LA COLUMNA

DE LOS REPORTEROS

Cuando las cosas se hacen al revés, los resultados por lo general son contrarios a los que se esperaban.
Resulta que luego de aprobada la reforma al Art. 28 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, y presionados por las reacciones en contra de esa modificación que se han generado en diversos sectores de la sociedad chihuahuense, el presidente del Congreso local, Rodrigo De la Rosa Ramírez, dio a conocer que en enero realizarán una consulta para determinar si modifican o adecuan el ordenamiento que establece sanciones contra la difusión, comercialización y exhibición de imágenes extremadamente violentas en lugares públicos.
Las consultas para realizar modificaciones a las leyes deben hacerse antes de siquiera plantearse la posibilidad de realizarlas, pero además de que nuestros diputados dieron muestras claras de ignorar ese orden en un proceso legislativo del calado del que nos ocupa, también dejan ver que son cortos de miras. No se trata de complacer a los medios de comunicación o a los periodistas, se trata de un tema mucho más amplio, que es la libertad de expresión y es un derecho que compete a todos los habitantes del estado, no sólo a quienes laboran o son poseedores de un medio. Por lo tanto, si van a hacer una consulta, deben hacerla mucho más amplia, para que verdaderamente refleje el sentir de todos los ciudadanos del estado.
Los legisladores argumentan que atendieron inquietudes de diversos sectores del estado al elaborar esa reforma, pero nunca han dicho qué sectores fueron los que pidieron modificar la legislación respectiva, y el hecho de que ahora pretendan consultar refleja que muy posiblemente ni siquiera eso sea cierto.

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Con señalamientos en contra de la bancada del PAN en cuestiones particulares, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015. Los panistas aprobaron en lo general, pero votaron en contra, en lo particular, de una nueva bursatilización de bonos carreteros por 3 mil millones de pesos, a pagarse con los ingresos de las casetas de San Jerónimo y Ojinaga. Los diputados del PAN consideraron que ese mecanismo compromete financieramente a futuras generaciones y administraciones.
Además se pronunciaron en contra del incremento del presupuesto para la Auditoría Superior del Estado –¿pequeña venganza contra el titular, quien osó regañar al diputado Rogelio Loya Luna?– y lo autorizado para servicios personales, que en total suman casi 450 millones de pesos.

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Con el espectáculo que ayer montaron los diputados del PAN durante la aprobación de la Ley de Ingresos, con el coordinador de la bancada César Jáuregui y Maru Campos como principales protagonistas, queda la sensación que reaccionan de acuerdo a los tiempos. El tema de los cambios en la ley orgánica del Poder Judicial lo votaron animosos, a pesar de la polémica pública, pues les concedieron dos magistraturas; antes, aprobaron a mano alzada y sin observación las cuentas públicas de Juárez, Chihuahua y Delicias, pues les interesaba limpiar a Mario Mata, ex alcalde de Delicias; y hace dos años aprobaron la bursatilización de 15 mil millones de bonos carreteros.
Ayer ocuparon el Congreso envueltos en la bandera de la “congruencia administrativa” para rechazar la bursatilización de tres mil millones de pesos (cantidad cinco veces menor) y condenar la deuda pública del estado. No es su postura la que se cuestiona, es lo acomodaticio –cuando les conviene– o cuando les llegan al precio. Su incongruencia es evidente en asuntos que no admiten interpretaciones diferentes, pero ellos deciden juzgarlos en función de intereses momentáneos.
La ausencia de credibilidad en los gobernantes es uno de los mayores problemas de este país. Con esa conducta, los legisladores albicelestes contribuyen al problema. La maiceada para votar, dejar pasar o suavizar temas anteriores no alcanzó para que cerrasen el año levantando la mano sin preguntar de qué se trata.

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Por cierto, con la aprobación de los presupuestos, el secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, lamentó que por la cancelación del replaqueo dejarán de ingresar a las arcas 50 millones de pesos. En el 2015, la tarifa vehicular tendrá un costo de mil 200 pesos pero ofrecerán un estímulo de 400 pesos a quienes paguen entre enero y marzo, por lo que les costará 800 pesos. Pero, los propietarios de vehículos automotrices deberán pagar, además, 32.70 pesos por la verificación de documentos, 40 pesos de impuesto  universitario y 34 de impuesto para la Cruz Roja. En total costará 900 pesos. Y Herrera quería más, pues ¿qué no se trata de favorecer a los ciudadanos del estado, a menores costos, mayor beneficio a más gente?.

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En donde ya se pusieron de acuerdo para aprobar el Presupuesto de Egresos casi tal cual les fue presentado, en la siguiente sesión ordinaria, es en el Ayuntamiento. Luego de la comparecencia de los directores de las diversas áreas de la Administración, parece que se planchó y sólo habrá ajustes mínimos en cuestiones como reparto de agua y en el Instituto Municipal del Deporte.
Será mañana viernes cuando se lleve a cabo la última sesión ordinaria del año, en la que se someterá a votación el Presupuesto de Egresos del 2015, que contempla un gasto de 3 mil 464 millones de pesos, de los cuales sólo el 17 por ciento será para obra pública, el 83 por ciento restante será para gasto corriente.
El ajuste en cuanto al Instituto Municipal del Deporte ya había sido abordado en este espacio, en lugar de 16 millones de pesos, como se había propuesto originalmente, le serán autorizados 26 millones.
Pero no sólo eso, se había dicho que se le retirarían 40 empleados sindicalizados, pero ayer el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, dijo que ya entablaron pláticas con el Sindicato Único de Trabajadores Municipales para que los trabajadores que ostentan esas plazas permanezcan en esa instancia, aunque se trate de una descentralizada del Gobierno municipal.

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El abaratamiento de las gasolinas coloca a esta frontera en una situación ventajosa que debe ser aprovechada al máximo. Debido al esquema de homologación de precios con las ciudades al sur de los Estados Unidos tenemos en esta frontera la gasolina más barata del país, lo cual provoca una dinamización de la economía.
Se convierte en un atractivo para quienes nos visitan desde el interior del país y que se trasladan por carretera y puede atraer a automovilistas de El Paso y ciudades vecinas, debido a que no obstante que allá el precio también es relativamente bajo, con las fluctuaciones de la paridad peso-dólar, seguro es más barato llenar el tanque aquí.
Esta situación debe ser aprovechada por todos los sectores de la economía, porque alguien que viene a poner gasolina, seguro se queda a comer o se anima a venir al doctor o al dentista, etc., etc.

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¿Tan delicada será la situación financiera del Gobierno del Estado que escalonadamente los trabajadores de las diversas áreas, principalmente las relacionadas con cuestiones de seguridad y justicia, deben parar labores para exigir pago de bonos, aguinaldos y ajustes salariales? Ayer tocó el turno a los empleados del Centro de Emergencias C-4 y del Servicio Médico Forense, tanto en Juárez como en la ciudad de Chihuahua.
Veinticinco operadoras de las líneas de emergencia 066 y 089, y que integran el área operativa del C-4, cerraron el acceso al complejo de seguridad en la capital, mientras en las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales camilleros y médicos forenses pararon labores de manera simultánea.
Situación similar se presentó en esta frontera, unos 30 trabajadores pertenecientes al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, así como otros del área de sistemas de la Fiscalía General del Estado, colocaron cartulinas al exterior de las oficinas ubicadas sobre el bulevar Teófilo Borunda y calle 29. La demanda en ambos casos era la misma: ajuste salarial y pago retroactivo del mismo, correspondiente al 2014.