DE LOS REPORTEROS
2014-10-22
Es increíble la abulia con la que los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han reaccionado ante la cada vez más grave crisis que enfrentan tres hospitales y una clínica de ese instituto en esta frontera por equipo deficiente o que ya no está en condiciones de uso.
Desde que un grupo de médicos decidió realizar un paro de labores, el pasado 6 de octubre, debido a que los equipos de anestesia del Hospital General de Zona 06 no funcionan y porque trabajar en esas condiciones pone en riego la vida de los pacientes, ya son 400 las intervenciones quirúrgicas que se han suspendido en perjuicio de igual número de derechohabientes.
Pero las autoridades de ese instituto han desdeñado las manifestaciones de los profesionales de la medicina y las denuncias que hiciera posteriormente el sindicato de trabajadores del Seguro Social, al afirmar que no trabajan en base a manifestaciones o plantones.
Deberían decirle a la sociedad que les paga sus salarios en base a qué reaccionan, porque si lo van a hacer hasta que se presenten las primeras muertes por negligencia, la cosa está más grave de lo que se creía en un principio.
Qué fácil resulta para Arturo Reyes Levario, jefe de Prestaciones Médicas del IMSS responsabilizar a los directivos de las clínicas por no reportar las deficiencias en las unidades a su cargo. Aunque resulta todavía más insensata la declaración que con la mano en la cintura ofrece en cuanto a que será hasta 2015 cuando se reparará o restituirá el equipo con fallas o que ya cumplió su ciclo de vida.
Es claro que este problema de salud pública no es prioridad para ellos, como si lo es para los pacientes, y los familiares de estos, que desesperados y algunos hasta desesperanzados, ven cómo les cambian la fecha para ser intervenidos
“Están jugando con nuestra salud”, es una de las expresiones que han recogido Los Reporteros, y describe perfectamente lo que las autoridades de esa institución están haciendo con sus derechohabientes.
El Seguro Social es el principal proveedor de servicios de salud en la ciudad, y por lo que eso representa, desde el alcalde Enrique Serrano, hasta las cámaras empresariales y los organismos sindicales deben presionar para que se solucionen las deficiencias denunciadas, pero ¡a las de ya! Un asunto de tal envergadura no debería postergarse más tiempo.
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El domingo 28 de septiembre se celebró la asamblea mensual ordinaria de los ejidatarios de San Agustín en la que la mayoría de los ahí presentes manifestaron estar hartos de las tropelías y abusos que ha cometido el ex regidor panista y hoy presidente del comisariado ejidal, Héctor Hernández García.
Lo acusaron de aprovechar sus influencias políticas para vender miles de hectáreas de tierra a 1.20 dólares por metro cuadrado y entregar a los dueños originales sólo 90 centavos, es decir, que les hizo gane con el 25 por ciento de lo obtenido por la venta de los predios.
Los quejosos dijeron que no conforme con la ganancia obtenida de la manera antes descrita, pretendía negociar otras 800 hectáreas, lo cual ya no están dispuestos a dejar que ocurra.
Relacionado con esos hechos, el pasado martes 21 de octubre, el Congreso del Estado aprobó de manera económica una iniciativa presentada por el diputado Fernando Rodríguez Giner en la que solicita a la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado lleve a cabo una investigación relativa a posibles ventas irregulares de predios en el Ejido San Agustín.
Al mismo tiempo solicitó que si se desprenden elementos que pudieran llevar a determinar que se cometió un ilícito en esas transacciones, informe al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente.
También pidió se notifique a la Secretaría de Desarrollo Urbano de Juárez, para que verifique si la venta de los predios cumplió con lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio.
Sin necesidad de mencionar a Hérnández, el legislador expuso que se viven hoy en el ambiente agrario malos manejos de quienes tienen bajo su responsabilidad la representación de un ejido y como ejemplo de tal situación está la venta de lotes y fraccionamientos realizada por personas que no gozan de los requisitos establecidos en la Ley ni respetan el debido proceso para hacerlo.
