LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Con tal de ganar simpatías, muchos políticos tomaron el tema de las cuotas escolares como bandera de las campañas de sus partidos y como candidatos –la que mantiene de manera permanente el Partido Verde en televisión asegurando que “ellos sí cumplen” es la muestra más clara de ello.
Es una de las campañas más irresponsables que se recuerde, porque le dicen a los padres que no les pueden cobrar, que no se dejen, que esa prohibición ya está en la ley. Pero no les dicen a los directivos de las escuelas de dónde va a salir el dinero para darle  mantenimiento a los planteles escolares.
Apenas ayer se presentó una iniciativa en el Congreso estatal para crear un fondo permanente cuyo fin sea a atender el mantenimiento de los centros educativos.
El autor de la iniciativa es el diputado del PAN Rogelio Loya Luna, quien al presentar su propuesta dijo que durante el verano pasado, ante la intensa ola de calor que se presentó en el estado, fueron innumerables los casos de escuelas de varios niveles tuvieron que tomar clases al aire libre, ante el hecho de que los aparatos de aire acondicionado simplemente no funcionaron porque no hubo recursos para darles mantenimiento.
Explicó que existe el Instituto de Infraestructura Física Educativa, instancia encargada de recibir las solicitudes de mantenimiento de todas las escuelas. Pero "no existe un fondo o al menos no se encuentra definido en la ley respectiva, con reglas de operación claras que permitan una adecuada y eficiente distribución del recurso destinado precisamente a la rehabilitación y mantenimiento de los planteles escolares de Juárez y de todo el estado", indicó.
Por tratarse de un asunto de suma importancia para el desarrollo de la educación en Chihuahua, se propone que el Ejecutivo estudie la viabilidad de realizar una reforma legislativa para que este organismo esté contenido en la Ley del Instituto de Infraestructura Física Educativa, y en su caso tal y como sucede con el fondo de créditos y apoyos educativos ya existente, se establezca que los recursos del fondo se envíen al Congreso del Estado para su evaluación y aprobación, para evitar el uso discrecional de los recursos en perjuicio de quienes menos tienen.
Los Reporteros se pronunciarían porque en lugar de entregar televisiones a las familias, gastando en ello miles de millones de pesos, esos fondos se encaucen a fondos como el propuesto.

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Pero la anterior no fue la única noticia lógica y agradable que trascendió ayer. Luego del amparo concedido por un juez federal a una empresa para frenar la licitación para la fabricación de placas vehiculares por parte del Gobierno del Estado, la Secretaría de Hacienda contempla la posibilidad de que las placas de circulación sean permanentes, lo que ya es una realidad en 29 entidades de la República.
Jaime Herrera expuso que esa medida tendría como objetivo apoyar la economía de los chihuahuenses, debido a que los propietarios de los vehículos ya no tendrían que llevar el proceso de replaqueo cada 3 años, como ocurre en la actualidad, a un costo relativamente alto.
En cuanto al recurso concedido por el juez federal para la suspensión de la licitación, señaló que la empresa quejosa presentó argumentos erróneos y omitió otros de gran relevancia, que no fueron tomados en cuenta por el juez al tomar su decisión. No obstante, esperarán la resolución final, que debe ocurrir a más tardar el 18 de noviembre.

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El coordinador de la fracción edilicia del PAN, José Márquez Puente, salió ayer en defensa de su compañero de partido, el regidor/pastor José Luis Aguilar Cuéllar señalado de haber viajado a Hawai para participar en un evento meramente religioso involucrando recursos públicos a ese fin.
Las versiones que aseguran que Aguilar Cuéllar sí recibió dinero del erario para realizar ese viaje, surgieron de la propia Oficialía Jurídica y del Cabildo, incluso Márquez Puente aceptó que inicialmente solicitó y recibió viáticos, pero los reembolsó. Nos dio un depósito que hizo para el pago del avión y la devolución de un importe que iba a cubrir la administración, pero que devolvió.
Le hicimos la recomendación de que no fuera a involucrar en el costo del gasto del viaje a la administración y hasta donde pudimos observar, no hubo irregularidad porque según el coordinador de la bancada de AN, su compañero pidió un préstamo al municipio de 40 mil pesos para viajar 8 días a Hawái a un congreso religioso y para comprobar lo anterior, entregó copia de los depósitos y de las solicitudes del préstamo a su fracción.
De manera extraña,  ese “inicialmente” se da a conocer cuando el ministro de culto ya se encontraba en Hawai, así es que muy posiblemente ni estaba enterado de lo que acá ocurría y no es fácil realizar las gestiones antes mencionadas desde aquél lejano país, por lo que la duda de que haya recibido dinero oficial sigue latente.

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Extraño resulta que una empresa tan grande y tan importante como Carso, propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, no haya investigado los antecedentes de la empresa fabricante de la tubería de policloruro de vinilo (PVC) que se utilizó en el tramo del acueducto Conejos-Médanos que atraviesa la sierra de Juárez y en la que se han registrado graves fallas.
Una investigación de El Diario descubrió que  la empresa JM Eagle, fabricante de la tubería,  fue encontrada culpable de estafa en una corte federal de Estados Unidos, por la mala calidad de su producto.
De acuerdo con notas publicadas por varios medios de comunicación estadounidenses, entre los que se encuentra la revista Forbes, esa empresa tuvo que pagar 22.5 millones de pesos para resolver denuncias en su contra y extendió la garantía de sus productos por 50 años. Entre los denunciantes se encuentran operadores de agua potable en estados como Nevada, Nuevo México y Virginia.
Si la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y la constructora responsable del desarrollo del acueducto no contaban con esa información, ya pueden ir revisando la alternativa de demandarla también para que restituya la tubería. Si esas instancias conocían los antecedentes de JM Eagle, incurrieron en una irresponsabilidad que los hace copartícipes de las afectaciones causadas a esa infraestructura hidráulica.

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Cuando menos pensó, el gobernador Duarte se encontraba en oficio de pastoreo clerical en la diócesis de la Tarahumara. Acudió a Guachochi para anunciar el nuevo Cereso Estatal de la zona serrana, cuyo objetivo principal es recibir a los infractores indígenas, y de pronto se vio rodeado por el obispo Rafael Sandoval Sandoval y los sacerdotes más visibles de la comunidad religiosa, entre ellos el buen Pato Ávila, amigo de los Baeza y discípulo avanzado de Raúl Vera López, el sucesor de Samuel Ruiz.
Paciente, mano izquierda, más mano izquierda y otra vez mano izquierda, el gobernador escuchó durante dos horas una serie de reclamos presentados por los sacerdotes, sobre injusticias que se cometen en la sierra.
Ni falta hace conocer los detalles, seguro están asociados a los barones del crimen, que se recrean a sus anchas en amplias franjas serranas, alcaldes omisos, chabochis quitacueros y líderes ejidales abusones. En la zona serrana la injusticia es cosa de todos los días.
Duarte escuchó paciente, confiado en que se trataba de un ejercicio catártico, un desahogo para los sacerdotes, pues muchos de esos problemas escapan a su ámbito de competencia. Reportan que al final los dejó pajitas, pero no son pocos los que creen que no será por mucho tiempo, en esa región la Iglesia necesita mantener vigentes los problemas para conservar su influencia.
A propósito del nuevo Cereso, si únicamente recibirá indígenas, una recomendación a juzgadores y abogados; preparen para litigar sobre tres delitos: violaciones, asesinatos y drogas, la constante de las etnias, pero sobre todo deben prepararse con funcionarios bilingües para poder atender adecuadamente los casos.