José Rubinstein
Analista político
Distrito Federal— Fiscalizar a toda entidad que ejerza recursos públicos federales careciendo de la facultad directa para juzgar y castigar a los responsables es dejar el círculo abierto. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano con autonomía técnica y de gestión de la Cámara de Diputados que fiscaliza y elabora el Informe de Revisión de la Cuenta Pública, realiza observaciones, solicita aclaraciones, impone sanciones administrativas, finca responsabilidades, exige la restitución monetaria correspondiente, llegando su potestad hasta la denuncia penal a servidores públicos ante el Ministerio Público.
Dicho de otra forma, la ASF desarrolla el trabajo de investigación, arma expedientes y al tener los pelos de la burra en la mano, le proporciona la documentación íntegra al cuestionado Ministerio Público, para que supuestamente a través de la PGR o la Secretaría de la Función Pública se ejecuten las consignaciones correspondientes. Tras 14 años de revisión de la Cuenta Pública por parte de la ASF, de las escasas 444 denuncias de hechos efectuadas, únicamente se han ejecutado siete consignaciones. En dicho periodo la ASF dispuso para su operación de 12 mil 670 millones de pesos, lo cual significa que cada consignación costó mil 810 millones de pesos. De las citadas denuncias, 421 se encuentran en trámite de revisión, ocho están bajo reserva y otras ocho sin ejercicio de acción penal. Expertos en la materia se han pronunciado por dotar de dientes a la ASF, para así cerrar el círculo y que sea un tribunal autónomo con autoridad el encargado de sancionar en materia de corrupción.
Presenta ahora la ASF la Cuenta Pública 2013 con denuncias plenamente identificables por 56 mil millones de pesos, las cuales quedarán incluidas en alrededor de 150 denuncias penales o de hechos contra funcionarios menores. Dicho por el auditor superior de la Federación: “Los peces gordos no son los que firman… se les puede acusar de deshonestos, pero no de tontos. En el caso de los Estados es peor porque allá las auditorías están prácticamente bajo las órdenes de los gobernadores… Todo mundo hace como que no ve”.
Sólo algunas denuncias de la ASF sobre la Cuenta Pública 2013: ¡El Senado de la República! –recinto de donde salen las leyes– ocultó la forma en que gastó mil 200 millones de pesos asignados a los distintos grupos parlamentarios. Se observaron irregularidades en el manejo de cuatro mil 360 millones de pesos entregados a los estados para ser asignados al Seguro Popular. El SAT condonó de manera irregular mil 123 millones de pesos en favor de cinco grandes contribuyentes a través del programa Ponte al Corriente. Del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal fueron desviados más de 313 millones de pesos asignados para la nómina magisterial. Del programa de laptops de la SEP, 240 mil equipos –defectuosos– costaron dos millones 160 mil dólares más que el precio originalmente pactado en licitación pública. La Sedesol supuestamente destinó casi 397 millones de pesos para la Cruzada Nacional contra el Hambre, sin embargo, las empresas con las que se contrató no existen. Los distintos estados de la República acumularon irregularidades por 67 mil 168 millones de pesos en el ejercicio de recursos públicos federales.
Finalmente, ayer fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción, facultando a la ASF a fiscalizar las participaciones que obtienen los gobiernos locales, así como las deudas adquiridas dejando como garantía los fondos federales. Se prevén sanciones a particulares y a empresas que sean cómplices de faltas administrativas graves. La ASF podrá auditar recursos federales en tiempo real sin esperar hasta dos años para tal efecto y sin estar limitados a secrecía alguna. La ASF podrá auditar fondos y fideicomisos no sólo públicos sino también privados con recursos federales. Se aplicará la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios, mismos que deberán presentar declaración patrimonial y de conflicto de interés.
Se pretende cerrar el círculo dándole mayor margen de maniobra a la ASF a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Que no se cuele la corrupción combatiendo a la corrupción.