claro que no se sabían la letra del himno. Qué decir de los maestros, estudiantes que se miraban entre si tratando de recordar alguna estrofa, siquiera los coros, pero no fue así.
De acuerdo con el Artículo 14 de la mencionada ley, el desacato o falta de respeto al Himno del Estado de Chihuahua se castigará según su gravedad y la condición del infractor con multa hasta por el equivalente a doscientos cincuenta veces el salario mínimo o con arresto hasta por treinta y seis horas.
Lo dicho, hay leyes que por decir lo menos, llevarlas a la realidad resulta simplemente chusco.

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Gobierno del Estado presumió ayer que la Asociación Americana de Correccionales (ACA por sus sigas en inglés) abrirá su capítulo México y escogió a Chihuahua para hacerlo en base a la buena experiencia de trabajo conjunto con las autoridades estatales en la evaluación de los penales de la entidad.
La organización estadounidense sesionará en la ciudad de Chihuahua los días 18 y 19 de septiembre, por que el gobernador César Duarte Jáquez dijo estar muy motivado porque es la primera vez que este órgano del Gobierno Norteamericano saldrá de los Estados Unidos, situación que se deriva de las acciones ejecutadas por su gobierno permiten observar cómo en los distintos centros de reclusión del territorio estatal ya no existe la inseguridad que había para los internos.
Aunque hay quienes consideran demasiado triunfalistas las declaraciones del mandatario estatal, si se toman en cuenta los hechos que se han presentado en diversos penales del estado desde que esas acreditaciones se han obtenido, el mandatario aseguró que algunos de los integrantes del consejo de ACA expresaron a la concurrencia que algunas prisiones norteamericanas deberían manejarse como actualmente lo hace el Gobierno de Chihuahua. Ni más ni menos.