La decimasegunda reforma

JAVIER CUÉLLAR

La duodécima reforma, la reforma moral del Sistema Político Mexicano, evadida durante todo lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, fue finalmente aprobada por la Cámara de Diputados con 409 votos favorables del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza; 24 en contra, de algunos perredistas e integrantes de las bancadas del PT, Movimiento Ciudadano y Morena, y 3 abstenciones. El dictamen que modifica 14 artículos de la Constitución se turnó al Senado, para continuar el proceso legislativo.
La reforma tiene como principal pretensión generar una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno con tareas de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y  actos de corrupción, así como con la fiscalización y control de recursos públicos. Constituye un clamor ciudadano largamente acariciado por el pueblo mexicano desde los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo.
Esos fueron, quizás, los regímenes más corruptos que haya padecido nuestro país sin menospreciar el de Felipe Calderón Hinojosa cuando, además de los desesperantes latrocinios, el país se empapó de sangre con más de cien mil asesinatos y una cifra superior a los 25 mil desaparecidos (que de seguro ya pasaron a mejor vida), por causa de la imprudente guerra contra casi todos los narcos que entregó al país entero a los brazos de la delincuencia organizada, provocando la marejada de violencia criminal que a la fecha nos agobia.
Un punto importante de ésta, la decimasegunda reforma del presidente Peña Nieto, es que recalca una serie de nuevas facultades para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a fin de que pueda fiscalizar con mayor efectividad y en tiempo real los recursos federales que se transfieren a los gobiernos estatales y municipales, donde existen serios boquetes que desperdician y desvían a causas ilegítimas los dineros del pueblo.
En realidad, estas prerrogativas ya las tenían desde hace tiempo sólo que diferidas al momento de analizar las cuentas públicas, lo cual pudiera ser hasta dos o tres años después de terminados los ejercicios. Ahora serán en caliente, tal vez con el fin de evitar esos robos en vez de explicar cómo se sucedieron.
Ante esta situación corre el rumor de que muchos gobernadores y presidentes municipales se encuentran un tanto cuanto nerviosos, inquietud que para el líder panista de la Cámara, Ricardo Anaya Cortés, es sana. Él declaró: “El que muchos funcionarios públicos en el país estén nerviosos significa que esta reforma va en serio, y nosotros hacemos un exhorto muy serio, muy contundente, a que nadie se atreva a tratar de detenerla. Porque quien se atreva a intentarlo, va a acabar –literalmente– atropellado por una sociedad que está cansada, que está harta de políticos corruptos, que amasan fortunas inexplicables que, en sólo tres o seis años, alcanzan para que vivan sus hijos y sus nietos”. En realidad este aseguramiento puede llegar hasta su séptima generación.
En cierto modo pienso que esta reforma moral al sistema es en realidad un tanto cuanto blandengue y que las amenazantes gritoneadas del líder de la bancada panista Ricardo Anaya son puro show barato, pues los principales puntos del combate a la corrupción se concretan a lo siguiente:
Primero.- Se propone un nuevo esquema de responsabilidades de servidores públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran. Se trata pues de perseguir también a los cómplices de los robos que se arrellanan cómodamente en las oficinas de sus empresas, es el concepto de la coparticipación que siempre ha existido.
Segundo.- Se prevé un Sistema Profesional de Carrera en todos los órganos fiscalizadores lo cual se traduce en más chambismo, de tal manera que los personeros del sistema quieren eternizarse en sus puestos muy al estilo del senador Javier Corral y de muchos políticos y funcionarios públicos. Esto va a disparar la corrupción.
Tercero.- Se amplía a siete años el plazo de prescripción por las faltas administrativas graves. Este punto en realidad es ridículo comparado con lo que debe ser un sistema de represión criminal que pretenda disuadir a los delincuentes. El hecho de que la prescripción de estos nuevos delitos no podrá ser menor de siete años, introduciendo maliciosamente la idea de que no habrá acto delictivo alguno en la campaña anticorrupción, que supere la protección política de un sexenio cuando las reglas generalmente aceptadas para la prescripción de cualquier delito es que haya transcurrido un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido.
El objetivo que se persigue es que aquellos servidores públicos que incurran en alguna falta administrativa grave, puedan ser investigados y sancionados por una administración distinta de la que ejercían sus funciones. Esto es por aquello de la protección que se brindan regularmente los miembros de toda pandilla delictiva, que es el caso, porque raramente un político ladrón opera solo, siempre tiene cómplices dentro y fuera del aparato gubernamental.
De acuerdo con su naturaleza, todos estos delitos perpetrados contra la administración pública podemos equipararlos al robo y así tenemos que este ilícito se castiga de acuerdo con el monto de lo robado, de tal manera que, dependiendo de la legislación que se analice, las penalidades varían enormemente siempre a favor del delincuente mayor conocido en el medio político como de cuello blanco. Veamos:
I.- Cuando el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el salario mínimo, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien veces el salario mínimo.
II. Cuando exceda de quinientas veces el salario, pero no de mil, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a doscientas veces el salario mínimo.
III. Cuando exceda de mil veces el salario mínimo y hasta el infinito, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el salario.
Es evidente que nuestras leyes penales en general, y la ley anticorrupción no será una excepción, castigan proporcionalmente con mayor dureza al ratero menor que al ladrón al mayoreo pues llega un momento en que pasando lo robado de mil veces el salario mínimo sencillamente sufre el mismo castigo, háyase robado lo que se haya robado, y al respecto de una ley anticorrupción ¿cuál sería la pena que le tocaría a La Gordillo, o a Moreira o al Niño Verde de los dos millones de dólares, y a Bejarano el Señor de las Ligas y a tantos y tantos otros que prácticamente han descuajado el patrimonio nacional?
El mensaje es claro: si vas a robar, pues róbate muchísimo más de mil salarios mínimos, de todos modos es lo mismo, que sea por algo que valga la pena de cuatro a diez años y la pinchurrienta multa. ¡Uta madre, qué efecto tan disuasivo-permisivo de la ley! A los que castigarían severamente sería a los agentes de tránsito o a los funcionarios menores pero a los peces gordos del cardumen de ballenas que nos agobia, prácticamente ni los tocarían. Tal vez por eso existe una vieja conseja popular que dice: “En esta cárcel maldita donde todo es dolor y tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza” (Anónimo).
Otro de los puntos que contiene la famosa Ley Anticorrupción estriba en que el dictamen señala que las declaraciones patrimonial y de conflictos de intereses serán obligatorias en todos los niveles.
Todos los regímenes gubernamentales y todos los partidos políticos, incluyendo al PRI, han lanzado en sus tiempos sendas campañas proselitistas con base en el combate a la corrupción pero en los hechos la lucha contra este mal ha sido francamente débil, como no queriendo la cosa. Es fácil para muchos entender el motivo: la función pública carecería de atractivo.
¿Para qué quieres gobernar si te vas a conformar tan sólo con tu sueldo? Máxime cuando es sabido que la mayoría de los políticos el sueldo lo destinan para darlo de domingo a los chavales. Dicen que lo bueno de un puesto público son los jugosos negocios o transas que se pueden hacer desde él. Si no, ¿para qué diablos servirían? Creo que la corrupción en nuestro medio ha alcanzado tal compenetración para con el alma nacional que desgracidamente puede considerarse parte de nuestra esencia. ¿Cómo exterminarla en estas condiciones? Tal parece que por la corrupción el porvenir de México se ve incierto.

