Luis Javier Valero Flores
Analista político
Inopinadamente, cientos de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se lanzaron a la calle el pasado fin de semana en la capital del estado. Exigían la renuncia de un alto funcionario de la delegación, de Arturo Reyes Levario, jefe de Prestaciones Médicas, debido a la falta de insumos, y le responsabilizaron de la falta de equipamiento e insumos en diversas clínicas del estado, en particular en Ciudad Juárez.
A la manifestación –quizá siguiendo el ejemplo del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien hiciera lo mismo ante las manifestaciones del IPN– salió a dialogar el delegado del IMSS Chihuahua, Christian Rodallegas. Sin embargo, acusó a los agremiados de llevar “exacerbaciones y gritos que no llevan a nada” y defendió a capa y espada al funcionario y adujo haber recibido la delegación en déficit, pero que algunas carencias, denunciadas en la referida manifestación y en otros hechos acaecidos en Juárez, como las denuncias de médicos y enfermeras por la falta de aparatos de anestesia, lo que llevó a la cancelación de numerosas intervenciones quirúrgicas a principios de octubre.
Así, por ejemplo, los cuneros y capas térmicas faltantes en los hospitales juarenses, denunciados por los trabajadores y sus dirigentes sindicales, el delegado informó que se pidieron desde el año pasado, “pero su adquisición fue autorizada para este año”. El proveedor, afirmó, se comprometió a entregar los materiales el 7 de noviembre, y se negó a remover al funcionario de marras.
Las carencias asoman por todos lados, en una situación verdaderamente intolerable, a pesar de una recomendación de la Comision Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) al hospital de zona número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social para que repusiera 10 lavacómodos de los 12 con que cuenta la clínica, esta disposición no fue acatada. (Nota de Josefina Martínez, El Diario, 20/X/14).
Las denuncias por falta de tomógrafos, lavacómodos, máquinas de rayos X, cunas térmicas e incubadoras se extendieron a los tres hospitales generales juarenses y una Unidad de Medicina Familiar (UMF). Pero la beligerancia de los funcionarios denunciados despierta suspicacias. Ante las protestas de los trabajadores (médicos y enfermeras), e incluso hasta de familiares de los pacientes, como cuando el 6 de octubre se amotinaron familiares de pacientes en oficinas del IMSS, Reyes Levario sostuvo que “mantenemos una gestión constante para equipar a los hospitales, no trabajamos en base a manifestaciones o plantones. El trabajo de esta oficina es cumplir con los procesos para que los hospitales y Unidades de Medicina Familiar den el servicio adecuado”.
E informó que el presupuesto de 7 millones 800 mil pesos para esta subdelegación para el presente año ya se aplicó. La última compra realizada fue la de cuatro equipos para anestesia para el Hospital General de Zona número 6.
Y por supuesto, la parte patronal ya planteó su rechazo a tal situación.
No les falta razón en cuanto a estos reclamos pues es absolutamente inexplicable que el principal centro de la industria maquiladora sufra una situación de tal magnitud. Si existen más de 300 mil trabajadores de esta industria, cuyas aportaciones son la parte sustancial de los ingresos del IMSS en el estado de Chihuahua, es absolutamente intolerable que se presente una situación como la ahora relatada. Y más que las respuestas de los responsables de la proveeduría de los materiales necesarios para la atención de los usuarios sean en el tono y rumbo de las aquí anotadas: El presupuesto que nos asignaron ya se gastó, dicen, espérense hasta el próximo año, nos espetan a la sociedad, no solamente a los usuarios de los servicios del IMSS.
Ahora bien, si en el fondo de las controversias relatadas se encuentran móviles políticos ajenos a la atención médica y social de los derechohabientes del IMSS, peor.
Pero hay situaciones que van más allá de lo anterior, los relatos de la falta de 10 cunas térmicas en el Hospital de Zona número 35, por ejemplo, no admite justificación alguna; o la obsolescencia de los equipos de anestesia, con 9 años de servicio, que llevó a la suspensión de decenas de intervenciones quirúrgicas en días anteriores; o la carencia de 67 médicos generales para atender las necesidades de consulta externa en las diferentes Unidades de Medicina Familiar en Juárez.
Esta realidad del “seguro” ha llevado a que 200 mil derechohabientes del IMSS se hayan afiliado al Seguro Popular, según informó Blanca Álvarez, coordinadora de este programa en Ciudad Juárez, al tiempo que informaba que serán dados de baja, del Seguro Popular, los chihuahuenses que se encuentren en tal situación. Realidad tan estrujante debiera llevar a la toma de decisiones –de los funcionarios gubernamentales, no sólo del IMSS, sino los estatales– a fin de cambiarla inmediatamente, son vidas que se nos van de la noche a la mañana, por razones absolutamente inaceptables.