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Ayer, el ex regidor Héctor Hernández difundió un oficio que entregó en la Presidencia Municipal de Juárez el pasado 15 de octubre, dirigido al alcalde Enrique Serrano Escobar, en el que le dice que por acuerdo de asamblea general de ejidatarios tomado por unanimidad el 27 de julio de 2014 hace de su conocimiento que en virtud del abandono, atropello y humillación del que han sido víctimas por parte de su administración, hemos decidido declarar rota toda relación entre Municipio y nuestro ejido.
Reclama la imposición ilegal y arbitraria de los comisarios de policía, que hasta la fecha los tienen sumergidos con persecuciones, abusos, extorsiones y otras vejaciones.
Denuncia el abandono en materia de servicios municipales, y la supuesta manipulación de los programas sociales de los tres niveles de gobierno para que no lleguen a los pobladores de ese ejido a menos de que se identifiquen con el PRI.
Establece que se acordó expulsar al representante del Gobierno Municipal ante la asamblea ejidal, y se le avisa que se abstenga de asistir porque se le negará la entrada.
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Hasta ayer no se había realizado ningún cambio en la administración que encabeza Enrique Serrano Escobar, pero trascendió que las primeras adecuaciones se darán con la creación de oficinas de representación del Gobierno municipal tanto en la ciudad de Chihuahua como en el Distrito Federal.
El alcalde ha dicho ya que para esos cargos de nueva creación no se contratará personal adicional sino que se seleccionará entre quienes ya tienen algún cargo dentro de su gabinete. Y a quienes se proyecta para encabezar esas representaciones están los ejecutivos de proyecto, que aunque Serrano asegura que ellos generan más que (el resto de) la burocracia, la realidad es que los resultados de sus gestiones son desconocidos, no visibles o muy escasos y se les paga muy bien.
Luego de la salida de la administración de Alva Melania Almazán Negrete, sólo quedaron en esas posiciones Carlos Castañeda Echániz, Juan Carlos Alonso Carreón y José Arturo Ramos Andujo. Al único de los tres que se le ve relacionado con alguna actividad pública es a Castañeda, quien está vinculado con el proyecto de transporte semimasivo.
La pregunta que muchos se hacen es si la designación en esos cargos es un premio o un castigo.
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En cuanto a los cambios que pudieran darse en otras áreas de la administración serranista, algunas atienden más a cuestiones político-partidistas que a la necesidad de sanear las dependencias.
Por ejemplo, se menciona la salida del oficial mayor Alfredo Aguirre Carrete, quien se iría como dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI para permitirle a Mayra Chávez postularse como candidata a diputada federal por el Distrito 03, en el que ya fue suplente y entraría a sustituir a la que se enfilaba para esa posición, la ex directora de Desarrollo Social Adriana Terrazas Porras.
Aunque ese distrito, dicen, también lo pelea Juan Ubaldo Benavente, actualmente director de Promoción Financiera y Económica, y el síndico Fernando Martínez Acosta. En ese contexto, comentan que Benavente se decantaría por el Distrito 02.
Del director de Tránsito, Óscar Luis Acosta, se dice que su salida también estaría relacionada con sus aspiraciones a obtener una postulación a una curul en la Cámara de Diputados, aunque no se menciona por qué distrito.
Fuera de la administración, pero también en cargo de gobierno, se habla que el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Fernando Uriarte Zazueta, estaría interesado en ser candidato del PRI por el Distrito 01. Otro interesado por obtener la representación de esa zona es el director de la Coordinadora de Zaragoza, Andrés Quevedo.
De los cambios por necesidades propias del gobierno se insiste en la remoción del secretario de Comunicación Social, Guillermo Terrazas Villanueva; de Eduardo Varela Díaz, director de Desarrollo Urbano, y de sustituir a Benjamín Beltrán Ascencio en la Dirección de Desarrollo Social por alguien que ocupe el cargo de manera definitiva.