Opinion

LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

2014-08-31

El documento que el pasado 23 de agosto el actual dirigente municipal del PAN, Hiram Apolo Contreras, envió al presidente del Comité Directivo Estatal, Vázquez Robles, en el que le solicitó que se suspenda el proceso para renovar la directiva del partido en esta frontera, también fue recibido en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del albiazul, quien ya emitió una respuesta a esa petición.
Mientras que Hiram argumentó que los estatutos aprobados en noviembre del año pasado por Acción Nacional establecen en su Artículo 71, numerales 4 y 5, que no puede haber asamblea para renovar comités municipales 3 meses antes de iniciar el proceso de una elección constitucional, el CEN le respondió que no hay impedimento legal para que se celebre la elección.
Sin embargo, agrega que si el Comité Directivo Municipal, como órgano colegiado, hace una solicitud formal al CEN para que se suspenda la elección, se puede proceder de esa manera y la elección se realizaría hasta agosto del 2015, y hasta ese día Contreras Herrera podría continuar al frente del PAN en Juárez.
El próximo miércoles el tema será puesto a consideración de todos los integrantes del Comité Directivo, que tendría que aprobarlo por mayoría, aunque no son pocos los que consideran que Hiram no tiene los votos suficientes para lograr ese objetivo, por lo que consideran que el 9 de noviembre habrá votaciones. Al tiempo.

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Por cierto, entre panistas corre fuerte el rumor de que quien no haya de que clavo agarrarse para continuar con su carrera política es la ex diputada federal y ex candidata de de ese partido a la presidencia municipal, María Antonieta Pérez Reyes.
Comentan que hasta con personajes ajenos a Acción Nacional anda consultando de qué manera hacerse de la candidatura plurinominal para regresar a la Cámara de Diputados, donde cree que hizo un buen papel, principalmente con su enfrentamiento a la empresa Gas Natural de Juárez.
Sin embargo, muchos panistas consideran que en su partido va a estar muy difícil que vuelvan a postularla, porque luego de la campaña a la alcaldía Pérez Reyes generó muchos resentimientos, sobre todo por la designación de candidatos “ciudadanos” a regidores.
Militantes albiazules señalan que no trabajarían una vez más para ella porque no quieren repetir la amarga experiencia de que luego los ignore y lleve a ocupar cargos públicos a personas –José Luis Aguilar Cuellar y Evangelina Mercado Aguirre– que ya como regidores han demostrado claramente que tienen una agenda particular y no representan los intereses del partido y ni siquiera a los ciudadanos de Juárez.

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Dicen que al que traen entre ojos las instancias fiscalizadoras –Sindicatura, Contraloría y el Ayuntamiento–, es al tesorero Juan Miguel Orta Vélez debido a que detectaron que a la empresa Australian Cartography México S.A. de C.V., constituida en la ciudad de Chihuahua, pero con domicilio en esta ciudad en Av. 16 de Septiembre 106 Suite 412 del Edificio del Centro Joyero, se le han adjudicado diversos contratos, pero todos ellos por licitación restringida, sin que haya algún otro participante.
Como ejemplo mencionan un contrato de fecha 27 de enero del presente año por un monto de 4 millones 930 mil pesos y se pretende que hoy lunes se le asigne a la misma empresa un contrato por 1.4 millones de pesos.
Las especulaciones son en el sentido de que Orta Vélez supuestamente lleva mano en esos contratos y por ello ha hecho todo al alcance de su influencia al interior de la Administración Municipal para que las licitaciones sean exclusivas para ACM, acrónimo utilizado por esa compañía.

