Sergio Sarmiento
Analista político y periodista
Distrito Federal— Cada vez que la clase política decreta un nuevo “derecho humano”, los mexicanos tenemos razones para temblar. Los derechos a la tierra, a un salario remunerador, a la salud o a la vivienda, hoy en la Constitución sólo han servido para enriquecer a algunos políticos o para generar burocracias y evitar que estos bienes se vuelvan accesibles.
El gran riesgo es que lo mismo ocurra con el agua. Ya diputados y senadores inventaron en 2012 un nuevo derecho al modificar el artículo cuarto de la Constitución para hacerlo decir: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. La nueva Ley General de Aguas busca ahora aterrizar este derecho.
La iniciativa legislativa se presentó a la Cámara de Diputados el martes 3 de marzo a las 10 de la noche, según la diputada perredista Aleida Alavez, para que se discutiera en comisiones el miércoles a las 11 de la mañana. Con justa razón los diputados del PRD y de Morena abandonaron las comisiones en protesta. Un tema tan importante no puede ser nada más palomeado.
El debate de fondo es el papel de la iniciativa privada en la extracción, traslado, purificación, distribución, drenaje y tratamiento del agua. Los partidos de izquierda afirman que la iniciativa busca “privatizar” el líquido ya que permite la concesión de estos servicios a empresas privadas. El PRD y Morena preferirían que todos los servicios fueran controlados directamente por monopolios gubernamentales.
La experiencia en México y el mundo sugiere, sin embargo, que los monopolios gubernamentales sólo garantizan la creación de burocracias y sindicatos poderosos pero no de servicios más eficientes. Quizá esto busca la izquierda: tener una CNTE o una CETEG en todo organismo de agua en el país. Yo pienso, en cambio, que la nueva legislación debe generar los mejores servicios posibles. Contar con un sistema en que empresas especializadas compitan licitando los mejores precios y servicios es más sensato que crear nuevos monopolios.
La iniciativa de ley y la izquierda coinciden en mantener la actual prohibición a la propiedad privada del agua ya que ninguna pretende modificar el artículo 27 de la Constitución que le da este derecho sólo a la nación. Sin embargo, el PRD y Morena sí quieren que las comunidades indígenas gocen de propiedad privada de las aguas. La izquierda acepta que el gobierno federal pueda tomar toda el agua del país para propósitos de utilidad pública, pero no la de territorios indígenas, donde las comunidades mantendrían siempre derechos plenos de propiedad. En realidad ésta es la única propuesta de privatización que he visto en el actual debate.
Yo coincido parcialmente con la izquierda: también estoy a favor de la privatización de las aguas nacionales, que la iniciativa no contempla, pero no sólo para las comunidades indígenas sino para todos los mexicanos en igualdad. Si cada individuo fuera dueño del agua en sus terrenos se generaría un mercado que garantizaría una mayor disponibilidad a mejores precios.
Pero como ningún político se atreve a enmendar el artículo 27 para privatizar el agua, lo mejor es que la Ley General genere procedimientos e instituciones más eficientes.
El agua es tan importante que no se debe entregar a los políticos para que la administren en régimen de monopolio bajo criterios populistas. Si bien el daño mayor ya se ha causado al declararla un derecho constitucional, lo cual significa que no se podrá cortar el servicio a quien no lo pague y obligará a los cumplidos a subsidiar a los morosos, la nueva Ley General debe cuando menos asegurar un mejor manejo del agua para todos.
Pipas y botellas
Las supuestas medidas para evitar la privatización terminan siempre por privatizar de la manera más injusta. Bajo un monopolio ineficiente los pobres pagan más por el agua ya que tienen que comprarla en pipas, garrafones o botellas.