LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Ahora resulta que la falta de equipo en el Instituto Mexicano del Seguro Social no se limita al Hospital General de Zona 6 sino que prevalece en los tres hospitales y una de sus unidades de medicina familiar, las cuales funcionan con equipo obsoleto o carecen de él.
Fueron las autoridades sindicales las que finalmente decidieron dar a conocer las carencias que presentan los hospitales y clínicas del Seguro.
Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario del Interior del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, dio a conocer un listado en el que asegura que un tomógrafo del Hospital Regional 66 está descompuesto desde hace 5 años, que no funcionan las únicas 10 cunas térmicas del hospital 35 y que 2 incubadoras de traslado tampoco están operando, además de 10 lavacómodos de este mismo hospital están fuera de funcionamiento.
Agrega que en la Unidad de Medicina Familiar 65, ubicada en la colonia Manuel Valdez, el aparato de Rayos X fue dado de baja al igual que las 2 unidades dentales que también fueron dadas de baja, aunque se siguen utilizando, entre otras cosas.
El funcionario gremial dijo que decidieron dar a conocer estos hechos porque es algo inaceptable, porque se requiere de manera urgente una reposición inmediata del equipo, ya que las condiciones que guarda se reflejan en la calidad de la atención que se brinda a los pacientes, lo que puede provocar problemas médicos mucho más graves.
No obstante la urgencia señalada por Rivera Villarreal y que es obvia en hospitales con una demanda de servicios de salud tan grande como lo son los hospitales y clínicas del IMSS, directivos de esa institución señalaron que será hasta 2015 cuando se reparará lo que corresponda y se restituirá el equipo que ya cumplió su ciclo de vida.
Y no sólo eso. Arturo Reyes Levario, jefe de Prestaciones Médicas, responsabilizó a los directivos de las clínicas por las deficiencias antes citadas. Señaló que son ellos los que marcan las prioridades de las unidades a su cargo.
Y muy digno dijo que ellos no trabajan en base a manifestaciones o plantones, sino en base a procesos para que los hospitales y unidades de medicina familiar den el servicio adecuado. Pues es claro que esos procesos y los encargados de ejecutarlos no están dando resultados.
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Al trascender públicamente que dos empresas, Comercializadora Fluz y Gofebi S.A. de C.V., son dos de las principales proveedoras del Gobierno Municipal ya que se les han adjudicado de manera directa contratos hasta por 4.2 millones de pesos, surgieron versiones de que esas compañías están vinculadas con Fernando García Gómez, quien de acuerdo con una denuncia pública que circula en Internet, mantiene una relación personal, nada más y nada menos, que con la directora de Recursos Materiales, Lizbeth Gabriela Corral Limas.
El hecho cobra relevancia, además de la posibilidad de tráfico de influencias, porque tan sólo esas dos empresas manejan casi la quinta parte (4 millones 283 mil 559.40 pesos) del monto total de adquisiciones (21 millones 130 mil 444.42), arrendamientos y contratación de servicios que realizó durante el primer semestre (octubre a marzo) la Administración Municipal, de acuerdo con información oficial, publicada en el apartado de transparencia del portal del gobierno local.
Mientras que Comercializadora Fluz tiene como giro la proveeduría de equipo de telecomunicaciones, aparatos electrónicos, copiado, cómputo y sus accesorios, Gofebi suministra uniformes, bordados, serigrafía y artículos promocionales.
La Administración Municipal rechazó que el Municipio privilegie a las empresas antes citadas. El oficial mayor Alfredo Aguirre Carrete dijo que la información en la que se sustenta esa afirmación fue sustraída de computadoras de la dirección de Recursos Materiales y publicada en un blog en la red de Internet.
Agregó que se descubrió a quienes robaron esa información, se trata de dos empleados del área antes citada, los cuales fueron despedidos y se analiza la posibilidad de proceder penalmente en contra de ellos.

