Sergio Sarmiento
Analista y periodista
Distrito Federal— La historia nos demuestra que es difícil, si no imposible, prever estallidos sociales o rebeliones. Unos y otras suelen ocurrir de manera imprevista y en circunstancias muy diversas. Pero hoy en nuestro país se están acumulando presiones tan fuertes que parecería que nos acercamos al abismo de la ingobernabilidad.
La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala ha generado masivas movilizaciones de protesta en Guerrero, el Distrito Federal y otros lugares del país. Los ánimos están caldeados. Los manifestantes han tomado casetas de peaje y han bloqueado carreteras. Los maestros de la CETEG destrozaron las oficinas del PRD en Chilpancingo. También un grupo armado de policías comunitarios bloquearon la carretera Chilpancingo-Tixtla, cortando la comunicación entre el centro y la montaña del estado. Un día antes habían vandalizado las oficinas de Guerrero Cumple, un programa asistencialista del gobierno estatal. Ni la policía municipal ni la estatal ni la federal se han atrevido a hacer nada. La autoridad está aterrada.
El país sufre también las consecuencias del paro del Instituto Politécnico Nacional, al cual se han unido otras instituciones educativas. Las manifestaciones por el tema del IPN y de Ayotzinapa han sido constantes. La situación en la ciudad de México se siente tan explosiva que se canceló el clásico juego de futbol americano entre Pumas CU y las Águilas Blancas del Politécnico, que tendría que haberse llevado a cabo este próximo sábado en Ciudad Universitaria. Ninguna autoridad dio la cara o explicó las razones de la decisión.
A lo anterior hay que añadir el caso de Tlatlaya, en el estado de México, en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que 15 personas fueron ejecutadas por miembros del ejército y no ocho como había afirmado con anterioridad la PGR. Ayer el periódico Reforma reportaba la muerte de otros 19 presuntos delincuentes en una serie de batallas ocurridas el 20 de octubre en Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas. El crimen en el país sigue alcanzado niveles inquietantes. Ayer se anunció el hallazgo en Mazatlán del cuerpo sin vida de Aldo Sarabia, un integrante de la banda El Recodo, que había sido secuestrado una semana antes.
El coctel es explosivo y peligroso. El gobierno ha tratado de maniobrar la situación con tranquilidad y conciliación. Por eso salió el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a hablar con los paristas del Politécnico el 1ro de octubre. Por eso la autoridad se ha negado a utilizar la fuerza pública para desbloquear carreteras o impedir actos de vandalismo de manifestantes. Hay la conciencia de que algunos de los grupos que están participando o promoviendo las movilizaciones buscan no sólo una protesta sino provocar una rebelión que lleve a un cambio de sistema político y económico en el país. El gobierno no quiere dar motivo para nuevos enfrentamientos.
El resultado de la acumulación de hechos de violencia y protestas, sin embargo, genera la percepción de que el país se le está yendo de las manos al presidente Enrique Peña Nieto. Quizá sea una idea exagerada, pero la experiencia nos dice que en política la apariencia es a veces tan importante como el fondo.
Las cosas han cambiado de manera radical en apenas siete semanas. El presidente pudo mandar un tuit a fines de agosto diciendo que México había pasado “de un país detenido” a otro “con 11 reformas audaces reconocidas en el mundo”. Pero hoy ese país parece haberse desvanecido. Los retos se acumulan y se vuelven peligrosos. Se está jugando la gobernabilidad.
Privilegio
El gobierno del Distrito Federal no sólo ha permitido que circulen los tianguistas cuando el resto de los ciudadanos con vehículos de más de ocho años no lo puede hacer sino que también les ha prometido créditos especiales. Los demás afectados por el Hoy no Circula no reciben ninguno de estos privilegios.