María Amparo Casar
Investigadora del CIDE
Distrito Federal— Nunca había pronunciado el secretario de Hacienda palabras más certeras: “Tenemos que hacerle frente a lo que es en la actualidad realmente importante para la sociedad mexicana … se trata de una cuestión de confianza”, y “podemos realizar 10 reformas energéticas, pero si no añadimos confianza, no podremos aprovechar todo el potencial de la economía mexicana”.
La mayoría de las definiciones aluden a la confianza como la creencia o presunción (otros dicen la esperanza o seguridad) de que una persona o grupo será capaz de actuar de una cierta manera frente a una determinada situación. En contrario sensu, la pérdida de confianza se da cuando se incumple con la conducta esperada de forma continuada en el tiempo; cuando no hay regularidad o predictibilidad en el comportamiento del otro o la hay, pero en sentido contrario a lo que se esperaba.
Éste es, creo, el verdadero sentido de la pérdida de confianza a la que aludió el secretario Videgaray. Esto es lo que le ha pasado al gobierno de Peña Nieto y a la clase política en general. La gente se siente traicionada en su confianza porque percibe que el político gobierna no para el interés de la mayoría sino para el propio; porque advierte que el dinero público se utiliza no para mejorar su bienestar sino el de los políticos; porque siente que se legisla no para el hombre común sino para el poderoso; porque piensa que la justicia no es un derecho ciudadano sino un privilegio para el que puede pagarla; porque descubre que la autoridad se comporta no de acuerdo a las leyes y a la ética pública sino de acuerdo a la costumbre de la corrupción.
La confianza que ayuda a generar una relación virtuosa entre gobernantes y gobernados simplemente se ha roto y poco o nada se está haciendo por repararla, aunque según el propio Videgaray, el gobierno está consciente de que “…la confianza no se recupera con discursos, no se recupera con palabras, se recupera con hechos, con disciplina y rendición de cuentas…”. La coyuntura es inmejorable para demostrarlo.
En esta misma semana o muy próximamente se estarán votando las leyes de Transparencia y Anticorrupción. Es ocasión de demostrar el compromiso con la máxima publicidad y con la voluntad de tomarse en serio el combate a la corrupción y la impunidad. Para comenzar, habría que despejar las dudas sobre quién está detrás del debilitamiento de las iniciativas para intentar encabezar una coalición en pro de la transparencia y en contra de la corrupción. En caso de no lograrlo, el Presidente puede vetar ambas leyes y dejar en claro quién es quién.
Otra ventana de oportunidad es la que brindan las alarmantes observaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho sobre el abuso y mal uso de los recursos públicos en 2013. De ese informe se desprenden cientos de recomendaciones, pero también habrá denuncias penales y administrativas. A juzgar por la experiencia, la mayoría de ellas quedan en la práctica sin efecto. Para darnos una idea.
De 1998 a 2012, la Auditoría presentó 458 denuncias penales. La gran mayoría (417) en los cinco años de gestión del auditor Juan Manuel Portal. De ellas, 435 están “en integración” del Ministerio Público y sólo siete han resultado en consignaciones. No se sabe por qué 95% de las denuncias están aún en manos del Ministerio Público, pero si de generar confianza se trata, el Presidente podría preguntárselo a la Procuraduría General de la República y sobre todo instruirla para que este “rezago” y el que se acumulará de la cuenta pública de 2013 se conviertan en prioridad.
Aún no se materializa la autonomía que le otorgó la reforma constitucional de 2013, pero ella no es necesaria para mostrar compromiso con la justicia. La red de corrupción en Guerrero, que con ayuda de los medios ha sido destapada, merece la actualización de ese olvidado principio constitucional de que la justicia debe ser, además de imparcial, pronta y expedita. Y, para que no se recurra a eso de la politización de la justicia, pues que se aproveche el caso y se investigue a tantos otros gobernadores sobre los que penden fundadas sospechas.
El gobierno también puede reivindicar la confianza perdida siendo particularmente escrupuloso con los proyectos de infraestructura y las inversiones en hidrocarburos y energía eléctrica en donde se presentarán múltiples oportunidades para reeditar las prácticas de corrupción o, por el contrario, para dar ejemplos de probidad. Todavía no es tarde para indagar lo ocurrido con el tren México-Querétaro y castigar a quien resulte responsable. En todo caso, no estaría mal ofrecer y publicitar un plan anticorrupción para las futuras subastas, concursos, licitaciones o adjudicaciones directas.
Finalmente, pasadas las elecciones, el equipo gobernante podría retomar su gran proyecto de instaurar el sistema de seguridad social universal dirigido a enderezar, aunque sea un poco, el problema de inequidad de este país. La confianza en un gobierno se genera cuando la población percibe que el dinero de sus impuestos sirve para mejorar su calidad de vida, no el bolsillo de unos cuantos.