Raymundo Riva Palacio
Analista político
Distrito Federal- En sólo tres días, Iguala se presentó como el microcosmos del México real. La policía municipal resolvió a tiros la toma de camiones por parte de normalistas y mató a tres estudiantes, un ama de casa, un chofer y un futbolista del equipo “Avispones” de Chilpancingo, de Tercera División. La Policía Municipal actuó junto con civiles armados que, según las primeras investigaciones federales, pertenecen a la banda criminal “Guerreros Unidos”. Iguala es una expresión de anarquía, debilidad institucional y, finalmente, ausencia de gobierno. ¿Cómo es esto posible a 190 kilómetros de la ciudad de México, el corazón político, económico, policial y militar de la nación?
La pregunta debe hacerse directamente al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, financiero y protegido del gobernador Ángel Heladio Aguirre, quien de acuerdo con las autoridades ha permitido que en la descomposición de Iguala tomen el poder las bandas criminales. Las autoridades federales están investigando sus posibles vínculos con “Guerreros Unidos”, surgido en 2011 de la diáspora del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que opera en Guerrero, Morelos y disputa el estado de México con La Familia Michoacana.
Abarca Velázquez, recuerdan los igualtecos, vendía sombreros en el mercado, de donde pasó a joyero y más adelante propietario de comercios. ¿Cómo obtuvo todo lo que tiene? ¿De dónde salieron los recursos que inyectó a la campaña para gobernador de Aguirre? Los investigadores federales quieren saber si Abarca Velázquez es parte orgánica de la delincuencia organizada, o es víctima del fenómeno que azota a presidentes municipales en todo el país. La conclusión de esas investigaciones será determinante también para el gobernador, que le ha servido como paraguas de protección.
Las autoridades federales hace tiempo que perdieron la confianza en Aguirre. No confían en su gestión política, ni en su capacidad administrativa. Iguala lo colocó una vez más en el límite de la paciencia, y con formas cada vez menos sutiles sobre la ocupación de un poder que él no ejerce.
Desde el sábado pasado, el Ejército tomó la seguridad pública en Iguala, y forzó a que la Pprocuraduría estatal llamara a declarar a los 280 policías municipales de Iguala para esclarecer los sucesos del viernes. Como resultado de las primeras averiguaciones, 22 fueron encontrados presuntos responsables del asesinato múltiple, que rompió el frágil equilibrio social que se vive en el estado.
“La maldad intrínseca, pura y manifiesta con que policías de esa ciudad abatieron a balazos a tres estudiantes normalistas la noche del viernes junto a otras tres personas, refleja la profundidad que ha alcanzado en Guerrero la pudrición que carcome por dentro el orden institucional y la vida pública”, escribió este lunes en su habitual columna el reconocido periodista y escritor, subdirector del periódico El Sur, Tomás Tenorio Galindo, “porque no fue un salvajismo fortuito, inesperado o accidental el que cobró tantas vidas inocentes, sino un acto de barbarie deliberado, ordenado y ejecutado a conciencia por individuos y policías sin alma”.
Lamentablemente para todos, no es un tema que se circunscribe al ámbito de lo moral. La putrefacción institucional, que señala Galindo, afecta la vida pública en Iguala y dibuja el país que todos vivimos. ¿Policías municipales en operaciones de represión acompañados de sicarios del narcotráfico? ¿En que mundo vive el alcalde Abarca Velázquez? ¿En cuál el gobernador Aguirre? Habitan el mundo que se les permite y tolera.
Hace tiempo hay un cáncer en Guerrero. Uno de los secretarios de Estado más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto admite que, peor que Michoacán en sus momentos más álgidos y violentos, es Guerrero. Pobreza, marginación y una larga historia de violencia, son acompañadas por la beligerancia de sus líderes y organizaciones sociales, el activismo de la Iglesia y los maestros, el radicalismo ideológico de sus guerrillas, y la impunidad con que se maneja el narcotráfico. La mezcla es tóxica cuando no hay gobierno ni autoridades intermedias, o estas, hipotéticamente hablando, son parte consciente del desgobierno. Iguala es el botón de muestra.
Galindo lo dibujó en El Sur: “Es imposible que una operación policiaca de esas proporciones haya sido emprendida por la exclusiva iniciativa de los policías municipales, sin que mediara una orden de sus superiores, y es obvio que tal orden llegó al ámbito municipal desde el gobierno del estado… El hecho de que la policía de Iguala se encuentre oficialmente dentro del esquema de Mando Único, por lo cual el Gobierno del Estado asume el control de las corporaciones municipales, obliga a preguntar quién en Chilpancingo dio las órdenes a la policía de Iguala… en qué consistieron esas órdenes, y quién las recibió e impartió en Iguala. Alguien finalmente ordenó disparar a los estudiantes. ¿Quién fue?”
De acuerdo con los testimonios, la decisión de la policía fue unilateral: disparen a matar. No sólo para ellos, sino también para los sicarios de “Guerreros Unidos”, que este viernes trabajaron para el gobierno municipal. A la pregunta de quién fue el responsable intelectual de la orden, sigue la explicación que tiene que dar el alcalde del porqué autorizar una acción letal y porqué un grupo delincuencial trabaja con la policía. Aguirre no está al margen de estos hechos. Abarca Velázquez es cercano a él, y lo ha protegido. Deslindar responsabilidades no basta. Tiene que explicar cómo fue posible que Iguala llegara al punto de parecer un narcomunicipio sin que el gobernador extirpara ese cáncer que también lo enfermó.