Sergio Sarmiento
Analista político y periodista
Distrito Federal— La PGR ofreció este 27 de enero su versión de los hechos. Sin muchas sorpresas ratificó la hipótesis que ya había venido manejando según la cual los normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados en Iguala y entregados en Cocula a un grupo de narcotraficantes que los ejecutaron y quemaron. El relato fue presentado por el procurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”.
También sin sorpresas, los líderes del movimiento de Ayotzinapa rechazaron la versión de la PGR. “Repudiamos la forma en que el procurador quiere cerrar el caso” dijo el mismo martes Felipe de la Cruz, uno de los voceros. El abogado Vidulfo Rosales afirmó que “el expediente no se puede cerrar porque no hay certeza científica de que los compañeros hayan sido asesinados en Cocula”. Rosales afirmó que la tesis de la PGR depende de las declaraciones de cuatro criminales y que hay indicios de que éstas se obtuvieron con tortura.
La PGR afirma que su versión se basa en 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones ministeriales y 39 confesiones de implicados. Los voceros del movimiento de Ayotzinapa responden que son testimonios de criminales inducidos por tortura, que no se ha podido identificar por ADN más que a uno de los normalistas y que la PGR no investigó más a fondo el posible involucramiento del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, o del Ejército.
Para mí el tema no es cuestión de dogma. La poca transparencia de los procesos judiciales en México no nos permite a la mayoría tener acceso a los expedientes. Podemos suponer que los peritajes, inspecciones, declaraciones y confesiones son sólidos, pero no tenemos forma de revisarlos. Me inquieta en particular la opinión de académicos, como Jorge Montemayor del Instituto de Física de la UNAM, de que el calor que se podría haber logrado con el fuego descrito por los testigos no podría haber calcinado los cuerpos de los estudiantes. La PGR afirma que otros científicos dicen lo contrario, pero no sabemos quiénes son ni qué criterios utilizaron para su evaluación.
Del otro lado, el movimiento de Ayotzinapa siempre ha parecido más interesado en montar una rebelión política contra el “gobierno neoliberal” que en averiguar realmente qué pasó con los normalistas. Ha mantenido siempre la consigna “fue el Estado” sin importar la información disponible.
Para la resolución de este caso, la PGR debe enfrentar una exigencia superior a la normal. No se trata nada más de contar con pruebas suficientes para convencer a un juez. Quizá esto ya se ha logrado. El cúmulo de testimonios y periciales parece suficiente para demostrar jurídicamente la responsabilidad de la mayoría de los involucrados, a menos que se compruebe que hubo tortura. Pero ahora no sólo hay que convencer a un juez sino también a una nación acostumbrada a cuestionar toda investigación oficial. El caso de los normalistas de Ayotzinapa enfrentará los mismos problemas de la investigación sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Poco importaron las investigaciones y las pruebas acumuladas en 69 mil fojas que llevaron a confirmar una y otra vez la tesis del asesino solitario. La tesis de la conspiración demostró siempre ser más poderosa. Hasta la fecha casi no hay nota periodística sobre el homicidio que no declare que el crimen nunca se resolvió.
Lo mismo pasará, me parece, con el caso de Ayotzinapa. Al final el procurador podrá tener la verdad jurídica y lograr la condena de muchos en el centenar de personas detenidas por su participación en la matanza. Pero la verdad histórica bien puede ser la misma del caso Colosio.
Utilidades históricas
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