MIRIAM A. ORNELAS
Ingeniera industrial y abogada
Desde hace poco más de un año el gobernador César Duarte Jáquez emitió una disposición administrativa donde quedaban prohibidas las cuotas voluntarias de las sociedades de padres de familia en las escuelas y mucho menos que el pago de estas contribuciones, un tanto cuanto voluntarias y otro tanto forzosas, fueran impedimento para que un educando sea o no admitido en las escuelas del estado.
La disposición no se ha acatado en escuela alguna porque todos los planteles tienen necesidades imperiosas para su funcionamiento que la hacen de imposible aplicación, pues el Gobierno se limita a construir las escuelas y a pagar los sueldos de los maestros y directivos, sin ocuparse de los gastos de mantenimiento y operación de los planteles escolares y, por decir un ejemplo, ningún padre de familia va a permitir que sus hijos acudan a clases a una escuela donde los servicios sanitarios son una verdadera porquería, o donde ni tan siquiera existe papel higiénico. Pero lo cierto es que las necesidades del proceso educativo superan con mucho estos débiles conceptos.
Así las cosas, en una forma sensata, las sociedades de padres de todas las escuelas se han pasado por alto la disposición de gratuidad del gobernador y se han seguido fijando aportaciones voluntarias por cada padre para financiar el costo del mantenimiento y funcionamiento de las escuelas y, sin embargo, siempre existen dos o tres padres de familia que alegan total insolvencia para liquidar estas cuotas votadas por las sociedades de progenitores cuando en esos casos se sabe que se trata más bien de una dolosa intención de no pagar, aunque en las economías particulares de muchos de estos casos se aprecian dispendios inexplicables que se relacionan la mayoría de las veces con conductas viciosas. Entonces, se trata simplemente de no pagar por no pagar, recargándose en los demás.
La noticia publicada por El Diario de Juárez de Acuerdo a la cual el profesor y director “David Beltrán Méndez fue removido temporalmente de su labor en la Secundaria Federal número 2, de la colonia Altavista, debido a que existe una queja en su contra por supuestos actos de coacción sobre aportaciones “voluntarias” de los padres de familia. Quedando el maestro a disposición de la Zona Escolar 1 de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) en lo que se resuelve su situación, dijo Rafael Gasca Velarde, coordinador del área jurídica de la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte”. Esto nos parece un garrafal error y también una injusticia.
Es muy fácil adoptar la postura del gobernador de hacerse el muy celoso de la honra y desentendido del cargo, decir a lengua suelta que la educación es gratuita cuando sabemos que solamente hay dos cosas en este mundo que son gratis: el sol y el cariño de nuestra mamá y que todo lo demás cuesta, y así, desentenderse olímpicamente de los duros gastos que se tienen para mantener a una escuela funcionando cuando no se le dota ni siquiera de gises. Los gastos de papelería en una institución educativa son enormes, los implementos deportivos, el gas y la energía eléctrica, la limpieza, el teléfono, y mil etcéteras más.
Un director responsable sabe perfectamente que sin todos estos elementos no puede darse el proceso enseñanza-aprendizaje y los paterfamilias también, por eso es su voluntad sufragarlos porque de otra manera no se puede dar la enseñanza y eso es lo que interesa a todos, no las declaraciones sobre una gratuidad imposible de aplicar en estas circunstancias. Así, castigar a este director con esa suspensión no pasa de ser un acto de barbarie demagógica que mucho perjudica al gremio magisterial responsable de que las clases no se interrumpan.
Si las sociedades de padres en su genuina autonomía, acuerdan auto imponerse cuotas obligatorias para todos a fin de suplir las deficiencias, esas sí imperdonables de un estado que por su mala administración está al borde de la quiebra, eso es asunto de ellas y ahí el gobierno no debe intervenir máxime que con ello se suple su obligación. ¿Por qué se nos priva de una infraestructura que no se nos proporciona? ¿Con qué derecho? Lo que debiera de hacer es reconocer la autonomía y la autarquía de estas organizaciones civiles básicas que tanto bien han hecho a nuestra comunidad estudiosa.
Reprimir a éste y a cualquier director o maestro por respetar la voluntad de las sociedades de padres y tutores es contrario a la educación de nuestro pueblo que está mas consciente que nunca de la triste realidad que atravesamos, mejor debiera el gobernador encontrar a esos mil quinientos profesores aviadores perdidos y a los que les paga puntualmente sus sueldos sin trabajar. Pero que no se meta con las sociedades de padres.