LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Al aproximarse las elecciones para renovar la dirigencia de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, los ataques en contra del actual dirigente, Rigoberto Machado, se han acentuado con la finalidad de evitar que continúe en el cargo, en el cual tiene ya 17 años.
Desde la semana pasada se publicó en El Diario un desplegado firmado por María Elena Galicía, ex empleada de la Secretaría de Salud, en la que entre otros señalamientos, acusó a Machado de peculado, tráfico de influencias y nepotismo, esto último por tener 22 familiares trabajando en la Secretaría de Salud con sueldos que ni siquiera los médicos tienen. Entonces, dijo que tenía las pruebas y que las daría a conocer.
Ayer, en otra inserción pagada contenida en estas páginas, Galicia exhibió nombres y sueldos de las personas que dice están emparentadas con el líder sindical y trabajan para la Secretaría de Salud.
Entre los nombre que dio a conocer se encuentran el de Edgar Estali Machado Pizano, hijo de Rigoberto, quien ostenta el cargo de auxiliar y percibe un salario de 29 mil 353 pesos. Asimismo, menciona a Carmen Catalina Rocha Machado (sobrina), quien devenga un sueldo de 26 mil 389 pesos como enfermera, y a Martha Hayde Pizano Ledezma (esposa) quien también es auxiliar y percibe honorarios por 12 mil 438 pesos, entre otros.
Ante esas acusaciones, Rigoberto Machado dijo que las acusaciones responden al interés de Galicia Alatorre por llegar a la dirigencia sindical o colocar ahí a alguien de su confianza.
Señaló que está siendo difamado y por ello ya prepara una denuncia penal en contra de su acusadora, la cual presentará en los tribunales competentes.
Otro que está en medio de esta batalla al interior del sindicato de la Secretaría de Salud es Pedro Máynez, abogado de ese organismo gremial, quien ya tiene una denuncia por peculado y ejercicio indebido de su cargo. Galicia aseguró que lo que sigue es presentar una también contra Machado.
Las elecciones en la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud son hasta noviembre, por lo que seguramente el golpeteo entre quienes tienen interés en participar por algún cargo se incrementarán con el paso de los días. Los Reporteros estarán pendientes de lo que ocurra.

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Aunque muchos toman con optimismo el anuncio de que ahora sí se desarrollará el Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Ciudad Juárez, luego de que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado y de que se concretó la compra de casi la totalidad de los inmuebles de la calle Mariscal en el corredor que va del Malecón a la 16 de Septiembre, también hay quienes toman esa información con las reservas del caso.
Y es que como dice el refrán: la burra no era arisca… Pero el hecho es que ahora el Gobierno local pretende vender parte de esos terrenos a empresarios para levantar centros comerciales de alto nivel en sustitución de las decenas de bares y cantinas que había en esa zona, considerada el corazón histórico de la ciudad, y en el mediano plazo –unos 13 años– comenzar con los trabajos para dar una nueva cara a ese sector.
Desde hace muchos años se ha planteado la idea de generar un corredor turístico que abarque la zona centro de El Paso con continuidad hacia su parte gemela en Juárez. La cuestión es que de aquel lado se han visto trabajos en ese sentido y acá en Juárez, hasta la fecha, todo han sido promesas.
Es cierto que aquí, durante los ocho años que han durado las negociaciones con los propietarios de los predios y edificaciones, las autoridades han enfrentado problemas por propiedades intestadas, ausencia de dueños y cambios de administraciones. Además, el aspecto que durante ese periodo ha guardado el sector, similar a la devastación que deja una guerra, ha favorecido el que la gente no crea que sí se va a hacer algo por mejorar las condiciones de esa zona.
Y no se trata de que todo quede en manos de las autoridades. En El Paso ha sido determinante el involucramiento de los empresarios locales para revitalizar su Centro, aquí tiene que suceder algo similar, con acciones concretas, no en papel ni en discursos, que la gente vea avances reales como las ve del otro lado y entonces, seguramente, otorgará su aval para realizar esos cambios.

