MIRIAM A. ORNELAS
Ingeniera industrial y abogada
La confesión pública que hiciera el Fiscal General del Estado licenciado Jorge González Nicolás, en el sentido que la dependencia a su cargo se ve obligada a llegar a acuerdos extrajudiciales con los defensores de al menos mil doscientos acusados para que, a cambio de su confesión, se les permita tener acceso a sentencias que les dicten penalidades disminuidas es una clara prueba de que el actual sistema acusatorio, de moda en nuestro estado, ha colapsado estrepitosamente.
Este fracaso es más que evidente y se da en la víspera que dicho sistema de justicia criminal se ponga de moda en todo el país, lo que nos hace prever que mediante ese cambio nos encaminamos a que todo nuestro sistema de justicia criminal nacional sea un fiasco a mediano plazo, tal vez en unos tres años. Y es que el acceso a un procedimiento abreviado en beneficio de los delincuentes tiene su costo en el ablandamiento de todo el arsenal de penas que nuestra legislación ha endurecido para muchos delitos considerados de mediano y alto impacto, y puede llegar a la imposición de castigos ridículos en muchos de los casos. Eso será un retroceso en el trasiego de la impartición y procuración de justicia.
La acción se basa en el principio jurídico que nos dice “A confesión de parte, relevo de prueba” de cuño romanista ancestral que desde hace algunos 20 años había sido repudiado en el ámbito del derecho penal en México debido a que muchas de las confesiones de los acusados se obtenían y se siguen logrando a base de una alegada tortura, que en muchos casos fue más que evidente y que choca con los principios más elementales de una sana investigación policíaca.
Pero contra estas confesiones producto de la tortura también se emitieron acuerdos internacionales, como el Protocolo de Estambul y la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Tortura, que invalidaron de entrada el valor jurídico de este tipo de confesiones que, muchas de las veces, eran el único sustento de las acusaciones fincadas por los Agentes del Ministerio Publico. En estos casos no existía un trueque por una penalidad atenuada sino simple y sencillamente el proceso se derrumbaba por sus torturadas bases permitiendo la libertad absoluta de los indiciados atormentados.
En este sentido, el que se permita a la autoridad ministerial y judicial dulcificar la pena del acusado a cambio de su confesión, convierte de nuevo a la prueba confesional en la reina de las pruebas y simplifica, a un mínimo de complejidad, la terminación de un gran número de juicios que la fiscalía calcula en mil doscientos, lo que tendría como consecuencia conjurar la asfixia del aparato judicial, chihuahuense por ahora, pero en un futuro plenamente nacional.
Pero el hombre, y su sociedad, es el único animal que tropieza dos o más veces con la misma piedra y ante el fracaso del sistema penal acusatorio en Chihuahua, que a sabiendas se generaliza este proceso de corte anglosajón en toda la república sin que existan ni los medios, ni los recursos, ni el personal, ni la estructura, ni la mentalidad para llevarlo a cabo con mínimas probabilidades de éxito. Será solamente un fracasado show con su derrota anunciada, que en su derrumbe consumirá una gran cantidad de recursos del pueblo mexicano.
Nuestro país no tiene tanto dinero para derrocharlo en experimentos fallidos y menos cuando llegará el día en que delincuentes redomados, enemigos públicos número uno como Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, sean condenados a penas de cinco o menos años de prisión por toda su larga cadena de crímenes que sus duchos abogados defensores obstaculizarán en su etapa probatoria para negociar condenas atenuadas. Los procesos serán cansados y delirantes, suplicantes de una confesión válida sectorizada o segmentada. Esa será la futura estrategia de todos los defensores.
Cuando ahora los jueces de distrito no aciertan a juzgar unos trescientos procesos por año, llegará un momento en que no juzguen ni la mitad, tal vez mucho menos, y las transacciones de clemencia estarán a la orden del día exhibiendo a una sociedad y un sistema penal blandengue por antonomasia e incapacidad. Esa es la realidad que vive a diario nuestro rimbombante Fiscal General que se ve obligado a negociar grandes dosis de indulgencia y perdón a cambio de simplemente respirar. Más triste no puede ser. Perdón en vez de tortura. ¡Válgame Dios!