Francisco Ortiz Bello
Analista político
La veda electoral entrará en vigor el próximo miércoles 31 de marzo y consiste en que, a partir de las cero horas con un segundo, de ese día, ningún funcionario o servidor público de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, o de cualquiera de los tres poderes de la Unión, puede hacer manifestación pública alguna relacionada con el tema de las campañas, los partidos o los programas de gobierno aplicados a la sociedad.
Pero ¿en qué consiste esto y de qué se trata realmente? En realidad el periodo de la veda electoral son los días que quedan intermedios entre la terminación de las campañas y el día de la jornada electoral. Equivocadamente se ha aplicado el término a la prohibición, expresa en la Ley, que tienen los gobiernos y sus funcionarios, para promover, difundir o publicitar sus programas u obras, así como su imagen, nombre y funciones, con el fin de evitar que influyan en el comportamiento de los electores.
Es decir, de acuerdo con el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que señala: “El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales”, la veda electoral aplica sólo los días 4, 5 y 6 de junio, y se refiere sólo a los candidatos o partidos políticos.
Realmente, lo que la gente identifica como veda electoral aplicada a funcionarios y servidores públicos, es una prohibición permanente durante las campañas electorales, para evitar el desvío de recursos materiales, humanos y financieros en favor de partidos políticos o candidatos, y con esto desequilibrar dichos procesos favoreciendo indebidamente a determinados institutos políticos o aspirantes, con anuncios o presentaciones públicas que pudieran constituirse en abierta promoción electoral a candidatos de sus partidos políticos.
En el caso del proceso federal que hoy nos ocupa, dicha prohibición –que no veda– inicia el martes 31 de marzo y concluye el domingo 7 de junio del presente año, así que habrá que distinguir un término del otro, para evitar confusiones. Sin embargo, luego de algunos procesos anteriores en donde ya se vislumbraron este tipo de prohibiciones, ha resultado evidente que no tienen ninguna utilidad práctica o real porque, a pesar de las mismas, los funcionarios que han querido burlar la Ley lo han hecho sin mayores consecuencias.
Por otro lado, resulta bastante cuestionable ese espíritu de la Ley de coaccionar para evitar que un funcionario determinado no use en favor de su partido político o candidato recursos públicos que deben tener otro fin, porque eso debiera darse por descontado. Pero más aún, el evitar que se den a conocer o se ejecuten programas de asistencia social, por ejemplo, equivale a paralizar la actividad de gobierno alegando una supuesta inequidad electoral, lo cual me parece muy cuestionable.
Los partidos políticos se conforman en torno a una ideología y principios, en busca del poder. El ejercicio del gobierno, y del poder en consecuencia, es inherente pues a la actividad de los partidos políticos, y por tanto representan el principal activo de estos últimos a la hora de buscar el voto o las simpatías de los ciudadanos.
Así pues, resulta ilógico y hasta absurdo, creer que la gente no recordará lo que hizo tal o cual partido político en el gobierno, sea bueno o malo, tan sólo porque no lo podrá decir durante el curso de una campaña política.
Quizás ese sea ese el pendiente más grande de la democracia mexicana, el principio de normatividad y vigilancia del cual se parte es el de la desconfianza. Es decir, de entrada, se presume que como todos los partidos políticos y quienes los conforman son capaces de desviar fondos públicos para causas electoreras, se les prohíbe explícitamente en la Ley hacerlo. Como desconfío, te cuido y te lo prohíbo.
En democracias avanzadas y perfeccionadas, por el contrario, se parte del principio de la confianza en el que los funcionarios de gobierno pueden seguir trabajando de manera normal, ya que su labor por ser de naturaleza pública beneficia a la comunidad. Incluso, como en EU, el propio presidente de ese país puede ser presidente y andar en plena campaña electoral.
Adicionalmente a esto, resulta por lo menos irrisorio pensar que la gente olvidará las montañas de anuncios que se están dando en estas fechas, por parte de todos los niveles de gobierno. Desde grandes inversiones, programas de empleo, conciertos gratuitos, hasta grandes acuerdos de beneficio para los chihuahuenses, y un largo etcétera de anuncios que, casualmente, se han venido dando desde hace una par de semanas. Justo a escasos días de que inicie el proceso de las campañas.