Luis Javier Valero
Analista político
Negros nubarrones se ciernen sobre Chihuahua. Los conflictos sociales y políticos, y el entorno criminal existente, agudizados en los últimos días, básicamente a partir de la hiperreactividad gubernamental (los primeros) hacen necesario que en las más altas esferas del poder político aparezca un elemento que pareciera escapar a pasos acelerados: La mesura.
Tal cualidad es fundamental para afrontar la conducción de un gobierno en el México actual. En nada se parece al de hace dos o tres décadas, la sociedad mexicana en general y la chihuahuense en particular se han transformado profundamente y se han trocado en sociedades extremadamente diversas y plurales, amén de que la internet y las redes sociales han sustituido en gran medida a los medios de comunicación tradicionales, o, más bien, ante las carencias de estos, la gente los ha sustituido.
Así, el ocultamiento o el enmascaramiento de los hechos, incómodos para el poder político, poco le abona a la credibilidad ante la sociedad y echa por tierra las más exitosas campañas publicitarias gubernamentales.
Si hubiera un ejemplo que demostrara palmariamente tales asertos, sirva el del terrible atentado en contra del cantante Alfredo Olivas (“Alfredito”) y otras 3 personas en la noche del sábado en Parral.
Al día siguiente, con profusión, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la detención de tres jóvenes a los que responsabilizó de los hechos y envió a los medios de comunicación imágenes que, según esta versión, confirmaban la participación de los detenidos. El móvil, dijo la FGE, fueron los celos de los victimarios a causa de un coqueteo del cantante a una joven.
Sin embargo, el lunes, el padre de dos de los detenidos y un sinfín de jóvenes y maestros del colegio en el que estudian los dos hermanos detenidos, exigieron la liberación pues, sostuvieron, no fueron los autores.
La denuncia del padre aportaba datos estremecedores. Dijo que fueron detenidos alrededor de las 3 de la madrugada y que sólo pudieron acceder a ellos hasta después de las 3 de la tarde. Como los maestros de ambos, argumentó la buena conducta de los jóvenes. El lunes los vincularon a proceso. La duda estaba sembrada.
Ayer, el abogado defensor del tercer acusado difundió los resultados de las pruebas periciales practicadas al joven. Negativas al disparo de armas de fuego y las pistolas mostradas a los medios de comunicación como las autoras de los disparos resultaron, también, negativas a las huellas digitales de cualquiera. ¡No tenían! Y se sabe que igual ocurrió con las pruebas de los otros dos detenidos. Es en donde surgen las preguntas acerca de la adecuada operación gubernamental. Seguramente en horas de la madrugada, el Secretario de Gobierno Mario Trevizo, o el Gobernador Duarte, fueron informados de los hechos por el Fiscal General Jorge González Nicolás.
Se trataba de un hecho de sangre que les acarrearía innumerables críticas. A esas horas alguno de ellos ya estaba informado de las balaceras en Urique que llevaron a desistir de su participación a por lo menos dos centenas de corredores en una justa deportiva. ¿Por qué no dieron la indicación de que se les notificara a los padres de los jóvenes para que nombraran un abogado defensor, a la brevedad, para que estuviera presente en los interrogatorios y diligencias practicadas a los acusados?
¿Por qué no se le notificó a la Comisión de Derechos Humanos para que un funcionario atestiguara las diligencias, para que hubiera transparencia, para que las pruebas periciales se practicaran correctamente y que, por tanto, la acusación estuviera sustentada?
Nada de eso. Se hizo exactamente al contrario, como si en plena era de las redes sociales se pudieran esconder hechos tan dramáticos. La Fiscalía General Zona Sur exhibió sacos y chamarras de los jóvenes acusados para acreditar que habían disparado armas de fuego, pero nunca mostraron los documentos periciales que lo confirmaran. Ahora están sentados en un nuevo escándalo, de alcances nacionales.
Lo es más porque la actual administración estatal se ha arrogado la autoría de la disminución de los índices delictivos, en especial el de homicidios, a pesar de las voces críticas que han señalado como un error el lanzar al vuelo las campanas, como si tal situación no pudiera revertirse. Por una razón, la dinámica de los cárteles de la droga es ajena a los vaivenes gubernamentales, más en una zona que es, casi, paso obligado de la droga y otras mercancías y bienes entre nuestro país y los Estados Unidos.
Lo mismo ocurrió en el caso de la carrera. ¿Para qué negar los hechos? Al día siguiente nos topamos con vehículos y personas en su interior calcinados.
¡No pasa nada!
Aún más, crece la percepción que este atentado y la mayoría de las ejecuciones de las últimas semanas obedecen al recrudecimiento de la guerra de los cárteles en Chihuahua.
Bueno, pues el ocultamiento de esas informaciones y hechos genera desconfianza hacia el gobierno, porque miente y además, pone en riesgo la credibilidad de las instituciones encargadas de la aplicación de justicia.
La otra vertiente, ya abordada en este espacio, es el del modo en que la administración estatal afrontará a la oposición. Si lo va a hacer del modo con el que enfrentó a los integrantes de Unión Ciudadana, luego de boicotear el acto, mal nos irá, a todos, especialmente al gobierno, porque sus márgenes de credibilidad disminuyen agigantadamente.