Pascal Beltrán del Río
Analista
Distrito Federal— Un eslogan político creado durante la crisis que desataron los hechos de Iguala afirma que el ataque a los normalistas de Ayotzinapa –que incluyó el asesinato de seis personas y la desaparición de otros 43– es un “crimen de Estado”.
María Amparo Casar ya se encargó de explicar que crimen de Estado es un concepto de la ciencia política y por qué en este caso no hay tal.
La cito: “Los crímenes de Estado son de destrucción masiva e indiscriminada. Van acompañados de un discurso justificatorio que ‘legitima’ su comisión en aras de un bien mayor. Los acompaña también lo que los criminólogos llaman la ‘negación de la víctima’, esto es, un alegato que señala a las víctimas o a los exterminados como terroristas, agresores, criminales, traidores a la patria, indeseables o cualquier otra patraña. En los crímenes de Estado no se rechaza la existencia de límites al poder; simplemente ‘se lamenta que no puedan ser respetados’ en las circunstancias extraordinarias en las que ‘tuvo’ que ordenarse la masacre. En los crímenes de Estado están involucrados por acción u omisión todas las ramas y órdenes de gobierno”.
Agregó: “Ninguna de estas características está presente en Ayotzinapa. No se ha buscado justificar la masacre, la autoridad no ha negado a las víctimas ni se ha insinuado su vinculación con el crimen organizado, la guerrilla o grupos terroristas. Tampoco se ha argumentado que fue necesario traspasar la legalidad o los límites al poder. Mucho menos podría sostenerse que los poderes Legislativo y Judicial han sido partícipes. Por el contrario, se ha condenado el crimen y se ha iniciado una investigación para dar con los responsables”.
La fijación de señalar al Estado como culpable de lo ocurrido en Guerrero es una forma indirecta de atribuir la culpa al Presidente de la República y funcionarios de su gobierno, a falta de poder atribuirles de forma directa la comisión de hechos.
Uno puede revisar distintos significados que tiene la palabra Estado, desde la Grecia antigua hasta la ciencia política moderna, y casi siempre tropezará con personas.
El Estado es, ante todo, una comunidad. Gente que habita un territorio fijo, libre de control externo, regido por leyes y con gobierno soberano.
Así lo definió Aristóteles: “El Estado es una unión de familias y pueblos cuyo propósito es tener una vida feliz y honorable”.
Para el jurista suizo Johann Bluntschli (1808-1881), el Estado es “el pueblo políticamente organizado de un territorio definido”.
Para el politólogo estadounidense John W. Burgess (1844-1931), es “una porción particular de la humanidad vista como una unidad organizada”.
Para el economista británico Harold Laski (1893-1950), es “una sociedad territorial dividida en gobierno y gobernados, que reclaman una supremacía en su área física”.
Como vemos, el concepto de Estado tiene un componente imprescindible que es la gente.
Atribuir al Estado el crimen de Iguala es, como escribió María Amparo Casar, “producto de la ignorancia, de la deshonestidad intelectual o de algún propósito distinto al de esclarecer los hechos”. Y señalar eso no implica de modo alguno reducir la gravedad de lo ocurrido a finales de septiembre y que aún no ha sido esclarecido.
Sin embargo, sí hay un ámbito de la discusión propiciada por esos hechos donde resulta relevante hablar de Estado.
El ataque a los normalistas, por parte de policías municipales asociados con el crimen organizado o controlados por éste, es un problema que atañe al Estado. Es decir, incumbe a todos los mexicanos, a todas las instancias y niveles de gobierno y a todas las instituciones del país.
No todos los mexicanos pueden ser culpados de los crímenes cometidos en Guerrero, porque los delitos los cometen individuos concretos, a los que, en este caso, habrá que encontrar y procesar.
Sin embargo, los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa –entre muchos otros episodios de la inseguridad propiciada por la ausencia del estado de derecho y la operación de los cárteles del crimen organizado–, sí son un asunto que nos atañe a todos y, por tanto, un asunto que compete al Estado atender.
Lo dijo ayer, con todas sus letras, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, durante la ceremonia de entrega de reconocimientos y ascensos a integrantes de las Fuerzas Armadas en el marco de la conmemoración del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana.
“Dejemos de suponer que los grandes retos que enfrentamos, como la inseguridad y el crimen organizado, son sólo culpa del gobierno”, convocó Cienfuegos. “Esa actitud poco abona. Son problemas de todos y sólo juntos podremos vencerlos. Son problemas de Estado y no de gobierno”.
No lo dice un improvisado o un observador. Lo dice el hombre al mando de una institución que ha tenido que enfrentar en la calle a los criminales, a falta de policías confiables y capaces.
Los militares no quisieran estar en esa lucha, como ya ha dicho Cienfuegos, pero acatan órdenes. Están en la incómoda posición de realizar una función que no es natural para ellos y pocas veces se les agradece.
Asumamos ya que la seguridad es asunto de todos. Es, en efecto, un problema de Estado.