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Tan bien que le salió al gobernador César Duarte el evento de toma de protesta del consejo directivo del la Asociación de Correccionales de América (ACA), capitulo México, como para ofrecer al final una declaración que muchos consideran desafortunada: “Los penales deben ser centros para castigar y no para readaptar”.
Ese día, el sábado, hasta fue ensalzado por el director ejecutivo de esa organización norteamericana, James A Gondles Jr., quien dijo: “César Duarte no sólo es el más grande de los gobernadores de México y de Estados Unidos, es el mejor gobernador del mundo por haber logrado la acreditación de todas las penitenciarías del estado que gobierna”. Además fue nombrado Presidente Honorario Vitalicio de ACA,
Hasta ahí todo iba bien, pero en su discurso el mandatario expuso su teoría del castigo frente a la idea de la readaptación de los reos, idea que fue reforzada por el fiscal general, Jorge González Nicolás, quien añadió que “quienes salen de los penales en la mayoría de los casos solamente lo hacen para delinquir de nuevo, por lo que la idea de readaptarlos se queda solamente en el aspecto filosófico… en realidad tiene que haber una definición en el sentido de que tienen que ser considerados como lugares en los cuales se castigue a un criminal, por un daño que le hizo a la sociedad”.
Las reacciones no se hicieron esperar. José Martínez Fraustro, ex presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, quien declaró que el propio nombre de los Centros de Readaptación Social (Ceresos) habla de la naturaleza de esos sitios, la cual está contenida en el artículo 18 de la Constitución Mexicana, por lo tanto consideró esa intención violatoria de la propia Carta Magna. Coincidió en esos términos el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz.
Incluso empresarios chihuahuenses señalaron que más que alejarse de la idea de la rehabilitación de los internos en los penales se deben reforzar las estrategias en ese sentido.
El presidente de Coparmex-Chihuahua, Ignacio Manjarrez Ayub, señaló ayer que lejos de cambiar el esquema de rehabilitación a los centros penitenciarios, se debe reforzarla e incluso ver la posibilidad de abrir centros laborales en los reclusorios para que los internos sean productivos y logren su mantenimiento económico y el de su familia.
Total, la polémica está sobre la mesa y seguramente continuará siendo tema de controversia en los tiempos por venir.

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¿Cuál es la importancia de que los ciudadanos elaboren un testamento para dejar claro a quién le van a heredar sus posesiones, sean pocas o muchas? Ese documento evita problemas que en algunos casos han llevado a litigios entre familiares, que en ocasiones tienen como consecuencia años de espera para poder hacer uso de las propiedades intestadas o incluso se llega a enfrentamientos que han provocado hasta muertes.
La realidad es que menos de la quinta parte (tan sólo 16%) de las personas designa herederos antes de morir, motivo por el cual se promueven en promedio poco más de 9 juicios diarios (3 mil 348 al año) por falta de un testamento.
Por esa razón, las autoridades de todo el país, y Chihuahua no es la excepción, le dedican todo un mes –septiembre– a promover la elaboración de testamentos. Para ello y en acuerdo con los colegios de notarios, los costos para la realización de ese trámite, tan necesario, se reducen considerablemente, tan sólo 1500 pesos más IVA.
Sólo queda esta semana para aprovechar las ventajas del mes del testamento, por lo que Los Reporteros sugieren a quien no lo haya hecho, que se acerque a su notario de confianza o pregunte ante las autoridades estatales, los requisitos para cumplir con ese requisito.
Hay que recordar que nadie tiene la vida comprada, por lo que este trámite no es sólo para personas de edad avanzada y tampoco para aquellos que tienen muchas posesiones. Todos deben hacerlo si desean, al morir, ofrecer seguridad jurídica a sus seres queridos.