LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

La llamada “ley mordaza” aprobada por el Congreso del Estado pudiera tener corta vida o incluso ni siquiera llegaría a cobrar vigencia si se toman en cuenta las reacciones que ha generado tanto entre organizaciones ciudadanas, especialistas del derecho, medios de comunicación, periodistas e incluso, otras instancias de gobierno.
Teniendo tantos frentes abiertos, el gobernador César Duarte no se va a arriesgar a abrir uno nuevo apoyando la reforma al artículo 28 del Código Municipal dijo que pretende regular la exhibición, difusión y comercialización de imágenes extremadamente violentas.
Entrevistado al respecto ayer durante su visita a esta frontera, el titular del Ejecutivo estatal expuso que la reforma será revisada para hacer recomendaciones, regresarla, vetarla o, en su caso, para publicarla. Aunque el dictamen aprobado no ha llegado a esta instancia, son pocos quienes le apuestan, en el contexto antes expuesto, a que la reforma llegue a ser publicada.
Pero mientras las reacciones en contra se generalizan, la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado defendió ayer la aprobación de la reforma. El diputado Fernando Reyes Ramírez dijo que, si llega a ser publicada, faltaría que los ayuntamientos elaboren los reglamentos para adecuar la ley y luego se tendría que capacitar a quienes calificarían los materiales exhibidos, difundidos o comercializados en base a lo expuesto en la reforma.
Pero en este paso la reforma tampoco enfrenta un panorama propicio, el alcalde Enrique Serrano ya dijo que los municipios no fueron consultados y, además, considera que no es conveniente generar mayor burocracia para vigilar algo tan difícil de determinar y sancionar como cuestiones que ataquen a la moral pública.

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La expresión que ofreciera ayer Gustavo De la Rosa Hickerson desde la Mesa de Seguridad: “cuando creíamos que la calma había vuelto, se nos ha venido el mundo encima una vez más”, pudiera reflejar el sentimiento cada vez más generalizado entre los habitantes del Valle de Juárez, sobre todo porque el ex visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reside en esa zona al oriente de la macha urbana de Juárez.
Y la petición que se hiciera desde ese órgano, en el que están representados diversos sectores de la comunidad juarense, de que se ponga en práctica el mando único, con la policía federal, para El Valle, no suena nada descabellada, sobre todo después de los hechos que se han vivido a últimas fechas en la región, y tomando en cuenta que las heridas por la violencia sufrida por los ciudadanos entre 2008 y 2012 todavía permanecen abiertas.
Pudiera sonar como una medida extrema, si nos remitimos a los antecedentes en cuanto al crecimiento de los índices delictivos mientras la Policía Federal tuvo una presencia masiva en Juárez, pero algo se debe hacer –y ya– para evitar que los grupos delincuenciales conviertan nuevamente la plaza en campo de guerra, con los costos tan altos entre gente inocente.
Una cosa muy cierta es lo expuesto en cuanto a que las Policías municipales de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, e incluso la de Juárez tienen la posibilidad de combatir a los grupos de narcotraficantes que operan en la región –en los dos municipios vallejuarenses los agentes son, si acaso, cuerpos de auxilio vial y civil, no tienen armas ni capacitación–, por ello sería necesario conformar una fuerza especial, con federales o estatales para blindar la zona y devolverle niveles de seguridad aceptables.
El gobernador asegura que la violencia no se ha salido de control. Que le pregunten a cualquier residente del Valle y lo considerará una falacia, como ocurre en poblados de la sierra de Chihuahua.

