Luis Javier Valero
Analista político
Algo deberán hacer los gobernantes actuales para que la acción estelar de la administración estatal, la cobertura total en la educación en los niveles medio, medio superior y superior, guarde congruencia con dos situaciones develadas en el curso de los últimos días, a cual más de preocupantes porque revelan, por lo menos, enormes incongruencias en el aparato gubernamental: El desusado e ilegal traslado de los reclusos del “Ceresito” de Cuauhtémoc (Centro de Readaptación Social Para Adolescentes Infractores, ‘Cersai’) y la deserción escolar en Chihuahua.
Convertida en objetivo central del Gobierno de César Duarte, el abatimiento de la participación de los jóvenes en el crimen organizado, a través de las mayores oportunidades en la educación, los recientes sucesos ocurridos en el Cersai de Cuauhtémoc destaparon una auténtica cloaca y, además, pusieron en entredicho la sensibilidad, si bien de no toda la Fiscalía General del Estado, sí, por lo menos, la de la encargada de la Ejecución de Penas y Sentencias (otra vez) pues, entre los acontecimientos y las declaraciones de los padres de los recluidos en ese penal para menores infractores, motivadas por aquellos, asomaron a la sociedad chihuahuense el enorme descuido, menosprecio y hasta olvido de los más elementales sentimientos de solidaridad para con quienes tuvieron el infortunio de caer en uno de esos centros.
Eje de la política gubernamental –hasta hace dos sexenios, por lo menos en el discurso– en materia de reclusión de personas en los centros penitenciarios, fue el de la rehabilitación de quienes hubiesen delinquido, de ahí los sucesivos nombres empleados, centros de “rehabilitación”, o de “reinserción” social.
Fracasada esa política en prácticamente todo el país (la “fábrica de delincuentes”, citada por el entonces gobernador Francisco Barrio, “no se detenía”) y convertidos los penales en los centros neurálgicos del crimen organizado, el Gobierno de César Duarte logró asumir el control de los penales en el estado y abatir drásticamente los índices delictivos en ellos.
Bien, si hay un grupo de personas en los que se puede evaluar de mejor manera la eficiencia de las políticas de reinserción social es en los jóvenes infractores, pues por su naturaleza no recibieron penas de perpetuidad, por tanto, con certeza sabemos que, algún día, todos saldrán del penal, y las autoridades deberán –deberían– aplicar una política de pleno salvamento.
Pero la fuga de dos reclusos del Ceresito de Cuauhtémoc nos reveló otra realidad, la de los penales para los menores infractores. Los evadidos tienen 19 y 22 años de edad. ¿Qué hacían al lado de los menores recluidos junto con ellos?
Los jóvenes internados en el Ceresito de Cuauhtémoc fueron sometidos a todas las violaciones a los derechos humanos imaginables: Fueron trasladados sin el conocimiento de sus defensores ni de sus padres a raíz de una fuga que no fue responsabilidad de los internos. Se alegaron razones de seguridad, como si fueran delincuentes de elevada peligrosidad, y las autoridades de la Fiscalía General del Estado argumentaron que se pretendieron realizar todas las maniobras de seguridad pública efectuadas en los penales, con la pequeña diferencia que se trataba de jóvenes.
Aún más, fueron escondidos a los padres, pero luego de que éstos reclamaron, fueron maltratados por los custodios, al igual que los jóvenes. Los funcionarios de los reclusorios les mintieron a los padres, pues adujeron que el traslado de los menores infractores era una medida aprobada por la CEDH, dizque para mejorar la seguridad de los reclusorios y preservar la de los internos. Pero en el camino cometieron diversas tropelías, amén de infinidad de violaciones a los derechos de los internos y, en la práctica, al trasladarlos a los penales de Juárez y Chihuahua, les quitaron la posibilidad de continuar con sus estudios, tal y como lo hacían en Cuauhtémoc.
¿Cuál rehabilitación se pretende hacer con la circulación de los reos? ¿Por qué los evadidos, mayores de edad, convivían con el resto de los internos, esos sí menores de edad?
Las dimensiones de las medidas adoptadas por los funcionarios públicos son enormes. La gran mayoría de los reclusos son de escasos recursos económicos y sus familias ahora deberán emplear más dinero para su traslado y estancia en Chihuahua y Juárez, so pena de abandonar a sus jóvenes.
Las dimensiones de esas tragedias –y el consiguiente reclamo– las ilustró una madre de familia: “Yo no tengo dinero para venir a ver a mi hijo cada semana. Nuestros hijos deben estar donde fueron condenados”. (Nota de Cinthya Ávila, El Diario, 25/I/15).
Pero, además, la reubicación es una medida ilegal, contra ella se ampararán algunas familias ¿Qué caso tiene orillarlas a emplear recursos de por sí escasos?
¡Ah, pero eso sí, el director del Cersai 3 (de Juárez), Gonzalo Díaz Rojero, les aseguró que el traslado se hizo “conforme a derecho”. ¡Ni la burlan perdonan!
No es el único caso de lo que es una concepción gubernamental alejada del inmenso drama vivido por un buen porcentaje de los jóvenes chihuahuenses.
A ella volveremos.