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En una verdadera hazaña se ha convertido para los automovilistas circular por ciertos sectores de la ciudad, sobre todo desde que inició el ciclo escolar en las escuelas de educación básica, cuya actividad es la que genera el mayor tráfico de automóviles, pero, sobre todo, por las diversas obras que desarrollan las diversas instancias de Gobierno.
La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) detectó al menos nueve puntos en los que la problemática vial es muy grave, entre los que se encuentran avenidas como la Tecnológico, Heroico Colegio Militar, De las Torres y Valle del Sol.
Otros puntos conflictivos son Miguel de la Madrid entre Manuel Talamás Camandari y Libramiento Independencia y en Enrique Pinoncelly justo a la altura del par vial Piña y Uva. Además se registran problemas en la avenida De las Industrias y Antonio J. Bermúdez; sobre Santos Dumont, entre carretera Panamericana y el Eje Vial Juan Gabriel; en Lucha y Triunfo, entre el Eje Vial Juan Gabriel y el Camino Real; al igual que sobre la Santiago Troncoso.
Qué bien que las autoridades de Tránsito se hayan dado a la tarea de ubicar los puntos de mayor conflicto, pero la tarea no debe quedarse en el diagnóstico, como ha ocurrido en otras ocasiones. Es necesario que se tomen las medidas pertinentes para que los usuarios de las vialidades y cruceros antes mencionados, vean minimizados en la medida de lo posible los problemas que les representa circular por esas zonas.
Además, sería conveniente que diseñaran un mapa en el que proporcionen información de las rutas alternas para desfogar el tráfico y evitar los nudos viales citados con anterioridad.
Para los vecinos de algunos sectores, como la calle Valle del Sol, son pocas las alternativas, si es que las hay, por lo que es justo que en lugares con tales características se coloquen agentes que ayuden a controlar el flujo vehicular, al margen de lo que indiquen los semáforos y otros señalamientos de vialidad que no están programados para atender situaciones extraordinarias sino el tráfico fuera de las horas pico.
Estas medidas deben aplicarse con carácter urgente, ya que no son pocos los problemas que enfrentan los ciudadanos que sufren por los embotellamientos, desde llegadas tarde al trabajo y a la escuela, estrés por permanecer mayor tiempo al frente del volante sin poder avanzar o hacerlo de manera muy lenta, entre otros.

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El primer frente de obra del Programa de Movilidad Urbana que se terminó fue el del viaducto Díaz Ordaz, conocido tradicionalmente como el Arroyo Colorado.
Esa vialidad recobró vida luego de que fue restituido en su totalidad el concreto antiguo, que ya estaba muy dañado por uno nuevo y de mejor calidad, como parte del PMU.
Sin embargo, desde hace una semana, esa vialidad, utilizada principalmente por quienes viven al surponiente de la ciudad para trasladarse al Centro Histórico y a las colonias del norte de la ciudad, se ha convertido en un arroyo de aguas negras y hasta ayer nada se había hecho por parte de las autoridades correspondientes para solventar el problema.
Con justa razón, los vecinos que habitan a los costados del viaducto se quejaron ante Los Reporteros por los malos olores y el peligro sanitario que representa, sobre todo para los niños, el que esa agua corra al aire libre.
La Junta Municipal de Agua y Saneamiento atribuye esa problemática a que los habitantes del poniente, en la parte que tiene su origen el viaducto, destaparon las alcantarillas durante los días en que se presentaron las lluvias con la finalidad de que el agua ingresara a los colectores, provocando que se azolvaran y los taponamientos provocaron que las aguas negras salieran a flote.
Habrá que esperar que entre las medidas para resolver ese inconveniente no se encuentre el levantamiento de la carpeta de concreto que recién colocaron.

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Un problema muy delicado en la ciudad es el que dio a conocer hace unos días la Comisión Federal de Electricidad (CFE): que en la ciudad alrededor de 10 mil familias están colgadas a la red general de energía eléctrica, conectadas con “diablitos” a cables que no cumplen ningún requisito técnico y con postería en similares condiciones que representan un gran peligro para quienes hacen uso de ellos.
Los principales riesgos son los incendios por sobrecargas y el electrocutamiento de los habitantes de las viviendas conectadas de manera ilegal, por lo que la CFE mantiene una labor permanente con 30 cuadrillas para desconectar a los usuarios en esas condiciones.
Para la paraestatal, esos operativos para eliminar a los “colgados” tienen una doble finalidad: proteger la vida de las personas y evitar la fuga de energía, porque esas conexiones irregulares representan pérdidas anuales por 10 millones de kilowatt/horas, que equivalen a entre 5 y 7 por ciento del total del consumo de electricidad en esta frontera.
Tan sólo en los fraccionamientos de Riberas del Bravo y los poblados del Valle de Juárez se detectaron unos 22 mil 500 usuarios conectados de forma irregular o que cuentan con medidores alterados, que se han ido desconectando.
El problema es que al tiempo que se elimina un “diablito”, surge otro. Es un cuento de nunca acabar, no obstante que la gente sabe de los riesgos que implica “colgarse” de la red sin autorización.

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