Descanso para
Jesús Murillo Karam

Otra de las noticias de esta semana es la detención que hicieran las fuerzas federales del ex gobernador de facto del estado de Michoacán y lugares circunvecinos, Servando Gómez, alias 'La Tuta', uno de los fundadores y líderes máximos de las mafias denominadas 'La Familia Michoacana' y 'Los Caballeros Templarios', hecho que se da conjuntamente con la salida del licenciado Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República, lo cual para algunas personas resulta un poco desconcertante puesto que la detención de 'La Tuta'  vendría a ser la corona de una serie de importantes aprehensiones realizadas por el procurador Murillo Karam y su equipo.
Con esta captura se cierra un círculo negro de tráfico de drogas, asesinatos, secuestros, desapariciones y muchas tropelías que se estaban cometiendo en ese estado y zonas aledañas donde Gómez Martínez actuaba en una forma omnipotente, gobernando de hecho a su muy particular estilo delictivo. Elba Esther Gordillo, la 'Mamá Rosa', 'El Chapo' Guzmán, el clan de 'Los Abarca' y otros, fueron de las más relevantes capturas realizadas por el licenciado Murillo Karam y su equipo de trabajo.
Como todo hombre de acción, Murillo Karam fue duramente criticado, a mi juicio en forma injusta, por lo que su figura sufrió un gran desgaste y estimo que su persona también, razón por la que, al parecer cansado por la ruda tarea que le encomendó el presidente Enrique Peña Nieto, se retira a pasar a un periodo de más tranquilidad en la Secretaría de Desarrollo Agrario y es que, no se puede funcionar toda la vida a ese ritmo. A últimas fechas era evidente el cansancio que lo agobiaba.
De tanto funcionar, ya no funcionaba pero no cabe duda que realizó una de las labores más brillantes que hubiera desempeñado procurador alguno en la historia del país. Al parecer será sustituido por la licenciada Arely Gómez González, de marcada filiación panista y que ha solicitado licencia para retirarse de su escaño en el Senado de la República. Suerte Arely, aunque creo que va a necesitar más que eso.