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Entrarle al ruedo de la política, ya sea desde los partidos o desde la “independencia” de una candidatura ciudadana tiene sus bemoles y Sergio Rivera Figueroa, el único que hasta el momento ha manifestado ante las autoridades electorales su intención de contender como candidato independiente, debe saberlo. De lo contrario, ya se ocuparán desde los partidos o fuera de estos, en dejarle claro que cualquier cosa de su pasado o presente puede ser usado en su contra.
Ayer en la página del PAN en Facebook , el ex regidor albiceleste Gerardo Soto Murillo, puso el siguiente comentario: “Hace unos días, Sergio Rivera y el hijo de José Reyes se registraron como fórmula independiente para la diputación por el Distrito 03. Todo esto como parte de una estrategia orquestada por el grupo de Víctor Valencia, para quitarle al PAN esta curul. El PRI pretende mantener su votación cautiva en este distrito y generar un satélite en la persona de Sergio Rivera para golpear y restarle votos al PAN, recordemos que la diferencia entre Carlos Angulo y Ruth Ayala fue menos de 6000 votos, aunado a esto venderle al elector el mensaje de que las candidaturas ciudadanas son la nueva alternativa ante la falla de los partidos políticos...”.
El comentario va acompañado de dos fotografías. En una están tanto Rivera como su suplente, Diego Alejandro Reyes, y en medio de ellos el priista Víctor Valencia De los Santos, Director General de Administración del programa Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social. En la otra, el padre de Diego, José Reyes, quien fue delegado especial del CEN del PRI en Chihuahua apenas el año pasado, posa frente a un busto de Luis Donaldo Colosio y el logo del PRI Jalisco.
La acusación es muy grave. Rivera está obligado a aclarar lo ahí expuesto, porque no hacerlo implicaría que es cierto y la independencia de su candidatura estaría totalmente desacreditada ante los ciudadanos.

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Pero eso no es todo. Norberto Hernández, quien escribió desde la cuenta norbertohernandez50@hotmail.com, también ofreció a Los Reporteros su punto de vista respecto de la intención de Rivera Figueroa de postularse bajo este esquema.
Comenta, entre otras cosas, que éste fue cesado del único cargo público que ha ocupado –como administrador del Recaudación en el SAT en Juárez–, y asegura que salió acusado de actos de corrupción, hechos por los cuales está abierta una investigación con el número de expediente 2014/SAT/DE398.

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Hablando de candidaturas. Dicen que la alianza del PRI con el Verde sí contempla que la candidatura del Distrito 03 sea para el partido supuestamente ecologista, y para una mujer, pero que la regidora Marcela Liliana Luna Reyes ni se haga ilusiones de que la dueña del partido en el estado, María Ávila Serna, le va a permitir que sea postulada. Ese cargo, dicen que ya dijo Ávila, es para ella ¡y para nadie más!

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Ya los empleados de los Centros de Readaptación Social estatales se habían manifestado por la falta de pago de un bono y el anuncio de que supuestamente el aguinaldo sería menor a lo entregado el año previo. Ayer los trabajadores del centro penitenciaro federal (Cefereso 9) pararon labores para protestar porque no se les ha pagado su aguinaldo.
Si bien en el caso de los empleados estatales es directamente el gobierno el responsable de cubrir esa prestación y aparentemente ya lo hizo, en cuanto a los empleados del penal federal es una compañía privada, RH Cosmopolitana, la que los contrata y tiene la obligación de pagarles la compensación de fin de año.
El caso es que contratados por instancia estatal o federal, pública o privada, el incumplimiento ha sido la constante entre los empleadores de las personas que laboran en los penales.
Las manifestaciones en esos lugares implican un riesgo muy alto, por lo que el incumplimiento en las responsabilidades contractuales, que dan origen a esas protestas, es una irresponsabilidad mayor.

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Ayer el gobernador César Duarte encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra del Hospital de Especialidades y Cancerología que estará ubicado en terrenos del ex hipódromo y galgódromo de Juárez.
Según las autoridades, esa obra será culminada aproximadamente en un año. Habrá que esperar que efectivamente así sea, porque la necesidad de un hospital con esas características urge para una ciudad del tamaño de la nuestra. Pero, además, no es la primera vez que se coloca la primera piedra de una obra de tales dimensiones y luego queda en eso.
Como ejemplo el Centro de Convenciones, cuyos trabajos iniciaron al final de la anterior administración estatal, pero fueron frenados al comenzar la actual y hasta la fecha esa obra sigue en proyecto.
También ayer, fue inaugurada la ampliación de la zona de hospitalización para tratamientos oncológicos pediátricos el Hospital Infantil de Especialidades. Bien por ello.

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Quienes comparecieron ayer ante los regidores del Ayuntamiento fueron el secretario de Obras Públicas, Manuel Ortega, y César Omar Muñoz de Seguridad Pública. A reserva de obtener mayores detalles, el dato que más llamó la atención, es que se le pagan 556 mil pesos anuales a Ernesto Mendoza Viveros por asesorías, pero no hay dinero para hacer obras. Así las cosas.