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Los Reporteros ya habían hecho referencia el pasado 25 de septiembre que entre empleados de la Oficialía Mayor del Municipio despertó suspicacias el notable ascenso de Lizbeth Gabriela Corral Limas, quien fuera diputada suplente de Enrique Serrano y lo sustituyera en su curul cuando éste se lanzó a la candidatura para alcalde.
Se dijo entonces que no obstante que el oficial mayor debe presidir el Comité de Adquisiciones, es ella quien está al frente de ese encargo y que de tener un modesto escritorio en un módulo, de pronto se le construyó una oficina exclusiva, con paredes de cristal que aíslan el ruido, pisos de madera y refrigeración para ese espacio, lo cual contrasta con el resto de las instalaciones de la Oficialía.
Desde entonces se dijo que es ella quien se encarga de manejar las licitaciones favoreciendo a empresas “amigas” y que hasta los cumpleaños les ha celebrado en sus oficinas a los proveedores que son muy “cercanos”. Ahora resulta que son más cercanos de lo que se suponía.

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¿Quién o qué instancia podrá meter en cintura a quienes desarrollaron la obra del distribuidor vial Sanders? Porque es un hecho que la calidad de esa obra no responde a lo que se anunció a finales de 2012 cuando iniciaron los trabajos en esa estructura ubicada en el cruce del eje vial Juan Gabriel y Sanders.
El retraso en la ejecución de los trabajos, planeados para un año y que se incrementaron hasta 22 meses, y las adecuaciones que se le tuvieron que hacer por fallas muy obvias, elevaron el presupuesto de 180 millones de pesos a más de 273 millones, implican una responsabilidad que a nadie se le ha hecho pagar.
Pero, además, el que a pesar de todas esas mermas antes expuestas, a seis semanas de que se abriera al tráfico vehícular ya en dos ocasiones se haya despegado la carpeta asfáltica y que la pintura con que se cubrió el puente se haya desvanecido con la lluvia, son situaciones que hablan de negligencia y corrupción.
Si ya una vez las autoridades municipales dieron una muestra de dignidad al no aceptar las obras por las fallas que presentaban, es urgente que retomen esa actitud y realicen una inspección a fondo para verificar que ese distribuidor no representa un riesgo para sus usuarios.
Porque si así están las cuestiones de forma, ¿qué confianza puede haber en los aspectos estructurales de esa obra?

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La pugna que surgió entre regidores panistas y la Administración Municipal debido a que no se tomaron en cuenta 22 observaciones que habían hecho los primeros, quedó en nada. El Ayuntamiento acordó aprobar las tablas de valores para el cobro del Impuesto Predial sin realizar modificaciones para el próximo año y tomar en cuenta durante el 2015 las propuestas que presentó la fracción del PAN para aplicar ajustes a la alza en zonas beneficiadas por el Programa de Movilidad Urbana, el Camino Real y las modificaciones al Plan Parcial San Jerónimo.
Y aunque aparentemente lo anterior implica que no habrá aumentos al Impuesto Predial el próximo año, todo indica que sí habrá, al menos para los bienes inmuebles que sean motivo de compra-venta, porque en esos procedimientos necesariamente se debe actualizar el valor catastral de los inmuebles al aplicar el impuesto de traslación de dominio.
Claro que no es la mayoría la que se va a ver afectada, pero tampoco se puede manejar como una verdad absoluta que no habrá aumento para nadie.

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De la Dirección de Tránsito informaron a Los Reporteros que el titular Óscar Luis Acosta tendrá que hacer frente a un conflicto que existe en esa dependencia antes de que le explote entre las manos.
Dicen que existen fricciones ya muy graves entre todos los comandantes y jefes de distrito contra Jesús Echeverría, ex jefe de peritos en la anterior administración, quien hoy tiene un cargo de coordinador y, según la contraparte, es el que le lleva todos los chismes de quién llega tarde, quién paga y quién cobra cuota, etc., etc. al director general.
Además, aseguran que hay por lo menos tres casos de agentes que afirman han sido acosados sexualmente por Echeverría, y llevaron su queja directamente a Acosta, quien les dijo que presentaran denuncia formal por ese hecho, que sólo así estaría en condiciones de actuar en contra de éste, pero hasta ayer ninguno de los supuestos afectados se ha animado a formalizar su querella. Aunque dicen que hay uno que está a punto, porque se tomaron medidas disciplinarias en su contra cuando se atrevió a hablar al respecto.
Por cierto, trascendió que luego de que se diera de baja en Tránsito al director administrativo, Héctor Sandoval Quesney, quien además fue acusado como posible responsable del delito de peculado en perjuicio de esa corporación, ayer se anunció que Rosa María Félix Ávila, quien fuera muy cercana a Adriana Terrazas Porras fue designada para sustituirlo en el cargo.