Sergio Sarmiento
Analista político y periodista
Distrito Federal— La Policía Federal impidió el acceso de manifestantes de la CETEG al aeropuerto de Acapulco este 24 de febrero. Los maestros, que habían tomado tubos de metal de una cerca que destruyeron en el Boulevard de las Naciones, agredieron con ellos a los policías. Los agentes aguantaron detrás de sus escudos. Enfurecidos ante la imposibilidad de avanzar hacia el aeropuerto, los manifestantes utilizaron un autobús para embestir a los policías. Siete fueron arrollados. En ese momento, por fin, la policía recibió permiso de responder. El contingente avanzó y detuvo a un centenar de manifestantes. Por lo menos uno de los manifestantes tenía una herida seria en el cráneo. El conductor del autobús usado como ariete, y que resultó herido, fue detenido y se le acusó de tentativa de homicidio. En el momento en que escribo se reportan 12 lesionados. La CETEG afirma que un maestro ha fallecido en un hospital privado.
Todos estamos pagando el precio de haber permitido que las manifestaciones de la Coordinadora afectaran de manera constante los derechos de terceros. Después de meses de bloqueos y tomas de casetas en la Autopista del Sol, el gobierno federal finalmente decidió ya no permitir estas prácticas a partir de diciembre pasado. Todavía se han registrado un par de bloqueos, pero estos actos se han vuelto más raros.
El año pasado una manifestación de la CETEG llegó al aeropuerto, lo cual hace que los líderes consideren esto como un derecho adquirido. En este mismo 2015 el gobierno de Rogelio Ortega en Guerrero liberó a tres normalistas acusados de robo a cambio de la liberación de dos ejecutivos de Coca-Cola secuestrados por la CETEG. Coca-Cola ha suspendido sus operaciones en Chilpancingo desde entonces.
El Estado mexicano está siendo asediado por manifestaciones cada vez más violentas. Los políticos mexicanos han actuado desde hace mucho tiempo con una conciencia culpable. El recuerdo de la matanza de Tlatelolco ha generado una cultura de inhibición del uso de la fuerza pública en contra de movilizaciones, aun en los casos en que éstas recurren abiertamente a la agresión a terceros o a policías. En nada ha ayudado la actitud de las comisiones de derechos humanos, que han cerrado los ojos ante las agresiones de los manifestantes pero han actuado en contra de los policías cuando finalmente han reaccionado.
El presidente Enrique Peña Nieto trató de pretender que nada ocurría. Los costos, sin embargo, se fueron acumulando de manera constante. Los daños económicos a Acapulco y al estado de Guerrero por las movilizaciones y bloqueos han sido enormes. Esta misma semana se está llevando a cabo en Acapulco el Abierto Mexicano de Tenis. En las próximas semanas se realizarán la Convención Nacional Bancaria y ese Tianguis Turístico que Acapulco tanto luchó por recuperar. De seguirse permitiendo los bloqueos del aeropuerto o de la Autopista del Sol, sin embargo, Acapulco simplemente dejaría de ser una opción para este tipo de actividades. Y la importancia turística del puerto se desplomaría nuevamente.
Una vez más debe quedar claro que en un país democrático se permite la protesta pero no las afectaciones a terceros. México ha avanzado mucho en la apertura a las protestas. Somos quizá el país con mayor número de movilizaciones en el mundo, la enorme mayoría de las cuales se realizan sin incidentes. Pero la autoridad debe entender que una cosa es permitir una protesta y otra legalizar las agresiones a terceros.
Profepa politizada
Sergio Gómez Olivier, diputado local panista dueño del Club de los Animalitos en Tehuacán, señala que su zoológico lleva 20 años operando con todas las autorizaciones. Los animales gozan de excelente trato. Incluso la Profepa les llevaba ejemplares para cuidado y tratamiento. En sus instalaciones se han reproducido 300 felinos, récord para América Latina. La acción de hoy de la Profepa surge, dice Gómez, de un intento del Partido Verde por impulsar su campaña electoral.